EscucharLa presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo el 12 de junio que en Nicaragua los ciudadanos tienen “la forma de gobierno que han elegido tener”. La afirmación generó una ola de críticas de activistas, opositores en el exilio y expresidentes costarricenses. Pero más allá de la polémica política, hay una pregunta concreta que vale la pena responder con datos: ¿es eso lo que registran los informes internacionales?
Elecciones de 2021 en Nicaragua: El proceso que consolidó el régimen de Daniel Ortega
Las últimas elecciones presidenciales de Nicaragua se celebraron el 7 de noviembre de 2021. Daniel Ortega obtuvo oficialmente el 75,9% de los votos. Pero el proceso que llevó a ese resultado tuvo características que lo distinguen de una elección competitiva.
Entre mayo y noviembre de ese año, las autoridades nicaragüenses encarcelaron a siete precandidatos presidenciales y a unos 40 líderes de la oposición, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos. El Consejo Supremo Electoral —controlado por el partido gobernante— revocó la personería jurídica de todos los partidos de oposición independientes antes de la fecha del comicio. Se aprobaron varias leyes que restringieron el espacio político y penalizaron la crítica al gobierno.
El día de la votación, organizaciones de la sociedad civil documentaron una abstención real cercana al 81,5%, frente al 34,77% que reportó el gobierno. Se registraron 285 actos de violencia política y coacción, incluyendo intimidación a empleados públicos y personal de salud. Se impidió el ingreso de siete medios internacionales para cubrir el proceso.
La respuesta internacional al proceso electoral
La reacción de la comunidad internacional fue amplia y consistente.
IDEA Internacional, junto al Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas y la Universidad Católica Andrés Bello, publicaron un informe conjunto que calificó el proceso como “ilegal y fraudulento” y concluyó que no reflejó la voluntad popular.
La Asamblea General de la OEA aprobó en noviembre de 2021 una resolución que declaró que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y carecen de legitimidad democrática”. Dos meses después, Nicaragua anunció su retiro del organismo.
El Parlamento Europeo aprobó el 16 de diciembre de 2021 una resolución en la que “condena la farsa electoral orquestada por el régimen de Ortega-Murillo” y rechaza explícitamente “la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones”. Más de 40 países se negaron a reconocer el resultado como legítimo. Estados Unidos calificó el proceso de “pantomima”.
Qué dicen los índices internacionales
Los principales sistemas de medición democrática ubican a Nicaragua de manera consistente entre los regímenes más cerrados del mundo.
Freedom House (2025): Otorga a Nicaragua 14 puntos sobre 100 y la clasifica como “No libre”. En la categoría de proceso electoral, la puntuación es cero. En 2017 Nicaragua tenía 47 puntos; la caída de 33 puntos en ocho años es la más pronunciada de América Latina.
The Economist Intelligence Unit (2024): Ubica a Nicaragua en el puesto 150 de 167 países, con una puntuación de 2,0 sobre 10, en la categoría de “régimen autoritario”. Costa Rica ocupa el puesto 17, con 8,9 puntos, clasificada como “democracia plena”.
Instituto V-Dem (Universidad de Gotemburgo, 2025): Nicaragua figura entre los países con el proceso de autocratización más acelerado de las últimas dos décadas. El informe es producido por un consorcio académico independiente que mide más de 400 indicadores políticos en 179 países.
Lo que documentó la ONU
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha publicado tres informes que profundizan el diagnóstico:
- Marzo 2023: Concluyó que Ortega, Murillo y altos funcionarios “han cometido y siguen cometiendo graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos” que constituyen crímenes de lesa humanidad.
- Febrero 2024: Documentó el destierro y la desnacionalización de 317 nicaragüenses como parte de un patrón represivo sistemático. Determinó que la represión busca “eliminar todas las voces críticas y disuadir a largo plazo cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”.
- Abril 2025: Identificó nominalmente a 54 funcionarios del gobierno, las fuerzas armadas y el partido gobernante como responsables de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y despojo de nacionalidad.
La situación posterior a las elecciones
Desde 2021 el espacio político se fue reduciendo aún más.
En materia de presos políticos, Nicaragua cerró 2023 con 119 personas privadas de libertad por razones políticas, incluyendo dos obispos, tres seminaristas y 13 sacerdotes. En septiembre de 2024, el régimen expulsó a 135 presos políticos a Guatemala, despojándolos de su nacionalidad. En marzo de 2025 el número había subido nuevamente a 52 presos, con 13 en situación de desaparición forzada. Más de 450 personas han sido privadas de su nacionalidad nicaragüense desde 2023. Más de 873.000 nicaragüenses han emigrado forzosamente desde 2018.
En enero de 2025 entró en vigencia una nueva Constitución que modifica el 93,4% del texto original. La reforma elimina formalmente la separación de poderes —los órganos legislativo, judicial y electoral quedan subordinados a la Presidencia—, crea la figura de copresidencia para Rosario Murillo, esposa de Ortega, y amplía el mandato presidencial a seis años con efecto retroactivo. El Parlamento Europeo, en una resolución de febrero de 2025, instó a la Unión Europea a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con Centroamérica e instó a sus países miembros a denunciar al régimen ante la Corte Penal Internacional.
La pregunta inicial
Los hechos registrados permiten responder la pregunta de partida con precisión. Los nicaragüenses no participaron en un proceso electoral con candidatos de oposición en 2021: todos fueron encarcelados antes de los comicios. No existen partidos de oposición legalmente inscritos desde que el Consejo Electoral sandinista los canceló. La nueva Constitución, vigente desde 2025, elimina los contrapesos institucionales que harían posible un cambio de gobierno por la vía electoral.
Eso es lo que consignan los informes de Freedom House, el EIU, V-Dem, la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo. Son siete organismos con metodologías distintas e independientes entre sí, y sus conclusiones apuntan en la misma dirección.
