La presidenta de la República, Laura Fernández, acudió este lunes 27 de julio a la Asamblea Legislativa para presentar seis proyectos de ley en materia de seguridad.
Las iniciativas conforman un segundo paquete de reformas con el que el Poder Ejecutivo busca, según la mandataria, “introducir eficiencia” en procesos judiciales.
Audiencia previa al juicio
El Gobierno propone reformar la Ley N.° 7594 para sustituir la audiencia preliminar por una audiencia previa al juicio.
Según Fernández, la audiencia preliminar contemplada en el Código Procesal Penal genera retrasos sin aportar garantías adicionales al proceso.
La propuesta fusiona esa etapa con una audiencia previa ante el Tribunal de Juicio, el mismo órgano que conocerá el debate. Con ello, se pretende reducir los tiempos de tramitación, disminuir costos y fortalecer el principio de justicia pronta y cumplida.
Una vez presentada la acusación y rendida la declaración del imputado, el Tribunal de Juicio dispondrá de 48 horas para convocar la audiencia, la cual deberá celebrarse, como máximo, un mes después.
La reforma plantea:
- Suprimir una etapa procesal considerada innecesaria.
- Eliminar la duplicidad de controles.
- Concentrar la prueba en una sola audiencia.
- Garantizar que la audiencia se realice dentro del mes siguiente al ingreso de la causa.
La mandataria aseguró que la iniciativa no afecta el derecho de defensa del imputado, ya que este conocerá la acusación y la prueba con un mes de anticipación. Además, sostuvo que no implica gastos adicionales para el Poder Judicial y, por el contrario, reduciría los costos asociados con notificaciones, señalamientos y reprogramaciones de audiencias.
Reforma al artículo 32 de la Constitución Política
“La nacionalidad costarricense es un derecho y un orgullo para millones de ciudadanos honestos, no un escudo para miembros de organizaciones criminales transnacionales. Por eso ampliaremos las causales de extradición para delitos graves mediante una reforma al artículo 32 de la Constitución”, afirmó Fernández.
La propuesta incorpora como delitos extraditables:
- Tráfico internacional de drogas.
- Legitimación de capitales.
- Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
- Tráfico ilícito de armas.
- Tráfico ilícito de órganos, tejidos y células madre.
- Sicariato y homicidios vinculados con organizaciones criminales.
- Participación en organizaciones criminales transnacionales.
- Cibercrimen, ciberterrorismo y ciberfraude que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado.
Fernández aclaró que la reforma no establece una extradición automática ni generalizada. La medida solo procederá mediante resolución firme de los tribunales y cuando el hecho constituya delito tanto en Costa Rica como en el país que solicita la extradición.
La iniciativa será presentada formalmente hasta el lunes 3 de agosto, debido a que el procedimiento legislativo impide tramitar reformas constitucionales durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal
El proyecto busca sustituir medidas consideradas permisivas, como la obligación de firmar periódicamente, para que todas las personas que accedan a un régimen de confianza utilicen dispositivos de monitoreo electrónico.
El objetivo es facilitar su ubicación y permitir una respuesta policial más rápida en caso de incumplimientos.
Solo podrán acceder a este régimen quienes, de acuerdo con requisitos técnicos, no representes un riesgo para la seguridad.
El monitoreo permitirá verificar:
- Permanencia en lugares autorizados.
- Cumplimiento de horarios.
- Desplazamientos permitidos.
- Restricciones y obligaciones impuestas.
- Cualquier otra condición fijada por la autoridad competente.
Ley para penalizar la explotación minera ilegal
La iniciativa endurece las penas de prisión por la explotación, organización y promoción de actividades mineras ilegales en parques nacionales, reservas naturales, humedales y otras áreas silvestres protegidas.
También incrementa las sanciones para quienes exploten, extraigan o procesen recursos minerales sin contar con el permiso o la concesión correspondiente.
Según Fernández, las penas pasarían “de tres meses a cinco años; a seis y diez años”, dependiendo de la conducta sancionada.
Además, el proyecto aumenta las penas para quienes financien, promuevan u obtengan beneficios de actividades de reconocimiento, exploración, explotación, extracción, procesamiento, transporte, comercialización o aprovechamiento ilegal de recursos minerales.
La propuesta también faculta a las autoridades para ordenar el decomiso de maquinaria, equipos, instrumentos, minerales, dinero y otros bienes utilizados en la explotación ilegal.
Asimismo, eleva las penas por usurpar un inmueble privado con el fin de explotar recursos minerales sin el respectivo título habilitante.
Otra de las medidas incorpora la inmovilización registral provisional de fincas vinculadas con actividades mineras no autorizadas. El procedimiento para imponer o levantar esa medida quedará definido por la autoridad competente.
Ley de monitoreo electrónico por apremio corporal
El proyecto crea un marco legal para permitir el uso de monitoreo electrónico en personas sujetas a apremio corporal por incumplimiento del pago de pensiones alimentarias.
La intención es que puedan continuar desarrollando actividades laborales o económicas para generar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones y proteger el derecho de las personas beneficiarias.
La iniciativa busca equilibrar:
- El interés superior de las personas menores de edad.
- El derecho a recibir alimentos.
- El derecho al trabajo de la persona obligada.
Además, se fundamenta en principios constitucionales de protección a la familia, la niñez y el trabajo.
Quedarán excluidas de este beneficio las personas vinculadas con:
- Delincuencia organizada.
- Delitos sexuales contra personas menores de edad.
- Narcotráfico y legitimación de capitales.
- Antecedentes relevantes por violencia doméstica o violencia contra las mujeres.
- Casos en los que exista riesgo de incumplimiento.
- Personas sin domicilio fijo o sin condiciones que permitan garantizar el seguimiento.
El beneficio se perderá cuando la persona deje de pagar la pensión alimentaria durante más de un mes. En ese caso, el juez podrá revocar la medida.
Proyecto sobre rangos policiales
La iniciativa sustituye la nomenclatura actual de los grados policiales por una denominación tradicional utilizada anteriormente en Costa Rica.
Según el Gobierno, los cuerpos policiales requieren estructuras de mando sólidas que fortalezcan la disciplina, la cadena de mando, la autoridad institucional y el sentido de pertenencia de sus integrantes.
El cambio de nomenclatura no modifica la naturaleza civil de la Fuerza Pública ni sus competencias legales.
Los oficiales superiores pasarían a denominarse:
- Coronel de Policía.
- Teniente coronel de Policía.
- Mayor de Policía.
Los oficiales ejecutivos serían:
- Capitán de Policía.
- Teniente de Policía.
- Subteniente de Policía.
La escala básica quedaría integrada por:
- Sargento de Policía.
- Cabo de Policía.
- Policía raso.
Para aplicar esta estructura se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Los directores de cuerpos policiales deberán ostentar, como mínimo, el grado de teniente coronel de Policía.
- Los subdirectores deberán tener, al menos, el grado de mayor de Policía.
- Los directores y subdirectores continuarán siendo de libre nombramiento y remoción por parte del ministro competente.
- Se creará un escalafón para oficiales superiores que servirá de base para designar directores y subdirectores generales y regionales. Para optar por esos cargos se requerirá un título universitario en un área afín y al menos 15 años de experiencia.
- El grado de subteniente de Policía se obtendrá mediante concurso de oposición.
- Se exigirá bachillerato en educación secundaria y la aprobación del curso para oficiales ejecutivos de la Academia Nacional de Policía.
- Los ascensos se realizarán mediante concursos internos, con base en la capacitación, el tiempo de servicio y el mérito.
Fernández adelantó que el Ejecutivo prepara un tercer paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, el cual incluirá una reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
