Aumentar la inversión extranjera en Costa Rica es un reto ineludible para el Gobierno, que durante su más reciente gira por los Estados Unidos, pretende atraer nuevas inversiones y posicionar al país como un destino estratégico entre las empresas que buscan sede para sus operaciones en la región centroamericana.
Indudablemente, nuestro país cuenta con las herramientas necesarias para cumplir con estas metas: la seguridad jurídica, la Ley de Zonas Francas y sus reformas para aumentar la inversión fuera de la Gran Área Metropolitana; pero principalmente, la calidad de un capital humano.
No obstante, estamos en el momento oportuno para preguntarnos, ¿qué debe mejorar el país para aumentar la competitividad y la atracción de inversión?
Si bien se ha ganado terreno en la calidad en la formación de su capital humano, lo que se traduce en menores costos de capacitación para las empresas, hay importantes áreas de mejora en los modelos de empleo privado.
Como Estado, tenemos la obligación de entender cuáles son las necesidades de los inversores, sus requisitos en materia de capital humano y cómo responder de manera oportuna para promover nuevas y mejores inversiones.
A pesar de que en ocasiones han sido calificadas como restrictivas, las leyes laborales nacionales son idóneas para la atracción de inversión extranjera. Debemos modificar esa negativa percepción, de cara a los nuevos procesos de promoción del país.
Es fundamental reconocer que en los últimos años, los tribunales laborales y el Ministerio de Trabajo han realizado esfuerzos para ser flexibles ante los requerimientos de empresas internacionales, en completo apego y respeto a los parámetros establecidos en el Código de Trabajo.
Temas específicos como las jornadas 4x3 para la distribución de los tiempos de trabajo (laborar 4 días 12 horas continuas y descansar 3), y el teletrabajo ya cuentan con el apoyo y la aprobación institucional, con el objetivo de adaptarse a las nuevas tendencias y políticas de los inversores.
Esto ha significado también múltiples beneficios para el capital humano costarricense, y para las empresas internacionales que se benefician de estos sistemas.
Aunque el Ministerio de Trabajo y los tribunales han dado ya señales positivas hacia este cambio, es fundamental que dichas entidades profundicen en el conocimiento de estas políticas laborales y las ajusten a nuestros estándares laborales. Desde la primera de ellas resulta clave iniciar un estudio detallado de las empresas que queremos en el país para conocer sus necesidades y, sin irrespetar nuestras leyes, ofrecerles un clima ideal para desarrollar sus operaciones.
Asimismo, es fundamental la capacitación para las empresas en relación con la normativa.
Quienes operarán en el país, o tienen intención de hacerlo, deben conocer cómo funciona nuestro Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, sus instituciones, y los Tribunales de Justicia, para determinar qué se puede y qué no se puede hacer. Es responsabilidad del Gobierno potenciar lo que hoy ofrece en esta materia.
Las empresas con interés de invertir en el país deben buscar la asesoría legal adecuada para conocer las normativas costarricenses, que abarcan desde las relaciones con los empleados hasta los vínculos con entidades afines al tema laboral como la Caja Costarricense de Seguro Social.
La atención que se brinde a estos aspectos y el accionar adecuado y congruente con los objetivos del país nos permitirán reforzar el posicionamiento de Costa Rica como destino de inversiones y obtener un resultado más positivo en generación de empleo, uno de los temas que más preocupan a los costarricenses.
