Por: Laura Ávila.   29 noviembre
A lo largo de dos horas las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo expusieron los desafíos que enfrenta el sector de infraestructura. Foto: John Durán
A lo largo de dos horas las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo expusieron los desafíos que enfrenta el sector de infraestructura. Foto: John Durán

A pocas semanas para que finalice un año en el que la producción podría crecer cerca del 2% los actores políticos depositan sus esperanzas en lograr mayor inversión para mover la producción nacional.

Esta fue una de las conclusiones a la que llegaron Carlos Alvarado, presidente de la República, y Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del Congreso durante el foro Movamos Costa Rica: Elementos de una Política de Estado para el Desarrollo de Infraestructura.

La actividad fue presentada por la empresa H Solís y fue organizada por La Nación.

EF recopiló 10 desafíos para mejorar la competitividad y reactivar el sector construcción que experimenta su décimo mes en números negativos, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Apelaciones y expropiaciones

Este es uno de los principales lastres, las apelaciones se contemplan como el derecho a recurrir que tienen los participantes de un cartel de licitación. No obstante, se ha convertido en un incentivo para entrabar el avance de la infraestructura.

“Había prevalecido un fallo constitucional que decía que generar un costo por meter ese recurso era violatorio del derecho de recurrir. Si uno lo ve desde el punto de vista de cuáles son los derechos que están en juego, está el derecho de recurrir pero también está el interés público de una gran mayoría”, manifestó Carlos Alvarado, presidente de la República.

Un apartado para sancionar las apelaciones abusivas está contenido en el Proyecto Ley General de la Contratación Pública (21.546) que ya está en discusión en la Asamblea Legislativa.

Los montos de las multas oscilarían entre el 0,5% y el 1% del monto del umbral de la licitación mayor o menor, y estas serían impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) o la Administración.

“Debería de existir algún tipo de penalidad más fuerte cuando se trata de empresas que evidentemente están apelando por deporte”, manifestó Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso y diputado del PLN.

En cuanto a las expropiaciones, Benavides considera “inexplicable” que el país contabilice diversas reformas a la Ley de Expropiaciones (7.495) y que no haya un avance sustantivo. Sobre este tema manifestó su voluntad para hacer nuevas modificaciones en caso de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lo requiera.

Planes maestros deben definir ruta de aeropuertos

El camino que seguirá el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el futuro aeropuerto de Orotina deberán estar definidos por un plan maestro, de acuerdo al presidente de la República.

Alvarado comentó que para tener éxito en el desarrollo de infraestructura primero debe estar la técnica (planificación, preinversión, estudios) antes que la política.

Los planes maestros deben de contemplar las necesidades del país, los temas técnicos (aspectos climatológicos), la demanda y la ubicación geográfica de las obras.

Preinversión, un aspecto vital

En el país existen obras a las que se les han dado orden de inicio y que no cuentan con estudios, situación que encarece y retrasa el avance de los proyectos, dijo Alvarado.

Para eso se creó el Fondo de Preinversión, un instrumento financiero adscrito al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) que pretende facilitar recursos a las instituciones del sector público y privado para elaborar estudios de preinversión.

Más financiamiento para gestión del agua

Se requiere de mayor financiamiento para la gestión del agua, según el presidente de la República. Costa Rica tiene un lastre histórico en la cobertura del alcantarillado sanitario y solo tiene capacidad para tratar el 15% de las aguas residuales.

En este momento el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) enfrenta una encrucijada para concluir el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (PMAAMsj), ya que los estudios no contemplaron la magnitud ni el alcance real de las obras.

El dinero presupuestado solo alcanzó para concluir el 80% de las obras y el 20% restante le costará al país $172,7 millones.

Plan de inversión al 2050

Un plan –similar al Plan Nacional de Descarbonización– para propiciar la inversión y trazar la ruta a seguir hacia el año 2050 es una de las aspiraciones que tiene el Poder Ejecutivo en este momento. El proyecto se realizaría en conjunto con el Mideplan.

“Es para generar una proyección de planificación y de ordenamiento para el 2050, proyectando hacia dónde queremos llevar a Costa Rica”, agregó Alvarado.

Remozar el CNC

Hacer una revisión del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) es otra de las tareas pendientes, a criterio del presidente del Congreso.

Para Benavides se debe revisar a fondo las potestades de la institución así como su personal. Desde 1998 Costa Rica cuenta con la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos (7.762), no obstante la figura ha dado muy pocos frutos.

El Ejecutivo plantea un proyecto para que los inversionistas puedan hacer propuestas al CNC con el objetivo de que el país tenga un mejor perfil de desarrollo, el mandatario aseguró que esta iniciativa se dará a conocer en el 2020.

Mejor administración institucional

Si las instituciones no son capaces de tener una buena administración no podrán impulsar la obra pública, considera Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transporte; quien participó como invitado del foro.

Que los funcionarios públicos sientan respaldo y confíen en la visión de desarrollo, será fundamental para que realicen sus funciones de manera eficiente y contribuyan con las transformaciones institucionales.

Transición de impuestos de combustibles fósiles a energías renovables

Si el país desea apuntar hacia una economía descarbonizada debe replantearse los ingresos que le deja el el Impuesto Único a los Combustibles que en el 2018 dejó por ¢517.665 millones al Ministerio de Hacienda.

Actualmente dicha cartera, el Mideplan y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) elaboran una hoja de ruta para crear instrumentos fiscales que vayan en sintonía con el medio ambiente.

Más APP

Otro de los retos para dinamizar la inversión en el país es explotar la figura de las Alianzas Públicos Privadas (APP), para que exista inversión de ambos sectores, según Benavides.

En julio anterior el Ejecutivo firmó la Ley de Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Alianzas entre el Sector Público y Privado (9701) para mejorar la gestión y el desarrollo de la infraestructura pública.