¡Me la aplicaron! Así es, el mes pasado sí que me excedí en el uso de datos de Internet móvil: utilicé Waze para cualquier dirección, bajé documentales en YouTube para escuchar en las presas, escuché música en Spotify de manera ilimitada, chateé sin medida por WhatsApp, navegué como si no hubiera mañana en Facebook e Instagram. ¿Y adivinen qué? Así es, el fantasma del uso justo de Internet me alcanzó.
Me debato ahora en si presento un recurso de amparo para que la Sala Constitucional solucione mi déficit presupuestario para el Internet y le ordene a mi operador de telefonía celular que me subsidie el exceso en que incurrí; si me hago responsable y contrato datos adicionales, o bien, si me espero hasta que “la maría” vuelva a cero.
¿Qué opinan? Tal vez si la Sala IV me da la razón esta vez, el próximo mes pueda presentar otro amparo contra mi operador de tarjeta de crédito, pues como gasto más de lo que gano, con suerte y me ampare algún derecho fundamental. Total, hasta podría llegar a ser un buen negocio.
Aunque suene increíble, esa pareciera ser la forma de pensar de quienes reclaman contra la política de uso justo de Internet. Todos queremos tener acceso a la máxima velocidad, datos ilimitados y al mismo precio. ¡Qué paradoja!
Efectivamente, el acceso universal a Internet supone el derecho de que los Estados adopten medidas para que más personas se conecten. Esas acciones pueden ser tomadas gradualmente.
No obstante, como todo derecho social, la puesta en marcha de dichas medidas está supeditada a los recursos económicos y técnicos de cada Estado.
En este sentido, nuestro país es un caso de éxito en materia de disponibilidad, acceso y asequibilidad, pues de acuerdo con comparativas internacionales que ha recabado la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en su informe de estadísticas del sector de telecomunicaciones 2015, tenemos un 87% de penetración de acceso a Internet móvil, únicamente por debajo de potencias económicas, lo que demuestra que a nivel país y, por supuesto, a nivel de operadores, las cosas se han hecho muy bien y las obligaciones prestacionales y programáticas que impone el derecho de acceso a Internet están más que cumplidas.
Derechos
Ni el derecho fundamental a una vivienda digna me da derecho a exigir que los desarrolladores o el Estado me regalen una casa, ni el derecho fundamental al agua potable me da derecho a desperdiciarla, llenar todas las piscinas que quiera, interconectar a los vecinos y familiares de una misma paja y pretender pagar como si consumiera el mínimo.
Por su parte, en las autopistas de peaje hay distintas tarifas dependiendo de la clase de vehículo que se trate, si es carga liviana o pesada, así como también –al menos en otros lares– existen rutas rápidas por las se paga más.
No obstante, esa diferencia de precio de los peajes, como es lógico, no supone ninguna irregularidad.
Pues bien, de la misma forma, para garantizar el derecho de acceso a Internet (en redes móviles), además de la inversión constante en la ampliación y capacidad de las redes, es necesario aplicar medidas de gestión de tráfico para que todos los usuarios puedan acceder al servicio de forma equitativa, no discriminatoria y con la calidad asegurada.
De esa manera se resguardan los principios de solidaridad e igualdad, los cuales exigen que paguen más quienes más utilizan el servicio.
De otra forma, si se permite que las redes se congestionen, se afectará a la generalidad de los usuarios y por lo tanto –ahí sí– su derecho de acceso a Internet.
Por lo tanto, no es posible pretender que los operadores de telefonía celular, además de estar obligados por la ley a cofinanciar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), deban también, por cuenta propia, asegurar el uso discrecional y en muchos casos abusivo del servicio móvil por parte de ciertos usuarios que, como yo, gastan más de lo que pueden o quieren pagar, y pretenden, mediante el uso abusivo de su derecho, trasladarles sus cargas a los operadores.
