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Costa Rica arrastra desigualdades viejas y conocidas en el acceso a financiamiento de los partidos políticos.
Los diputados de al menos dos administraciones seguidas han contemplado el problema y jugado con él en las campaña s electorales en vez de ir a la guerra para combatir sus males.
El mecanismo que implementa el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por mandato del Código Electoral permite que unos partidos accedan a recursos (privados y públicos) y que otros no tengan fondos en una misma campaña.
Sobre la mesa está el aumento del anticipo de deuda política a un 50% del total, que en este momento es nulo para los partidos que se enfrentan en elecciones cantonales y de un 15% en las presidenciales y de diputados.
Los últimas dos legislaturas también han pateado la bola de las polémicas franjas gratuitas de publicidad en medios de comunicación y de la eliminación de los bonos de deuda.
Estos últimos permiten a los partidos ofrecer el dinero que todavía no tienen con base en las proyecciones de resultados que ofrecen las encuestas.
“Los partidos quedan a la suerte de lo que muestren las encuestas. Quien no tenga representación en ellas, no logrará acceder a recursos”, explicó Kevin Casas, exvicepresidente y uno de los autores del libro El costo de la democracia, ensayos sobre el financiamiento político en América Latina .
¿Por qué es importante?
El sistema de financiamiento estatal para partidos políticos terminó de demostrar sus yerros en la última campaña municipal.
Los partidos con menor acceso al financiamiento se quedaron rezagados en la carrera por lograr puestos políticos mientras las agrupaciones más grandes y con más dinero obtuvieron una representación amplia.
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Aunque no existe una relación de causalidad entre el dinero y el voto, los partidos que no tienen recursos no se logran publicitar y los que no se publicitan tienen menos posibilidades de ser reconocidos en las papeletas.
En las elecciones municipales el problema es más evidente porque los partidos no pueden optar por un adelanto de la deuda pública y quedan a la suerte de quien tenga a bien donarles dinero.
En este punto reside la mayor preocupación de los académicos y del TSE: si el financiamiento para hacer campaña es nulo, la tentación de aceptar dinero fuera de las estructuras y sin reportarlos ante el TSE es mayor.
Para el Tribunal, además, controlar el movimiento económico de los 60 partidos políticos es una misión imposible.
“Los controles legales sobre financiamiento rara vez llegan hasta el nivel local”, dijo Casas.
Es allí, en las bases más vulnerables, donde el Tribunal y los estudiosos del problema temen que se inserte el crimen organizado.
“En el ámbito local todavía hay más complicaciones para que el TSE tenga los mecanismos legales para vigilar”, opinó el analista político Rotsay Rosales.
La segunda respuesta es meramente económica: el sistema es muy oneroso.
La deuda que adquieren los partidos con los medios de comunicación o los bancos es pagada por el TSE con un año de dilación, cuando los intereses además han incrementado el monto inicial.
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Una historia sin final feliz
La historia de estos intentos de reforma es cíclica: la discusión se activa antes de elecciones (presidenciales o cantonales) y entra en coma cuando se apaga el furor electoral.
Sucedió con el proyecto que presentó el órgano electoral en el 2013 por medio de los diputados de Acción Ciudadana (PAC), Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y Frente Amplio (FA).
Luego de la polémica por las franjas gratuitas en los medios, el Congreso soltó la batuta.
“El Tribunal se quedó solo en la discusión”, alegó el letrado del TSE Juan Luis Rivera.
Este año, los congresistas prometen revivir el proyecto y que, ahora sí, el esfuerzo trascenderá a las elecciones. La razón para confiar en ello es que los partidos lo necesitan.
“Es urgente”, dijo el diputado de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, quien además preside la subcomisión que analiza la reforma electoral en la Asamblea Legislativa.
La propuesta de ley sobre la que están discutiendo es la misma, pero incluirán cambios sustanciales al documento inicial.
El texto, comentó Álvarez Desanti, podría incluir una línea de crédito abierta para que los partidos paguen su publicidad.
Con ello, los partidos no recibirían dinero en efectivo. “No podrían salir corriendo con el dinero”, dijo el diputado.
También pretende que el dinero que recibirán las agrupaciones luego de las elecciones se ajuste a la cantidad de votos recibidos: que cada marca en la papeleta a favor del partido le sume colones.
En este punto no están de acuerdo todas las fracciones de la comisión, dijo el diputado.
Sin embargo, en lo que sí están de acuerdo es en que la reforma es tan necesaria para los partidos ya formados como para los pequeños, dadas las deudas y los pocos activos con que cuentan las agrupaciones en este momento.
Los cuatro problemas generales
1. El adelanto de deuda es de solo un 15% para comicios nacionales y nulo para municipales. Esto deja en desventaja a unos.
2. Los certificados de sesión de deuda se entregan contra los números de las encuestas. El partido que no sale representado encuentra problemas para buscar financiamiento privado.
3. El acceso a los medios de comunicación es una transacción económica. El partido que no tiene dinero no puede acceder a ellos. La propuesta de crear franjas fue rechazada por medios y congresistas.
4. Faltan mecanismos de control que permitan al TSE vigilar más de cerca el funcionamiento de los partidos políticos cantonales.
Fuente TSE y analistas.
