Olvidarse de la tradicional calcomanía y que en su lugar se coloque una única etiqueta del derecho de circulación o chip, con un costo de ¢2.000 y con 10 años de vida útil. Ese es el objetivo del gobierno con el proyecto del marchamo digital.
La intención es identificar a los vehículos con ese chip y posteriormente remitir la información hacia un sistema informático centralizado. Los datos podrán ser leídos a distancia por los equipos especiales de la Policía del Tránsito.
En una segunda etapa, se prevé que este dispositivo agilice el tránsito durante las presas y realice algunas otras funciones, como abrir la aguja del peaje o permitir el ingreso a parqueos.
Esto será posible con la implementación de tecnología RFID, (Radio Frequency Identification por sus siglas en inglés). Es utilizada comúnmente en procesos de logística e inventarios, así como control de flotillas de vehículos.
Una vez cumplida la obligación del pago del marchamo, toda la información que en la actualidad figura en la tarjeta de papel, quedará almacenada en el chip, esto permitirá en un escenario probable, que las autoridades de tránsito puedan capturar los datos del marchamo escaneando el chip y conocer si el vehículo ya cumplió con el pago o no.
Expertos consultados por EF sobre este tema, señalaron que la propuesta del Ejecutivo, tal y como está planteada, podría representar riesgos para la información privada de los conductores.
“Aunque en este gobierno puedan existir buenas intenciones, una vez la infraestructura se encuentre instalada podrá ser utilizada por futuros gobernantes para conocer los trayectos, rutinas de traslado y ubicación de los costarricenses. Es una infraestructura que permitiría mejorar los servicios que brinda el Estado, sin embargo, debe analizarse si son proporcionales los beneficios con el impacto a la privacidad“, advirtió José Adalid Medrano, abogado experto en ciberseguridad.
Asimismo, ratificó que, aunque la información contenida en el chip no es sensible, funciona para hacer tratamientos y cotejarla con otra información que tiene el Estado sobre un ciudadano.
El gobierno utilizaría la tecnología RFID del chip para llevar un control de la actividad del tránsito, por lo que las autoridades deberán conocer la ubicación de todos los vehículos consultando el sistema informático central y determinar que zonas están más congestionadas.
Se esperaría que en el sistema informático se almacenará la ubicación en tiempo real de todos los vehículos, para este fin, una posibilidad es que instalen sensores en algunas zonas de la ciudad para poder identificar la cantidad de vehículos en un área específica.
“La tecnología del chip RFID sí cuenta con la capacidad para realizar un rastreo histórico de por dónde circuló un vehículo determinado. Todo va a depender de los datos personales que se vayan a recopilar y el uso que las autoridades le vayan a dar a esta iniciativa”, explicó Juan Esteban Durango, especialista en derecho digital de Ecija Legal Costa Rica.
De acuerdo con el criterio del jurista, se deberá esperar conocer el decreto y la licitación pública para tener mayores detalles técnicos y legales de la implementación, así como de los datos que se utilizarán.
Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros (INS) comunicóa que el chip no monitorea a los conductores, pues lo que se utilizaría son datos como la placa y el número de identificación de los vehículos, considerados como información pública.
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El sistema encripta esa data para integrarla y no puede ser leída por personas no autorizadas. No cuenta con sistema GPS ni con la capacidad de leer datos a largas distancias.
“Si bien es importarte que el país se modernice y utilice la tecnología a su alcance para mejorar su desarrollo, los ciudadanos deben ser vigilantes de las acciones gubernamentales o privadas que puedan amenazar su derecho a la intimidad”, indicó María Lucía Alvarado, gerente sénior de EY Law.
Puesta en marcha del marchamo digital
Por el momento, el INS informó que durante mayo iniciarán los procesos de dos licitaciones públicas que incluirán la compra de las etiquetas (adquisición de la tecnología de identificación por radio frecuencia) y el sistema integrador (adquisición de la plataforma tecnológica).
El proyecto representa una inversión cercana a los $10 millones para la compra de las etiquetas y el sistema integrador, indicó el INS ante una consulta de EF.
Si bien el marchamo digital se planteó para iniciar en noviembre de este año, su implementación dependerá de cómo marchen los procesos de contratación.
Además, las autoridades de gobierno indicaron que se declarará esta iniciativa como de interés público, con el objetivo de darle mayor celeridad a su discusión.
No obstante, el proyecto no aclara puntos de interés para los conductores, por ejemplo, si el chip estará vinculado a una cuenta bancaria, qué procedería si daña o se extravía por algún motivo, entre otros.
Como cada propuesta de ley, el marchamo digital deberá pasar a discusión en la Asamblea Legislativa.
