Ministerio de Justicia es impreciso en cómo se utilizó el dinero recaudado por impuesto a sociedades

Desde el 2012 y hasta el 2015 estuvo vigente el impuesto a las personas jurídicas creado por la Ley 9.024 que asignaba parte de su recaudación al Ministerio de Justicia, cartera que hoy carece de información detallada sobre cómo usó esos recursos.

La Sala IV declaró inconstitucional el impuesto.

La Ley era escueta en su redacción. Asignaba, de la recaudación total, un 95% al Ministerio de Seguridad Pública y el restante 5% a las arcas de Justicia, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

Pero, ¿qué hicieron esas instituciones con el dinero?

Dinero más, dinero menos

Consultadas ambas entidades sobre el detalle de inversión de los recursos, Seguridad fue claro en sus informes y brindó los pormenores del gasto.

Si bien en algunos años fue más preciso que en otros, la mayor parte del dinero pareciera haber tenido un fin en específico.

En Justicia, admiten que sus presupuestos, en los años de vigencia del tributo, no contaban con una línea de gasto que especificara el uso del dinero y esto imposibilitó conocer su ejecución.

El único rubro que quedó clarificado hace referencia al monto presupuestado a la Junta Administrativa del Registro Nacional –ente adjunto a Justicia– para la administración, disolución de sociedades y gestión de cobro, del tributo.

Alejandro Redondo, viceministro de Gestión Estratégica, fue enfático que Justicia sí tiene y tuvo claro que lo aportado por la Ley alimentó específicamente el Programa de Atención Penitenciaria (N°783) en partidas múltiples dentro de su presupuesto.

Es decir, fue utilizado tanto para el levantamiento de infraestructura como para mantenimiento de las edificaciones penitenciarias existentes.

Sin embargo, la institución no aportó documentación alguna que detallara el destino de lo asignado vía Presupuesto Nacional a la institución.

“Es que Hacienda lo mete en una bolsa de gasto, dentro de la ejecución de cada periodo está ese dinero incorporado. No va a encontrar una línea de gasto dentro del presupuesto que lo especifique, por que no funciona así; funciona como un todo”, explicó Redondo.

Lo que sí está claro es que unos ¢1.184 millones fueron presupuestados al Ministerio de Justicia y Paz en 2015 . Aunque su detalle de gasto se desconoce.

Justicia bajo lupa

Hoy, a escasos meses de la entrada en vigencia de una nueva Ley que persigue el mismo fin –la 9.428– la duda no se disipa.

Justicia tendrá nuevamente un 5% del total recaudado con ese concepto. En esta ocasión, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se sumará a la lista de beneficiarios.

A criterio de Redondo, para ese entonces ya se contarán con las “coletillas” (la asignación o detalle de gasto) que permitirán rastrear el dinero dentro del presupuesto de la institución, lo que facilitaría conocer el destino de gasto específico.

“Para esos años (los anteriores) las coletillas no existían. Pero Hacienda lo dejará en detalle dentro del presupuesto y se va a poder hacer así”, añadió el jerarca.

En el pasado, la distribución y recaudación del tributo no ha estado ajeno a las críticas.

En setiembre del 2016, Hacienda fue cuestionado por haber suministrado datos erróneos sobre la deuda acumulada en el cobro del impuesto a las sociedades.

La autoridad tributaria sobreestimó en más de ¢53.000 millones el dinero que el Gobierno recuperaría cobrando el tributo a personas jurídicas morosas.

A las críticas se unió la imagen de un Registro Nacional incapaz de cobrar a 270.000 sociedades morosas al alegar que no tenía dinero suficiente para publicar edictos en el diario oficial La Gaceta las advertencias de la disolución de estas.