La imposición de un arancel del 10% por parte de la administración de Donald Trump sobre Costa Rica impulsó a las autoridades nacionales a buscar activamente el diálogo. Esta iniciativa se concretó con la primera ronda de negociación con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
El objetivo de Costa Rica es uno: restablecer las condiciones de acceso a mercado previas a la política arancelaria de Trump. Es decir, que únicamente rija el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) que establece un gravamen del 0%.
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Pero, ¿qué se dará a cambio para lograr un acuerdo que elimine el arancel? Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex), indicó a EF que no adelantará criterio sobre las discusiones que iniciaron con Estados Unidos (EE. UU.) No obstante, USTR ya señaló las barreras que enfrenta en suelo costarricense, las cuales también recaen en temas políticos y técnicos no comerciales como licitaciones públicas y permisos fitosanitarios.
Comex trabajará en los puntos señalados por el gobierno estadounidense. Sin embargo, un exministro, un exgerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y un especialista en relaciones internacionales aseguran que la intención de Washington es política y escapa del campo de acción de Comex.
Lo que plantean los especialistas no es descabellado, ya que la política de Trump se concentra en fortalecer la economía de EE. UU. y debilitar a competidores fuertes como China.
Mientras tanto, las cámaras empresariales le bajan el tono a los posibles intereses políticos detrás de la negociación y se enfocan en el aspecto comercial que les beneficiará. De igual manera, todas las voces se refieren a supuestos y será hasta la resolución final donde se conozcan los alcances y el impacto real de lo negociado.
Interés de la negociación
Tovar prefiere no entrar en detalles sobre las áreas que se negocian en las discusiones. Aun así, la USTR indicó las seis áreas de dolor que incentivaron el gravamen del 10% sobre el país:
- Impuesto selectivo de consumo a las bebidas alcohólicas: Costa Rica aplica la tasa más alta a las bebidas que tienen más de un 30% de alcohol por volumen; la mayoría de estos productos de origen estadounidense sobrepasan ese porcentaje. Además, el producto extranjero debe pagar el impuesto antes de la salida de aduanas.
- Mercado de papas: las barreras fitosanitarias cerraron el mercado costarricense a la papa de EE. UU. desde el 2013, y solamente ingresan subproductos como los snacks. Solicitan la reapertura del mercado.
- Trámites fitosanitarios: la Casa Blanca reclama que el Ministerio de Agricultura (MAG) retrasa ocasionalmente “la emisión de permisos fitosanitarios de importación para productos sensibles durante períodos específicos”.
- Productos de origen animal: la regulación costarricense exige información que consideran irrelevante y que retrasa el ingreso a Costa Rica.
- Licitaciones públicas: las empresas privadas de EE. UU. reclaman que se encuentran en desventaja en estos procesos al competir con empresas estatales costarricenses.
- Registro de Propiedad Intelectual: Washington solicita que se publique el informe sobre el uso de software sin licencia por parte del gobierno de Costa Rica. La USTR indicó que “sigue instando a Costa Rica a reforzar la aplicación de la propiedad intelectual para frenar la piratería en línea, abordar los engorrosos procesos de medidas fronterizas para disuadir los productos falsificados y pirateados, y utilizar eficazmente la autoridad de oficio para la aplicación de la ley fronteriza”.
La administración Trump interpretó como arancel todo aquello que puede afectar los productos exportados por EE. UU. Sin embargo, las licitaciones, la propiedad intelectual y la tramitomanía escapan del ámbito arancelario y más bien ingresan a discusiones políticas.
“La administración Trump usa lo comercial como instrumento para negociar asuntos no comerciales, así que corresponde a Comex ‘frontear’ (enfrentar) las negociaciones”, comentó Alexander Mora, exministro de Comex en la administración Solís Rivera.
Costa Rica está en una posición de desventaja, ya que el mercado exportador depende principalmente de EE. UU., territorio al que se dirige el 47% de los envíos. Además, el 70% de la inversión extranjera directa que llegó al país en el 2024 fue de origen estadounidense.
Negociación política
De acuerdo con Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), Washington está buscando fortalecer a sus empresas por medio de beneficios adicionales que no se le dan al resto del mundo. “La administración Trump interpreta que cualquier asunto interno del país que afecta la competitividad de sus productos se refiere a un asunto de aranceles, pero esto es una decisión estrictamente política”, dijo.
Las negociaciones trascienden aspectos comerciales y caen en readecuaciones a políticas internas que maneja Costa Rica. La flexibilidad exclusiva hacia EE. UU. en temas de trámites, impuestos y contratos con el gobierno no solo da mayor músculo comercial al país norteamericano en suelo costarricense, sino que le da ventaja frente a competidores comerciales como China.
La tensión entre Pekín y Washington se intensificó con el regreso de Trump al poder. Si bien Costa Rica no ha mostrado una posición oficial sobre el enfrentamiento entre potencias, en febrero pasado el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó en Casa Presidencial que la soberanía económica y la seguridad de los países se ven “amenazadas” por las operaciones de ciertas empresas chinas que se instalan en el país.
Pedro Beirute, exgerente de Procomer, aseguró que las señales que ha enviado la administración Trump representan un riesgo no solo en la agenda comercial y económica del país, sino en la agenda política.
“Asumo que Comex va a recurrir al resto de la institucionalidad para valorar ese acuerdo. En ningún caso se puede comprometer el país a hacer algo que no tenga sustento legal”, indicó Beirute.
EF le consultó a Tovar qué posición tomaría el país si EE. UU. solicita algún tipo de distanciamiento con China. Sin embargo, el jerarca de Comex dijo que no se iba a referir a una “hipótesis”.
¿Qué ofrecerá Costa Rica?
Aún no se conoce qué tanto está dispuesto a ceder el país para restablecer el arancel. Faltan al menos dos reuniones preliminares con USTR.
La primera reunión se llevó a cabo el 15 y 16 de mayo y se notificó al país sobre esto cuatro días después. La cautela es una característica que imperará en esta negociación, según Tovar.
Las cámaras empresariales y productivas del país aseguraron que, aunque se dieron cuenta de la reunión días después, se mantienen en constante diálogo con las autoridades nacionales para buscar soluciones ante el tema del arancel punitivo.
“No se trata de ceder, se trata de demostrar con acciones y resultados el compromiso del país por la mejora continua, por disminuir trabas al comercio y fortalecer la competitividad y el desarrollo económico”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores (Cadexco), se unió a la posición de Capón y manifestó que el país puede trabajar en línea con las solicitudes de la USTR para concretar la negociación.
Las dos cámaras se desligan de la posibilidad de que Estados Unidos tenga intenciones políticas y se concentran en la normalización arancelaria que los impacta a nivel comercial.
