EscucharEl alto costo de las cargas sociales que enfrentan los patronos figura entre los factores que desincentivan la formalidad laboral en el país, según han advertido el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta presión abre una disyuntiva compleja: cómo incentivar la formalización sin comprometer el financiamiento de programas públicos que dependen de estas contribuciones.
En ese campo de análisis, la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolló el Modelo de Microsimulaciones de Impuestos y Transferencias para Costa Rica (CRIMod). Se trata de una herramienta que permite simular distintos escenarios de reformas fiscales —como reducciones en cargas o impuestos— y evaluar cómo compensarlos con otras fuentes de ingreso, sin desfinanciar programas sociales, así como estimar sus efectos fiscales y distributivos.
Una de las simulaciones plantea un ajuste significativo en las cargas patronales. En específico, la contribución equivalente a programas como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Popular podría reducirse del 7,25% al 2,25%, sin debilitar el financiamiento de estas entidades.
Para evitar una caída en los ingresos de estos programas, el modelo plantea dos rutas: elevar la carga del impuesto sobre la renta en los dos quintiles de mayores ingresos o rediseñar los tramos de este tributo tanto para trabajadores asalariados como independientes.
“Estos modelos son muy útiles para que los entes que toman decisiones tengan información lo más precisa posible de la incidencia que podría tener hacer una política nueva, un nuevo beneficio o modificar algo”, expresó Luis Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR.
El CRIMod es una adaptación del modelo Euromod, la principal herramienta utilizada por la Comisión Europea para analizar políticas fiscales y sociales. En el caso de Costa Rica, incorpora tanto las reglas de política pública —cómo funcionan los impuestos, quiénes los pagan y bajo qué condiciones se accede a programas sociales— como los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Entre sus aplicaciones, el modelo permite estimar, por ejemplo, en cuánto podría reducirse la pobreza si aumenta el monto de las becas Avancemos, así como los ajustes necesarios para financiar esos cambios sin desbalancear las finanzas públicas.
CRIMod en las contribuciones sociales patronales
La Escuela de Economía aplicó el modelo en un ejercicio de microsimulación enfocado en la reducción de las contribuciones sociales patronales, a solicitud del diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña.
La propuesta plantea modificar la fuente de financiamiento de varios programas estatales que actualmente dependen de estas cargas. El objetivo es reducir el costo de contratar y mantener trabajadores formales sin desfinanciar dichos programas, según detalla el informe.
El escenario considerado más viable plantea que a los patronos de microempresas o a los sectores primarios (agricultura, ganadería y pesca) y de la construcción, se les reduzca la contribución del 7,5% al 2,25% sobre la planilla destinada al INA, Banco Popular, Fodesaf e IMAS.
Dependiendo del alcance de la medida, la reducción podría implicar una caída en los ingresos de entre ¢20.000 millones y ¢27.000 millones. Ante ese faltante, el CRIMod permite simular mecanismos para generar cerca de ¢30.000 millones adicionales.
Una de las alternativas es ajustar las tasas marginales del impuesto sobre la renta en los tramos más altos. Actualmente, estos tienen tasas de 20% y 25%; con la simulación, ambas aumentarían en 2,5 puntos porcentuales.
“Las modificaciones propuestas generarían alrededor de ¢32.603 millones adicionales”, indica el informe. De ese monto, un 48,62% provendría del impuesto sobre salarios, un 48,76% del impuesto sobre utilidades de personas físicas y un 2,62% del impuesto a las pensiones.
La segunda opción consiste en modificar los tramos del impuesto sobre la renta sin alterar las tasas. Bajo este escenario, se reduce el umbral de ingreso a partir del cual se aplican las tarifas más altas, lo que amplía la base de contribuyentes en esos niveles.
En el caso de los asalariados, el monto exento se mantiene en ¢929.000 para salarios y pensiones. Sin embargo, el tramo sujeto a la tarifa del 10% se ajusta: bajo la simulación, quienes perciban entre ese monto y ¢1.294.000 pagarían ese porcentaje, mientras que actualmente esa misma tarifa se extiende hasta ingresos de ¢1.363.000. Este recorte en los tramos provoca que una mayor cantidad de contribuyentes pase a los niveles superiores, donde aplican tasas del 20% y 25%.
Para los trabajadores independientes, el comportamiento es similar. Quienes devengan hasta ¢4.127.000 permanecen exentos, pero el tramo gravado al 10% se reduce: en la simulación, aplica para ingresos de hasta ¢5.855.000, mientras que en el esquema vigente alcanza a quienes ganan hasta ¢6.164.000. Al igual que en el caso de los asalariados, este ajuste empuja a más contribuyentes hacia los tramos de mayor carga impositiva.
De esta forma, la herramienta aporta insumos técnicos para anticipar los efectos de eventuales reformas y sustentar decisiones de política pública en estimaciones concretas.
