En el tablero de poder costarricense, pocos nombres generan actualmente tanta incomodidad en Casa Presidencial como el de Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera). Penalista de carrera, con más de tres décadas en la judicatura, la funcionaria se ha convertido en la voz más fuerte e insistente en defensa del Poder Judicial frente al ataque que impulsan el chavismo y sus aliados.
La magistrada Solano es licenciada en Derecho y Notaria por la Universidad de Costa Rica, con estudios de posgrado en Administración de Justicia en Derecho Penal en la Universidad Nacional y una maestría en Compliance de la Universidad de Nebrija, España. Ingresó a la judicatura en 1988, cuando asumió como jueza de instrucción en San Ramón, y luego pasó por juzgados mixtos en Cañas y Puriscal, así como por juzgados penales de Puntarenas y Alajuela.
En 1997 dio el salto al nivel superior como jueza del Tribunal Superior Segundo Penal de San José y posteriormente del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, donde se mantuvo hasta su jubilación en 2017.
De exjueza a magistrada y vicepresidenta
El 6 de noviembre de 2018, tras cuatro rondas de votación, la Asamblea Legislativa eligió a Solano como nueva magistrada propietaria de la Sala Tercera. Pocos meses después, Corte Plena la designó como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, cargo que comenzó a ejercer en enero de 2019.
El siguiente movimiento llegó en junio de 2020, cuando la Corte Plena la juramentó como presidenta de la Sala de Casación Penal, tras la renuncia de Jesús Ramírez Quirós. En 2024, la Corte la ratificó por un nuevo período de cuatro años al frente de la Sala, consolidando su liderazgo en la jurisdicción penal y en la agenda contra la delincuencia organizada.
En un ecosistema donde la mayoría de magistrados opta por el bajo perfil, Solano ha decidido hablar. CRHoy la retrata como la magistrada que “insta al Poder Judicial a defenderse de los ataques políticos y la desinformación del Gobierno”, una línea que ella ha reiterado en entrevistas y foros públicos.
Su participación en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso esta semana marcó un punto de inflexión: durante dos horas, respondió cuestionamientos sobre mora judicial, ejecución del presupuesto y denuncias internas, al tiempo que rechazó la tesis de una infiltración masiva del crimen organizado en el Poder Judicial. En esa comparecencia explicó que, de unos 1.100 jueces, apenas seis han sido vinculados a investigaciones por irregularidades; un 0,5% que, a su juicio, no permite hablar de “infiltración” como fenómeno estructural, algo que ha defendido el discurso chavista.
Solano también puso sobre la mesa un tema incómodo para el oficialismo: la entrega tardía y fragmentada de recursos aprobados para fortalecer la justicia penal. Señaló que casi ¢9.000 millones destinados a nuevas plazas llegaron en noviembre, cuando los tiempos de concurso ya impedían ejecutarlos plenamente. El mensaje, en clave institucional, fue claro: el problema no es solo de jueces y expedientes, sino de decisiones políticas sobre presupuesto y tiempos.
El choque con el discurso chavista
En la narrativa chavista, el Poder Judicial se presenta como un poder infiltrado por el narcotráfico, incapaz de responder a la crisis de homicidios y responsable directo del deterioro de la seguridad. Laura Fernández ha insistido en público en que el crimen organizado habría llegado “hasta los tuétanos” del Poder Judicial y ha usado casos emblemáticos —como el de Celso Gamboa— para ilustrar su acusación.
Ese discurso choca frontalmente con la línea de Solano. La magistrada advierte que afirmar que el crimen organizado “está en el Poder Judicial” le quita autoridad a la institución y mezcla casos aislados con una imagen de corrupción sistémica que no se sostiene en los datos. Para ella, los casos de jueces investigados se han tramitado y sancionado, mientras otros poderes del Estado mantienen en sus cargos a figuras cuestionadas.
En respuesta, el tono del chavismo se ha endurecido. “Deje de hablar paja y póngase a trabajar”, dijo la presidenta Fernández públicamente, en uno de los mensajes más citados de esta disputa. En otras intervenciones, la mandataria ha sugerido que Solano y la cúpula judicial le han fallado al país y los llama a acudir al Consejo Nacional de Seguridad “para decírselo en la cara”.
El malestar no se limita al discurso de Casa Presidencial. En la Comisión de Seguridad, un diputado oficialista le exigió a Solano una respuesta de “sí o no” sobre la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial; ella insistió en diferenciar entre casos concretos y generalizaciones políticas. Otros diputados chavistas le han pedido renunciar.
Para Solano, no existe “diálogo real” con el oficialismo en materia de seguridad: las convocatorias políticas no se han traducido en mesas de trabajo conjuntas ni en análisis técnico de reformas legales. En ese vacío de interlocución, la magistrada ocupa un espacio particular: no es parte de la oposición parlamentaria, pero es quien encabeza la resistencia pública del Poder Judicial frente a la narrativa oficial.
Esa combinación de trayectoria técnica, poder interno (Sala Tercera y Corte) y capacidad comunicativa hace que su figura sea especialmente incómoda para el chavismo. No se trata de una voz externa, sino de una magistrada que conoce desde dentro la estructura de la justicia penal y que, además, está dispuesta a cuestionar el marco discursivo del Gobierno.
Más allá del intercambio de frases y titulares, el caso de Patricia Solano revela una disputa política de fondo: quién controla el relato sobre seguridad, quién carga con el costo de la crisis y quién define las reformas en el sistema penal. Mientras el chavismo busca situar al Poder Judicial como principal responsable y blanco del enojo ciudadano, la magistrada insiste en que el Estado debe mirarse completo, empezando por las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.
En ese pulso, Solano ha dejado abierta la puerta a un rol aún mayor dentro del Poder Judicial: en sus intervenciones, no descarta aspirar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Si ese escenario se concreta, la magistrada que hoy incomoda al chavismo desde la Sala Tercera podría convertirse en el rostro de una nueva etapa de confrontación —o de eventual recomposición— entre poderes en Costa Rica.
