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Obligado por la repentina muerte de su presidente, Luis Paulino Mora Mora, el Poder Judicial se enfrenta a desafíos de peso.
En algunos de ellos Mora impulsó acciones concretas, pero tedavía tenían un largo camino por recorrer. Otros, son temas que han estado pendientes por años, y a pesar de los intentos por subsanarlos, son expedientes abiertos.
Incluso escoger al nuevo jerarca será el primero de los grandes desafíos, en opinión de juristas y políticos como Ewald Acuña, Bernán Luis Salazar, José Miguel Corrales, Rolando Laclé y Luis Fishman. El consenso es que el sucesor deberá tener un perfil muy similar al de Mora, principalmente conciliador y negociador.
La transición, empero, será lenta para ese nuevo líder de la Corte, pues, de entrada, la agenda que Mora dejó pendiente le impondrá objetivos en el corto y mediano plazo, según el abogado Rodolfo Piza Rocafort.
Otros esperan un nuevo presidente más dispuesto al cambio y a abrir las puertas de la Corte al escrutinio público, del cual han estado alejados los altos jueces. Así opina Fabio Molina, jefe de fracción del PLN.
Abanico abierto
Quienquiera que llegue a ocupar la silla de Mora, lo retarán el rezago judicial, un rígido presupuesto consumido por los salarios y la rama penal y una digitalización de los procesos que aún no está consolidada.
También deberá remar con un Poder Judicial inmerso en un conflicto de poderes evidenciado con el caso del magistrado Fernando Cruz, al que una mayoría de diputados intentó no reelegir, e incluso definir el futuro de algunos de sus órganos como el Ministerio Público.
“Es continuar con lo que inició don Luis Paulino, uniformarlo y seguirlo impulsando”, dijo la magistrada Zarella Villanueva. Lo mismo opina su colega Ana Virginia Calzada, quien defiende que el Poder Judicial tiene una línea clara de hacia donde va, con prioridades definidas.
Empero, hay mucho por haccer, con una imagen que se debilita. El Poder Judicial daba mucha confianza a un 26,4% de la población nacional en 1998, según la encuesta de Latinobarómetro. Eso se desplomó a solo el 11,6% en 2010. Recuperar esa credibilidad, en medio de todo el abanico de desafíos, será fundamental.
Justicia pronta y cumplida
Tribunales de Flagrancia Según el Poder Judicial, el 80% de las denuncias penales que ingresan a diario, califican para ser tramitadas por estos tribunales. Fueron creados para responder más rápido en algunos casos. Según el Estado de la Nación, por medio de Flagrancia se ha vuelto más expedita la tramitación de los casos donde detienen al delincuente in fraganti. Sin embargo, según ese mismo informe nacional, el sistema de administración de justicia debe avanzar aún más en la agilización de los procesos.
Tecnología: En diciembre anterior, el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, dijo que las nuevas tecnologías serían la herramienta con la que el Poder Judicial reduzca el retraso judicial. Aún este tema tiene muchos retos.
Los esfuerzos administrativos no han logrado revertir la tendencia en la disminución de la productividad por juez, caso contrario a la cantidad de casos por operador de justicia, que ha ido en crecimiento en los últimos años. En el 2011 la cantidad de casos por juez subió a 618 por juez, en contraste con los 599 que estudiaba cada funcionario en el 2010.
Digitalizar aún más todos los procesos
Cero papel: El Poder Judicial inició un programa de tecnologizar todos los procesos, impulsado por el presidente Luis Paulino Mora. En la mayoría de los despachos utilizan correo eléctronico para evitar imprimir. Lo hacen en el servicio a los usuarios y para comunicaciones entre las oficinas. El reto es continuarlo y uniformar todas las oficinas a nivel nacional y ampliarlo a un mayor número de gestiones.
A un clic: La idea es eliminar en gran medida la impresión de documentos, administrarlos de manera eficiente, centralizar el almacenamiento de la documentación, lograr un mayor control y brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos. La tecnología permite hacer consultas desde la intranet e Internet sobre el trámite de las gestiones, informes y comunicaciones.
Seguridad de expedientes: El desafío es reducir la pérdida de expedientes en los juzgados, pues estarán incorporados dentro de las bases de datos que mantienen la seguridad y los respaldos necesarios. Esto se ha logrado en algunos despachos, pero no en todos.
Más equipo: Los despachos requieren de mayor número de computadoras a disposición de los usuarios, ya sea mediante una estación de cómputo para que consulten desde ahí o que lo puedan hacer desde la casa u oficina. Ya se ha logrado hacer en algunos circuitos, pero la idea es extenderlo a todos los despachos del Poder Judicial alrededor del país.
Optimizar presupuesto
Más funciones, menos recursos: A los despachos del Poder Judicial se les asigna cada vez más funciones, pero el presupuesto es limitado. Esto aunque el Poder Judicial pasó de representar un 3,7% del presupuesto total del Gobierno Central, a un 4,9% en el 2010, cifra que hoy se mantiene.
Gasto en justicia penal: Del total del presupuesto, el 50% se destina a los procesos penales en los últimos 5 años. Según datos del último Estado de la Nación, en el 2010, de 221.000 millones (presupuesto total), 116.000 millones fueron destinados a la materia penal.
Nombrar un gerente: El Poder Judicial requiere de un gerente que se encargue de los trámites administrativos. Esto haría que magistrados y jueces no se distraigan con ese tipo de responsabilidades, como ocurre ahora y puedan concentrarse en sus tareas judiciales.
Definir futuro del Ministerio Público
En los últimos años el Ministerio Público ha acentuado su reclamo por mayor independencia. A principios del 2013, el fiscal general, Jorge Chavarría, presentó ante la Corte plena una propuesta de independencia económica para su representada.
Chavarría, destacó que las necesidades del Ministerio Público no son las mismas de los jueces y que considera impropio que un órgano tan importante deba depender de las decisiones de los magistrados en cuanto a su presupuesto.
Empero, los altos jueces veían poco probable en aquel momento conceder la autonomía exigida por la Fiscalía. Incluso el fallecido presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, afirmó que le daría muchísimo miedo ver al Ministerio Público ubicado en otro poder de la República.
Quien vaya a sustituir a Mora deberá lidiar con el estira y encoje planteado en el seno de la Corte plena. Sin embargo, la semilla del pensamiento del difunto magistrado perdura en el pensamiento de otros altos jueces, tal el caso de Carlos Chinchilla y José Manuel Arroyo, ambos de la Sala III. El futuro de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público es algo que le corresponderá resolver al próximo jerarca del Poder Judicial.
Poder Judicial más transparente
Rendición de cuentas: Entrar en una cultura de rendición de cuentas con controles informales o formales para estandarizar el trabajo de los empleados del Poder Judicial. Esto para que los usuarios conozcan lo que están haciendo los jueces y los magistrados y, sobre todo, que esté informado acerca de quién lleva su caso. Esto genera en los usuarios certeza, seguridad y confianza.
Llevar un registro: Hay salas que llevan el registro de qué produce cada magistrado, cuántas sentencias tiene cada funcionario y qué ha visto de los demás. Lo mismo que con los jueces. Sin embargo, no es una práctica generalizada. El reto es que sea parte de las responsabilidades que se desarrollen en toda la institución.
Evaluación de desempeño: Personalizar el trabajo y que sea evaluado. No se trata de perseguir a los empleados, es que quede el registro de quién hace cada resolución. Esto permitirá que se identifique si el trabajo se hizo bien o mal, lo que no ocurre en la actualidad. En el Poder Judicial ingresa más de un millón de causas por año y por esta razón es casi que una obligación del Poder Judicial que se estandarice el trabajo. La evaluación estaría en manos del Consejo de la Judicatura.
Recuperar el nivel de confianza
La pérdida de legitimidad es uno de los males que aquejan a la justicia costarricense. Los grandes casos que han sucumbido por falta de pruebas o errores en el procedimiento cometidos por el Ministerio Público, hacen pensar en una crisis institucional que se ha agravado con el paso de los años.
Según el Decimoctavo informe Estado de la Nación hechos de los últimos años, como los escándalos en que se han visto involucrados magistrados suplentes de la Corte, han alejado a la institución de su rol de actor que dirime conflictos, para pasar a la arena política como un protagonista de varios choques.
Para revertir la tendencia de desprestigio institucional, el informe plantea la necesidad de revisar los criterios con base en los cuales se escogen a los magistrados suplentes y retomar la discusión sobre la conveniencia de que esos funcionarios, además, sean litigantes activos.
Aumenta la proporción de jueces sometidos a procesos disciplinarios según reveló el Estado de la Nación, en el 2011 el Tribunal de la Inspección Judicial recibió 1.358 quejas, un 35% más que en el 2007. La mitad de las denuncias fueron contra funcionarios del ámbito jurisdiccional y los motivos de queja más comunes fueron la negligencia, demora en impartir justicia e incumplimiento de deberes.
En promedio, la cantidad de jueces denunciados es de 421 por año desde el 2007; es decir, durante los últimos cinco años al menos un 40% de los jueces fue sometido a un proceso.
Los índices de confianza caen desde 1998. Según el Latinobarómetro, en ese año el 26,4% de los encuestados tenía mucha confianza en el Poder Judicial. Ese índice cayó a un 11,6% en el 2010. Aquellos que decían tener poca confianza en la judicatura eran el 22,6% en 1998, mientras que en el 2010 alcanzaban el 35,2%.
Mejorar el manejo del recurso humano
Mecanismos de selección: Cada órgano ha hecho su propio sistema para escoger al personal, pero el desafío es elaborar una base en común que esté por escrito. A partir de ahí, que cada despacho defina los perfiles de acuerdo con las necesidades.
Controlar el ingreso del personal: Hay un programa de formación inicial de aspirantes para jueces que inician la carrera o genéricos, a los que se les capacita durante un año. El reto está en controlar el ingreso en todos los órganos del Poder Judicial como Fiscalía, Defensa Pública y OIJ. Antes, los jueces se escogían a dedo, ahora eso no puede hacerse. También está el reto de eliminar los interinazgos.
Escogencia de jueces: Asumir posición con el tema de la capacidad de los abogados que quieren ser funcionarios judiciales. En mayo del año pasado, solo 19 de 138 que aspiraban a convertirse en jueces aprobaron el examen.
Carrera judicial: Evitar la rotación del personal y que los jueces sean jueces, los defensores sean defensores y los fiscales fiscales. Ocurre mucho que cambian de puesto con mucha facilidad.
Independencia Judicial
Constitución Política: El principio de independencia de poderes está consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política. La misma Carta Magna confía a la Asamblea Legislativa, el órgano más político del Estado, el nombramiento de los magistrados.
De adentro y de afuera: Esa independencia debe lograrse no solo dentro del Poder Judicial, en relación con la actuación de los jueces en sus fallos, sino desde afuera, como se evalúa el trabajo del personal judicial.
La amenaza sobre esa libertad de criterio, según afirmó Luis Paulino Mora, a finales del año pasado, está bajo la amenaza de grupos políticos interesados en colocar en la Corte a magistrados plegados a sus intereses.
Mora falleció dejando abierto el tema del conflicto de poderes, específicamente con el Poder Legislativo. A su sucesor le corresponderá escoger si asume el tema con temple o desde una posición más conciliadora.
En círculos de juristas se estima conveniente que el próximo líder de la Corte posea liderazgo a lo interno y lo externo del Poder Judicial, característica que le permitirá ser el bastión que sostenga la independencia del territorio.
El proyecto para reformar la Ley de la Jurisdicción Constitucional desafiará de entrada a quien sea escogido para el cargo presidencial, pues la línea que pretenden imprimir los diputados difiere de aquella que prefieren los magistrados. Ese plan podría ser la puerta para que los legisladores le resten poder a la Sala Constitucional, a la cual acusan de entrometerse en decisiones legislativas y ejecutivas.
Consolidar oralidad en los procesos
Al próximo jerarca del Poder Judicial le corresponderá consolidar la oralidad en los procesos judiciales.
Si bien el movimiento a favor de la oralidad surgió a mediados de la década de 1990, gozó de expansión durante la administración del presidente Luis Paulino Mora, quien hizo suyo el tema conformando una comisión institucional que diera seguimiento al tema.
Pese a los avances en la aplicación de la oralidad en procesos de carácter penal, laboral, en litigios de carácter electrónico, en materia contenciosa y parcialmente en materia agraria, el desafío para el próximo jerarca de la Corte será generalizar la aplicación de la oralidad y llevarla a los procesos previos al juicio, que es donde se consume el 70% del tiempo que tardan los procesos, según estadísticas del Poder Judicial.
Una reducción considerable de la cantidad de casos por resolver es el fruto visible del impulso de la oralidad.
La Corte informó que los proyectos montados por la Comisión de Oralidad lograron reducir de 5.439 a 1.680 la cantidad de expedientes circulantes en 16 meses gracias a la aplicación de la oralidad en los procesos judiciales seguidos en el II Circuito Judicial de San José.
Entre los retos en esta materia está afinar el marco legal y reglamentario para aplicar la oralidad en todas las etapas del proceso judicial. También figura la coordinación con el Poder Legislativo, con el fin de que se aprueben nuevas reformas para expandir más las fronteras de la oralidad.
Antes de la oralidad, en 1997, un proceso contencioso administrativo duraba 54 meses, uno ordinario civil, 33, y uno agrario o laboral, 23, hoy los tiempos se han reducido a menos de la mitad de esos tiempos.
Administración de justicia eficiente
La cantidad de expedientes judiciales activos con más de 18 meses de trámite creció, según el decimoctavo informe Estado de la Nación.
Las perjudicadas con ese aumento en los plazos Son casi todas las materias que estudia la Corte.
El Estado de la Nación manifestó la necesidad de que el Poder Judicial afine las estadísticas en cuanto a la duración de los casos, pues el estudio pudo determinar que hay carencias en ese campo.
Al nuevo presidente de la Corte le corresponderá asumir el desafío de disminuir los plazos en la tramitación de casos, lo cual no ocurrirá de forma automática y requiere de esfuerzos como la mejora informática, mejor distribución del personal y del presupuesto del Poder Judicial.
En materia penal, los tribunales de flagrancia han disminuido la duración de los casos; sin embargo, si no se contabilizaran esas sentencias, la duración promedio de esos juicios, en otras instancias, se extiende hasta por 24 meses.
Las duraciones de los procesos hacen que la ciudadanía vea la justicia pronta y cumplida como una utopía que desafiará al próximo magistrado que lleve las riendas del Poder Judicial, pues sigue siendo una deuda pendiente con el país desde hace muchos años.
