Por: Laura Ávila.   29 diciembre, 2017

La Asamblea Legislativa cerró el 2017 con la aprobación de la ley que exonera el pago de impuestos a los vehículos eléctricos, una iniciativa que es considerada como uno de los logros para el Poder Ejecutivo porque permitiría bajar las emisiones de carbono a largo plazo.

El pasado 14 de diciembre durante el segundo debate, 37 diputados votaron a favor y uno se manifestó en contra, y con este trámite los legisladores dieron -casi- por concluida su labor en la Asamblea Legislativa.

No obstante, la aprobación de esta ley para los carros eléctricos es uno de los pocos proyectos sustantivos que se facultaron en el 2017, ya que del 10 de enero al 30 de noviembre el Congreso aprobó 99 leyes, ¿Pero, cuántas realmente tienen relevancia para el desarrollo nacional?

De acuerdo a un conteo que realizó EF al informe de la Unidad de Análisis de Gestión Parlamentaria de la Asamblea Legislativa, de 99 leyes aprobadas en 2017 solamente 18 son sustantivas en la agenda nacional. Con esta afirmación no se quiere menospreciar las otras 81 leyes aprobadas en el Plenario, pero estas carecen de impacto a nivel nacional o cambian alguna política pública general.

En administraciones anteriores se han mantenido cifras altas en cuanto a aprobación de leyes, si se comparan las tres primeras legislaturas desde el 2006. Fotografía José Cordero
En administraciones anteriores se han mantenido cifras altas en cuanto a aprobación de leyes, si se comparan las tres primeras legislaturas desde el 2006. Fotografía José Cordero

El Poder Legislativo dio luz verde a iniciativas como el Acuerdo sobre facilitación del comercio, con el que se creó el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac), considerado uno de los logros más importantes de los últimos 20 años para el Ministerio de Comercio Exterior. También ocurrió la autorización para el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante fideicomiso.

Además se dictaminaron iniciativas que tienen un impacto mínimo y que popularmente dentro del Congreso se conocen como "proyectos chayote". Tal es el caso de las autorizaciones que dio el Poder Legislativo a la Municipalidad de Goicoechea para que donara un terreno a la Arquidiócesis de San José, o el permiso que se le concedió al ayuntamiento de Oreamuno de Cartago para condonar deudas por concepto de recargo, multas e intereses.

Son leyes que tienen importancia, pero su alcance es local o para objetivos puntuales.

Según el informe de la Unidad de Análisis de Gestión Parlamentaria, este año el Poder Ejecutivo promovió 21 proyectos que fueron aprobados, seguido por las iniciativas que lideraron el Partido Liberación Nacional (PLN), con 20 y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con 19. En cuanto a la bancada oficialista el Congreso solo aprobó ocho textos.

A pesar de la gran cantidad nuevas legislaciones que se votaron, la negociación es considerada como difícil debido a que es el Plenario con la mayor representación partidaria de la historia. Algunos diputados consultados por EF confirman que este es el principal obstáculo para avanzar en la agenda legislativa.

Cantidad versus calidad

Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), considera que la producción de este 2017 fue “muy raquítica” porque no se enfocó en lo sustantivo para el desarrollo nacional.

“No se aprobó ninguna ley fiscal, no se aprobó ninguna ley de empleo público, no se votó ningún informe de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que tiene denuncias sobre corrupción, a mí me preocupa mucho nuestro desempeño. Lo que se vota son proyectos intrascendentes (...). No se ha aprobado ningún proyecto para reformar el Estado, no se han aprobado iniciativas para fundir o cerrar programas, no solo en lo fiscal, sino que en lo estructural tampoco se ha logrado avanzar”, manifestó Solís.

Uno de los proyectos que tuvo poco progreso fue la Regla Fiscal Constitucional, que fue dictaminada en Comisión el pasado 30 de noviembre pero que aún debe pasar a discusión en el Plenario.

El expediente 20.179 pretende reformar los artículos 176 y 184 y adicionar un transitorio en la Constitución Política para buscar el equilibrio económico y presupuestario, en momentos donde el país tiene un déficit fiscal que alcanza el 5% del Producto Interno Bruto a noviembre pasado, según datos del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, Gerardo Vargas del Frente Amplio (FA), indicó que el lento avance se dio por el poco liderazgo que tiene el Directorio Legislativo. “Este año que pasó, lo sustantivo fue bastante poco, fue un año de poco diálogo, de poca negociación, estuvo muy entrabado y lo que se logró avanzar fue realmente poco”.

Otra iniciativa que aún no ve la luz es el Proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, que tras ser dictaminada en primer debate el pasado jueves 2 de noviembre, el FA y otros diputados lo enviaron a consulta a la Sala IV alegando que el texto que se dictaminó fue distinto al que presentó la iniciativa popular en el 2010.

También se quedó en pausa la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, que fue aprobada en primer debate y con la que los empleados destinarían el 13% de su salario para asegurar la sostenibilidad del fondo. No obstante, el texto también se remitió a la Sala Constitucional.

Comparación con años anteriores

Si se comparan las últimas dos administraciones con respecto a la actual, se han mantenido cifras altas en cuanto a la aprobación de leyes.

De acuerdo a los datos brindados por la Asamblea, durante los tres primeros años de la administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010) el Poder Legislativo dictaminó 211 leyes; en el Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) se aprobaron 303 y durante la presidencia de Luis Guillermo Solís, los legisladores dieron luz verde a 200 proyectos.

Los diputados ahora se encuentran en receso legislativo, pero el regreso ya genera posiciones diversas. Por un lado, Gonzalo Ramírez, presidente del Congreso, afirmó que las vacaciones se extenderán hasta el 5 de febrero -según confirmó a La Nación días atrás-, ya que el Poder Ejecutivo desconvocó los proyectos de las sesiones extraordinarias y solo volverán el 8 de enero si Casa Presidencial presenta una lista de propuestas.

Pero diputados como Gerardo Vargas del FA y Javier Cambronero de la bancada oficialista, afirman que el Poder Legislativo deberá retomar funciones el 8 de enero -tal y como se había pactado- ya que se deben atender otras tareas a lo interno de la Asamblea Legislativa.