EscucharEl chavismo tomó este 1.° de mayo de 2026 el control absoluto de los seis cargos del Directorio Legislativo, algo que no ocurría en Costa Rica desde 2001. La importancia de este hecho va mucho más allá de lo simbólico: es la llave maestra del Poder Legislativo.
El Directorio Legislativo es la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa. Quien lo controla maneja el orden del día, administra los debates, asigna proyectos a comisiones y tiene influencia directa sobre el avance de iniciativas. En la práctica, define el ritmo y la agenda legislativa durante un año completo y se renueva cada 1.° de mayo.
Con 31 de los 57 escaños, el PPSO superó la mayoría simple necesaria para elegir los seis puestos del Directorio y los copó todos sin dejar ninguno a la oposición. Eso rompe una tradición de más de dos décadas en la que siempre había al menos una voz opositora en la mesa directiva.
¿Por qué es tan importante para el chavismo?
1. Control total de la agenda parlamentaria
Al presidir el plenario y asignar proyectos a comisiones, el Directorio decide qué leyes avanzan, cuáles duermen en un cajón y en qué orden se debate.
El oficialismo ya distribuyó también a sus diputados con mayoría en las comisiones de Hacendarios, Jurídicos, Económicos y Sociales —donde se cocina la agenda real del país—.
Esto garantiza que ningún tema prioritario para el gobierno de Laura Fernández quede bloqueado por un directorio adverso.
2. La gran apuesta: intervenir el Poder Judicial
El objetivo más ambicioso —y el que más alarma a la oposición— es la transformación del Poder Judicial.
Rodrigo Chaves lo ha llamado el “poder perjudicial” y ha prometido públicamente “recuperar ese Poder de la República”.
La oportunidad es concreta: en el cuatrienio 2026-2030, la Asamblea podrá nombrar hasta 14 de los 22 magistrados de la cúpula judicial por vencimiento de nombramientos.
El oficialismo incluso bloqueó el nombramiento de magistrados suplentes en abril de 2026 para dejar esa tarea a la nueva Asamblea con mayoría propia.
3. Aprobación de leyes ordinarias y control presupuestario
Con mayoría absoluta y el Directorio en sus manos, el PPSO puede aprobar leyes ordinarias sin necesidad de negociar con la oposición, controlar la repartición del Presupuesto de la República, convocar un referendo nacional y ratificar tratados internacionales.
Esto da al gobierno de Laura Fernández una capacidad de acción sin precedentes en la historia reciente del país.
4. Blindaje político del Ejecutivo
El control del Directorio también otorga el manejo de las comisiones de investigación política, lo que permite “blindar políticamente” al gobierno de Laura Fernández ante eventuales cuestionamientos legislativos.
Recordemos que el propio Rodrigo Chaves tenía múltiples investigaciones penales abiertas, y la Asamblea saliente rechazó el levantamiento de su inmunidad gracias al alineamiento oficialista y aliados de la oposición.
5. El proyecto de la “Tercera República”
Rodrigo Chaves y Laura Fernández han declarado explícitamente su intención de fundar una “Tercera República” costarricense, una refundación institucional que requiere acumular poder en todos los órganos del Estado.
Aunque para reformar la Constitución se necesitarían 38 votos —más de los 31 que tiene el PPSO—, el oficialismo apunta a sumar diputados opositores “patriotas”, especialmente del PLN, para alcanzar esa cifra.
La preocupación democrática
La oposición y organismos internacionales advierten sobre una deriva autoritaria.
La relatora especial de la ONU sobre independencia judicial envió una nota al Estado costarricense desde 2025 pidiendo explicaciones por el deterioro de la independencia del Poder Judicial. Analistas comparan el modelo con Nicaragua y El Salvador bajo Bukele, mientras que el expresidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, calificó como “el peor escenario” que una agenda populista controlara la Asamblea con capacidad de reformar la Constitución.
Por eso, el control absoluto del Directorio Legislativo no es un fin en sí mismo, sino el primer eslabón de una cadena que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, remodelar el Poder Judicial e impulsar una transformación institucional profunda.
