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Dos semanas después de que se cerraran oficialmente los tres años de supervisión de la troika, el Gobierno de Portugal afronta su primera “gran adversidad” por la anulación judicial de algunas medidas de ahorro incluidas en los Presupuestos de 2014.
“El Gobierno no se precipitará para responder a esta situación, que es compleja y cuya solución no será sencilla”, alertó el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, quien anunció que, en el momento adecuado, su Ejecutivo explicará cómo supera esta “gran adversidad”.
A instancias de los partidos de la oposición, el Tribunal Constitucional (TC) de Portugal analizó las medidas de ahorro contenidas en los Presupuestos de este año y decidió el viernes que tres de ellas eran contrarias a la Carta Magna.
Los recortes salariales a los funcionarios vigentes desde 2010, a las pensiones de viudedad y orfandad y a las prestaciones por desempleo y enfermedad fueron invalidados por el alto tribunal, que ha anulado al menos seis medidas de ahorro gubernamentales desde 2011 equivalentes a miles de millones de euros.
La de mayor peso es la que afecta a los funcionarios y, en este ámbito, la corte invalidó los recortes aprobados para los salarios de los trabajadores públicos que superen los 675 euros.
No obstante, precisó que el veto no tiene efectos retroactivos, es decir que su vigencia es a partir del viernes, debido a que la ejecución presupuestaria está “a mitad de su curso”, justificó el presidente del tribunal, el juez Joaquim de Sousa Ribeiro.
Por este motivo, el impacto en las cuentas de Portugal será menor y, a falta de cálculos gubernamentales, se espera que sea de cientos de millones de euros.
En el plan del rescate financiero a Portugal concedido por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), Lisboa se comprometió a cerrar el déficit de 2014 en un tope del 4% y del 2,5% en 2015 a través de un ajuste en las cuentas públicas, que, en opinión del Gobierno, pasa parcialmente por ahorros en la planilla pública y en las pensiones.
“El Gobierno no dejará que decisiones incomprensibles hagan inútil el esfuerzo, no realizado por el propio Gobierno y sí por todos los portugueses”, subrayó Passos Coelho.
A pesar de reconocer que está “preocupado” por el impacto de esta decisión judicial, insistió en que se hallarán soluciones.
Entre los ahorros alternativos que el Gobierno puede poner en marcha se especula con una nueva subida del IVA, impuesto que se ha disparado desde 2010 y actualmente está en el 23%, uno de los más elevados de la Unión Europea (UE).
El Ejecutivo conservador portugués, que previsiblemente elaborará un Presupuesto de rectificación de 2014 para enmendar las medidas invalidadas, podría idear otros nuevos recortes para el personal de gobierno que eviten el veto judicial.
En los últimos años, el TC ha considerado ilegales varias leyes de ahorro diseñadas por el Gobierno.
Destacan la decisión de abril de 2013, cuando el tribunal suspendió la supresión total o parcial de las pagas extraordinarias para funcionarios y pensionistas, y la de diciembre pasado, cuando prohibió recortes del 10% de las pensiones de funcionarios públicos superiores a los 600 euros mensuales.
Desde 2011, el programa de ajustes pactado con la troika a cambio de un rescate de 78.000 millones de euros ha llevado al gobierno portugués a aplicar profundas bajadas salariales a pensionistas (30% de la población del país) y funcionarios, así como una subida generalizada de impuestos, recortes en los servicios públicos y un plan de privatizaciones.
Después de casi tres años en recesión, el país ha presentado tasas de crecimiento en su PIB trimestral y ha logrado reducir el paro de casi el 18% hasta aproximadamente el 15%, por encima no obstante de la media de la UE (12%).
