La noticia ha sacudido al continente y marca un punto de inflexión en la historia política de América Latina. Tras confirmarse la caída y captura de Nicolás Maduro, poniendo fin a más de una década de autoritarismo chavista en Venezuela, las reacciones internacionales no se han hecho esperar.
En Costa Rica, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, ha emitido un pronunciamiento en el que no solo celebra el fin del régimen, sino que recuerda la génesis de esta crisis: el fraude electoral perpetrado hace año y medio.
Arias, quien ha sido una de las voces más críticas y constantes contra el chavismo en la región, ofreció sus primeras impresiones mientras los acontecimientos en Caracas continúan en desarrollo. Para el exmandatario, el desenlace actual es la consecuencia inevitable de un gobierno que decidió operar al margen de la ley y la voluntad popular desde julio de 2024.
La ilegitimidad como origen del colapso
En su declaración oficial, Arias enfatiza que la caída de Maduro no debe verse como un hecho aislado de 2026, sino como la resolución tardía de un conflicto de legitimidad abierto tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En aquella fecha, la oposición venezolana, liderada políticamente por María Corina Machado y electoralmente por el candidato Edmundo González, presentó pruebas contundentes de una victoria masiva, que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, se negó a reconocer.
Al respecto, Óscar Arias declaró hoy:
“Estoy siguiendo la situación en Venezuela con atención y recabando más elementos de información. A primera vista, quisiera recordar y enfatizar que el régimen de Nicolás Maduro perdió las elecciones del 28 de julio del año 2024, perpetrando un burdo fraude electoral contra la población venezolana para aferrarse en el poder. Desde entonces ha gobernado contra la voluntad popular por medio de las armas y graves violaciones a los derechos humanos”.
Esta postura resuena con la que gran parte de la comunidad internacional democrática sostuvo durante el último año y medio, periodo en el cual Maduro se mantuvo en el Palacio de Miraflores apoyado fundamentalmente por la cúpula militar y aliados geopolíticos extrarregionales, a pesar del aislamiento diplomático y las sanciones.
La naturaleza del régimen: La tesis del “Narco-gobierno”
Uno de los puntos más agudos del análisis de Arias ha sido su caracterización del gobierno venezolano no solo como una dictadura política, sino como una estructura criminal. Esta distinción es clave para entender por qué la transición negociada fracasó reiteradamente en el pasado. Según el Nobel, la lógica del poder en Venezuela dejó de ser política para convertirse en una lógica de supervivencia criminal.
Arias recordó su advertencia previa sobre la imposibilidad de una salida electoral limpia frente a un cartel en el poder:
“El gobierno de Maduro para cualquier demócrata ha sido un gobierno de facto sin ninguna legitimidad electoral o constitucional. Antes de las elecciones del 28 de julio de 2024 siempre manifesté que un narco-gobierno jamás reconocería una derrota electoral y jamás entregaría el poder”.
Esta visión, que en su momento fue calificada de radical por algunos sectores que abogaban por el diálogo, se confirmó con la represión desatada tras los comicios de 2024 y la negativa rotunda del chavismo a entregar las actas electorales. La historia reciente parece haberle dado la razón al expresidente costarricense: la salida de Maduro no se produjo por la concesión graciosa de una derrota en las urnas, sino por el colapso de su estructura de soporte.
El reto de la reconstrucción institucional
La caída de Maduro abre ahora un escenario de incertidumbre y esperanza. Para Costa Rica y la región, la prioridad será acompañar el proceso de reinstitucionalización. El vacío de poder dejado por un régimen personalista y la destrucción del aparato productivo plantean desafíos inmediatos para cualquier gobierno de transición que asuma el mando.
El énfasis de Arias en la “legitimidad constitucional” sugiere que la ruta debe ser el retorno al orden quebrantado en 2024, reconociendo la soberanía popular que fue expresada en las urnas.
