Hasta que la Sala resuelva la Ley se sigue aplicando pero si algún caso llega a juicio, no se podrá dictar sentencia hasta conocer el resultado de la acción de inconstitucionalidad.
Esta Ley modificó varios artículos del Código Penal para incorporar 15 nuevos delitos. Entre los cambios está elevar de cuatro a ocho años de prisión la pena para quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas", lo que para varios sectores representa una vía para ocultar la corrupción.
Además, el artículo 196 bis castiga con prisión de tres a seis años a quien se apodere, modifique o desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en bases de datos públicas.