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La presidenta de la Sala Constitucional Ana Virginia Calzada lanzó un balde de agua fría a los 38 diputados que despidieron al magistrado Fernando Cruz, al indicar en un artículo que el proceso de no reelección de magistrados del Poder Judicial exige condiciones que no se habrían cumplido en ese caso.
La magistrada resaltó en el artículo que el derecho constitucional establece con claridad que en estos caso no se trata de un proceso de reelección, sino uno de no-reelección, para garantizar la separación de poderes, por lo que se debe mantener al magistrado en su cargo "salvo que existan verdaderas condiciones de fondo que aconsejen la no-reelección, en cuyo caso se abriría la posibilidad de realizar esa no-reelección bajo los términos y contenidos reales previstos en la propia Constitución", dijo.
Estos términos establecen un período limitado para oponerse a la reelección, que en el caso de Cruz supuestamente habría expirado. Pero no es el único requisito. Según Calzada, además del plazo y la mayoría de 38 diputados, sino que el proceso debe fundamentarse. "No basta aducir que exista una extralimitación de funciones, sin señalar cuándo, cómo y por qué. No es propio utilizar de manera formal los mecanismos constitucionales, con la confesa intención de hacer «llamadas de atención» a otros miembros de los Supremos Poderes o a otro Poder de la República. Hacerlo así es simple y llanamente desconocer con indecorosa candidez la realidad del principio democrático, de la institucionalidad democrática de un Estado y de la madurez democrática e institucional de un pueblo".
En lo que parece un jalón de orejas para los diputados, el tema queda pendiente de resolverse en la esfera de la Sala Constitucional.
