EscucharEl Poder Ejecutivo presentó el 8 de abril las iniciativas de ley con las que pretende reformar el Estado. Además de presentar en la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma al empleo público, también llevó el Proyecto Ley de transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para la contribución a la transición energética.
Esta iniciativa pretende transformar a la institución en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (Ecoena), para que mediante una reforma a la Ley N 6.588 pueda investigar, producir, importar y exportar, industrializar, almacenar, comercializar y transportar energías químicas alternativas.
Con un cambio a esta legislación la institución podría superar las amarras de carácter legal que le han impedido continuar con la investigación y el desarrollo de energías alternativas.
El proyecto se hizo en conjunto con empleados de Recope, la diputada oficialista Paola Vega y otros actores.
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El plan responde al mandato de Carlos Alvarado, presidente de la República, de avanzar hacia una economía descarbonizada. El plan se comenzó a gestar desde el inicio de la administración cuando el mandatario solicitó a Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, diseñar la estrategia de modernización.
El anuncio de la transformación generó la reacción del sector empresarial, que está de acuerdo con implementar energías químicas alternativas como el biodiésel, la biomasa o la gasolina con etanol.
Sin embargo, ven con recelo que el Estado se aventure a acciones empresariales que podrían ser competencia del sector privado.
¿En qué consiste la modernización?
El mandato de avanzar hacia una economía descarbonizada impone el reto de hacer una reingeniería a Recope para que la institución pueda sobrevivir a un futuro donde podría eliminarse el uso de hidrocarburos.
El objetivo de la iniciativa es incorporar las energías alternativas químicas en la matriz energética, en un país donde el 54% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del sector automotor.
Estas energías alternativas químicas a las que hace referencia el texto base propuesto por el Poder Ejecutivo son los biocombustibles, como la gasolina con etanol o el biodiésel, que se obtienen a partir de cultivos de caña; y la biomasa que se genera con desechos sólidos como los de la piña.
La propuesta valora el uso de energías más avanzadas como el hidrógeno que actualmente se utilizan en Japón, Alemania o Francia.
Uno de los puntos medulares de la iniciativa de ley es “soltar las amarras” para hacer investigación de energías químicas alternativas.
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En el pasado, los límites legales impidieron que la refinadora continuara con las investigaciones de hidrógeno que realizaba junto a Ad Astra Rocket Company, empresa liderada por el astronauta y físico Franklin Chang Díaz.
La iniciativa también plantea crear el Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas para financiar la investigación y el desarrollo de actividades que no califican como servicio público. El fondo se financiará con hasta el 0,15% de las ventas brutas de la entidad.
De aprobarse la legislación, Ecoena estaría en capacidad de realizar alianzas con empresas del sector privado o constituir compañías, con la ayuda del sector público o privado, para implementar nuevos negocios y atraer inversionistas.
Como parte de la modernización el Poder Ejecutivo aspira a que la entidad sea más ágil. Para lograr el objetivo el proyecto establece un régimen especial de contratación administrativa para que el proceso sea más expedito y efectivo.
La piedra en el zapato
Luego del anuncio del Presidente Ejecutivo de Recope de transformar la institución en Ecoena los empresarios privados manifestaron su incomodidad.
Los industriales están de acuerdo en apoyar la descarbonización, ya que representa una oportunidad para el país, al tener acceso a energías como la geotérmica, la solar, los biocombustibles y la biomasa.
Estos últimos dos dan la posibilidad de reactivar áreas de siembra en zonas rurales y generar fuentes de empleo, según comentó a EF Carlos Montenegro, subdirector de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Sin embargo, no comparten la visión de que la entidad produzca o industrialice biocombustibles.
“El proyecto de ley insiste en poner a Recope a generar, producir e industrializar biocombustibles y otros combustibles alternativos. Eso es volver a Codesa, Codesa 2.0 el Estado metiéndose a actividades que puede desarrollar sector privado”, manifestó Montenegro.
La institución primero debería plantear políticas claras a mediano plazo con mecanismos que aseguren precios competitivos, para que después las universidades, los ministerios y otras instituciones puedan apoyar la estrategia, según Montenegro.
La iniciativa debutó en la corriente legislativa a pocos días de que entrara en vigencia el nuevo reglamento legislativo, por lo que su discusión podría ser más expedita.
Sin embargo, también llegó en medio del ruido que generó el anuncio de implementar gasolina con etanol a partir de mayo, como una de las acciones para bajar las emisiones de dióxido de carbono. Tras la polémica, el Poder Ejecutivo decidió echar marcha atrás al plan por un año.
