“El trámite es difícil, pero si no considerara que no podemos obtenerlo, no estaría en este puesto. Es como si le preguntaran al Machillo (Óscar Ramírez) que si considera que pueden pasar a la segunda ronda (del Mundial), yo creo que debería decir que sí”.
Esta es la esperanza que tiene el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, de aprobar el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas –conocido como reforma fiscal– antes de que finalice la actual administración.
Para la última legislatura, el Poder Ejecutivo se trazó una meta que parece casi utópica, no solo porque intentará dotar de una solución –en unos cuantos meses– a la crisis fiscal que vive el país, sino porque pretende conseguir 38 votos para enviar el proyecto a discusión por la vía rápida (208 bis) antes del 20 de diciembre.
Prácticamente está frente a una carrera de obstáculos y contrarreloj, pues todo acabará el lunes 30 de abril del 2018.
La iniciativa no tendrá un camino fácil, para empezar es necesario recordar que la actual administración se enfrenta a la Asamblea Legislativa más fraccionada de la historia y su tasa de éxito en la aprobación de proyectos convocados en sesiones extraordinarias, ha sido la más baja desde 1990.
El texto deberá sortear otros obstáculos como las vacaciones de los diputados (que salen el 22 de diciembre y regresan el 7 de enero), las elecciones presidenciales –con una posible segunda ronda– y los pocos meses que restan antes del cambio de gobierno.
Sin embargo, estos factores no frenan el ímpetu del Poder Ejecutivo que desde ya alista las negociaciones para superar el primer desafío: que la reforma tributaria se discuta por la vía rápida.
El gobierno apuesta por cuatro aspectos en el proyecto: dos que buscan ingresos para reducir el déficit fiscal en el corto plazo, mediante el impuesto de la renta y la creación del impuesto al valor agregado. Dos más que pretenden generar disciplina fiscal y mayor calidad en el gasto público, mediante una regla fiscal (que limitaría el gasto corriente) y una reforma a la ley de salarios públicos.
208 bis: condición básica
El futuro de esta reforma tributaria depende, fundamentalmente, del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, ya que este código permite darle un trámite rápido al proyecto en la Asamblea Legislativa. El Viceministro de la Presidencia admite que sin este proceso, la iniciativa “no va a salir”.
¿Pero qué pasaría si no se logra el 208 bis? La Reforma Tributaria tendría que seguir la vía ordinaria e ir a dos posibles comisiones: la jurídica o la hacendaria, pero no hay tiempo suficiente para este proceso.
EF realizó consultas con las diferentes bancadas para visualizar el panorama que deberá enfrentar este texto.
El Partido Liberación Nacional (PLN) –la fracción más grande de la Asamblea– prefiere analizar a profundidad la reforma antes de adelantar criterio. Karla Prendas, jefa de bancada, aseguró que los 18 diputados estudiarán el proyecto hasta enero, por lo que no ve factible que el Ejecutivo alcance la vía rápida en los próximos días.
Esta decisión del partido sorprendió a Javier Cambronero, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien calificó la situación como “cálculo electoral”. Según él, la posición de los verdiblancos no coincide con los acuerdos que se venían tejiendo.
"Lamento muchísimo el cálculo electoral con el que Antonio Álvarez Desanti hoy está diciendo que no pone los votos para el 208 bis. (...) Es un momento importante en el cual las damas y los caballeros debemos de honrar nuestra palabra y actuar, conforme se definió días atrás”, agregó.
La reciente decisión del partido liberacionista se trajo abajo el optimismo que mantenía la bancada oficialista para amarrar los 38 votos necesarios para la vía rápida.
Las reacciones de los diputados de oposición se dan en el contexto de un proceso electoral que inicialmente terminaría con las elecciones nacionales del próximo 4 de febrero.
El panorama se complica más cuando se le consulta al Movimiento Libertario (ML), al Frente Amplio (FA) y al Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), ya que estas agrupaciones no apoyarán el trámite especial. Ante esta decisión el Poder Ejecutivo pierde 12 votos.
Los libertarios consideran que la iniciativa debía modificar más pluses salariales para obtener una reforma más integral. Actualmente el proyecto de ley solo propone topes a los mayores salarios de la administración pública, un sistema de remuneración de salario único para jerarcas y la conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de excelencia.
Los frenteamplistas alegan que la reforma “no es un proyecto equitativo”, porque recae sobre la clase trabajadora. Gerardo Vargas considera que la Reforma Tributaria no debería analizarse en una “comisión apurada”.
Mientras que Óscar López del PASE, calificó al gobierno de “irresponsable” por intentar discutir el proyecto a mes y medio de las elecciones. “No es tiempo suficiente y han tenido tres años y medio para sentarse con mucha paciencia, con mucho tiempo con los líderes de la Asamblea Legislativa”.
Carmen Quesada, diputada independiente, afirmó que tampoco apoyará la aprobación de la discución por medio de la vía rápida.
¿Pero quiénes votarán a favor? El Poder Ejecutivo amarraría 21 votos con la bancada oficialista, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Alianza Demócrata Cristiana.
William Alvarado, jefe de fracción del PUSC, apoya el trámite pero asegura que el proceso electoral tendrá efectos sobre el proyecto. “He visto que algunos partidos han dejado de apoyar la propuesta por cálculo político en víspera de las próximas elecciones, a pesar de las consecuencias fiscales que puedan tener para el futuro nuestro país”.
Mario Redondo de Alianza Demócrata Costarricense, votará a favor de la vía rápida aunque no está de acuerdo con todos los contenidos de la propuesta.
Pero también hay quienes no han decidido su postura, los dos legisladores de Renovación Costarricense aún están “valorando la viabilidad política”. La misma situación se da con el diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, quien asegura que su voto dependerá de una conversación con el Gobierno –que aún no ha tenido– para aclarar ciertas preocupaciones.
Los diputados consultados que aún no han fijado su posición son 22: los tres del bloque cristiano, el independiende Morales Zapata y los 18 liberacionistas.
El diputado independiente Víctor Morales Zapata manifestó a EF que está a la espera de la información para tomar una decisión, ya que desea conocer los alcances del contenido antes de tomar partido. Al cierre de edición de esta nota, el diputado independiente Carlos Hernández no brindó su criterio.
Proyecto de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas
- Impuesto de Valor Agregado (IVA). Se aplicaría para la venta de bienes y la prestación de servicios, además de ampliar la base del impuesto. Esta medida permite migrar hacia un sistema de mayor neutralidad porque se grava el valor de cada etapa productiva hasta llegar al consumidor final (que es quien paga el tributo). El IVA sería de 13% y se establece una tarifa reducida del 4% para productos sensibles.
- Impuesto sobre la renta. Establece un cobro a las rentas y ganancias del capital. Se aplicaría una tarifa unificada del 15% como regla general y en casos específicos (como mutuales o cooperativas de ahorro y crédito) se fija una tarifa de 8% al rendimiento de los títulos emitidos. La medida eliminaría la dispersión tarifaria que existe actualmente. De aplicarse la modernización ambos impuestos recaudarían el 1,45% del PIB, (0,5% correspondería a renta y 0.95% a IVA).
- Regla fiscal. El proyecto de ley propone una regla fiscal que limitaría el crecimiento del gasto corriente, de acuerdo a la relación deuda del Gobierno Central con respecto al PIB. Esta abarcaría todo el sector público no financiero, con ciertas excepciones. Está diseñada para que a medida de que la relación deuda/PIB aumente, la restricción del crecimiento del gasto corriente sea mayor.El pasado jueves 30 de noviembre la Comisión de Regla Fiscal de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el expediente 20.179 que busca reformar los artículos 176 y 184 de la Constitución Política, para buscar equilibrio económico y presupuestario. Ambas reglas son distintas, la constitucional establece principios (es más general), mientras que la del proyecto de ley la detalla.
- Reforma a la ley de salarios públicos: Para hacer contención del gasto el Poder Ejecutivo propone cuatro modificaciones: dedicación exclusiva, prohibición, pasar de anualidad a evaluación periódica de desempeño y fija topes a los salarios de lujo.
Fuente: Proyecto consultado.
