De aquellos proyectos de ley que nacieron del informe emitido en enero a la presidenta Laura Chinchilla por seis expertos en gobernabilidad, solo uno se mueve en la Asamblea Legislativa.
Se trata de la reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional para modificar las potestades de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Los otros proyectos caminan tímidos hacia el olvido y se suman a la larga lista de asuntos frenados en el Parlamento.
Su futuro hoy no luce distinto del de casi todas las iniciativas generadas tras el análisis de una junta de notables.
Horizonte nublado
El plan de reformas a la Administración Pública apenas acaba de iniciar su trámite en una subcomisión de la Comisión de Gobierno y Administración.
Casa Presidencial mantiene pláticas para que los diputados que lo analizan lo liberen a más tardar a finales de este mes, para que el foro proceda a dictaminar.
Por otra parte, la iniciativa para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa no goza del consenso de los jefes de fracción, lo cual la inmoviliza, y las reformas a la Constitución Política, que plantean un régimen semiparlamentarista, deberán hacer una larga fila antes de que el Plenario aborde su debate.
Pese a ese panorama negativo, el Ministerio de la Presidencia ve factible que en los próximos meses los proyectos para mejorar la gobernanza tengan avance.
Empero, en Cuesta de Moras, las expectativas son otras.
Oposición con otra agenda
La oposición busca coronar una agenda de planes enfocada en resolver otros problemas del país, como la creación de un fideicomiso para construir la carretera San José-San Ramón, la ruptura del monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el marco para regular las investigaciones biomédicas, entre otros, lo cual le resta impulso a las iniciativas que rescatan 41 propuestas de los expertos.
Y si de tiempos legislativos se trata, al Poder Ejecutivo le quedan apenas cinco meses de sesiones extraordinarias, en total, para intentar el aval a los planes de reforma del Estado.
El panorama no es bueno. Eso lo sabía Zapote desde el principio; así lo intuyó la presidenta Chinchilla, quien envió un ultimátum a los diputados en febrero pasado, cuando mencionó la posibilidad de enviar a referéndum algunos de los planes de los notables.
Sin embargo, Casa Presidencial dejó ir ese chance de llamar al pueblo a las urnas, pues el Código Electoral establece la prohibición de convocar a referéndum seis meses antes y seis después de las elecciones presidenciales.
A pesar de que restan ocho meses para los comicios, el trámite que conlleva una eventual convocatoria a referéndum hace inviable cumplir con los tiempos estipulados.
Además, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, reconoció que al resolver el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la imposibilidad de someter a consulta popular las reformas al reglamento de la Asamblea, la idea perdió atractivo.
Para el politólogo y exmiembro de la junta de notables, Constantino Urcuyo, los temas no han avanzado por razones políticas.
El experto cree que la Presidenta no goza del capital político suficiente para invertirlo en convencer al pueblo sobre las bondades de las reformas y su impacto positivo a la hora de que quien gobierna tome las decisiones.
Herencia
Todos los elementos apuntan a que la reforma estatal propuesta por los notables será heredada al próximo Gobierno.
Johnny Araya, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), quien encabeza las encuestas de preferencia electoral, dijo que estaría en disposición de rescatar algunas de las propuestas en caso de ganar las elecciones presidenciales de febrero.
El político destacó que comparte la urgencia de aprobar las reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional , los cambios al reglamento legislativo y las modificaciones a la Ley de Contratación Administrativa , donde se incluye agilizar las expropiaciones.
De lado, el candidato deja recomendaciones como aumentar el número de diputados y pasar a un sistema semiparlamentarista.
Las ideas de los notables podrían tener una nueva oportunidad durante la campaña política venidera, vaticinó Araya. No obstante, hoy su camino más probable es el olvido, hasta que otro político vuelva a desempolvarlas.
Ideas notables
Poder Judicial: Crear tribunales de Amparo y Hábeas Corpus para que Sala Constitucional se concentre en acciones y consultas de constitucionalidad.
Asamblea Legislativa: Reformar el Reglamento Interno para ampliar los periodos de sesiones legislativa a seis meses cada uno y cambiar la fecha de inicio de las sesiones extraordinarias de diciembre a mayo. Limitar los tiempos que tienen los diputados para intervenir en los debates.
Poder Ejecutivo: Fortalecer figura del Ministro de la Presidencia, darle la potestad de definir hasta tres proyectos como prioritarios en sesiones extraordinarias para que se sometan a votación a más tardar en tres meses.
Administración Pública: La Contraloría General de la República hará controles ex post, no ex ante, salvo en materia de control de la Hacienda Pública. Eliminar las juntas directivas de las instituciones autónomas y fortalecer a su presidente ejecutivo y gerencias.
Fuente Informe de los notables.