Desde finales de abril de 2026 empezó a regir la obligación de movilizar el ganado con arete oficial y guía digital, y las autoridades advirtieron que, una vez vencidas las prórrogas, los animales sin identificación no podrán salir de la finca ni ingresar a subastas o mataderos. Productores y actores del sector reportan que, en los primeros días, varias subastas redujeron drásticamente su operación, lo que motivó una prórroga hasta octubre de 2026.
Pero la trazabilidad bovina no es solo un tema agropecuario. Es, también, una herramienta anticrimen que el Estado lleva años intentando activar, con resistencia y tropiezos incluidos.
El areteo es un sistema que consiste en colocar a cada bovino —vacas, toros, terneros y búfalos— dos dispositivos: un arete electrónico con chip RFID que almacena un código único, y una paleta o bandera visual que permite identificar el animal a simple vista. Ambos quedan vinculados a la plataforma digital Trazar Agro, administrada por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) con apoyo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Cada movimiento del animal —nacimiento, traspaso de finca, ingreso a subasta, salida al matadero— queda registrado digitalmente. El sistema responde, en teoría, tres preguntas básicas sobre cualquier res en el hato nacional: ¿dónde nació?, ¿por dónde se movió?, ¿dónde terminó?
Costa Rica tiene alrededor de 1,5 millones de cabezas de ganado bovino, según las últimas encuestas agropecuarias. A mayo de 2026, autoridades y gremios coinciden en que una parte significativa del hato ya estaba identificada, pero todavía quedaba un número importante de animales pendientes de aretear, lo que explica tanto la prórroga como la tensión política acumulada.
Una deuda de décadas con el sector y con los mercados
La trazabilidad bovina es una exigencia de los mercados internacionales y un requisito sanitario que países como Uruguay, Australia o los miembros de la Unión Europea que ya tienen operativo desde hace dos décadas. Sin un sistema que garantice el origen y el historial sanitario de cada animal, la carne costarricense compite en desventaja frente a productores que sí pueden documentar su cadena de custodia.
El proyecto se formalizó con el Decreto Ejecutivo 44336-MAG-S-SP-MOPT, que estableció el sistema como obligatorio y fijó plazos de implementación.
La implementación ha sido un campo de batalla. Los ganaderos —especialmente los pequeños y medianos productores— reclaman que el proceso fue diseñado sin considerar las realidades del sector: zonas rurales sin conectividad estable, plataformas digitales que colapsaron en los primeros días de uso intensivo, escasez de aretes disponibles y falta de técnicos de Senasa para atender la demanda en tiempo y forma.
La Corporación Ganadera (Corfoga) solicitó en marzo de 2026 una prórroga de nueve meses, documentando el riesgo de pérdidas masivas para productores que no podían comercializar su ganado. La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur fue más directa: denunció que había productores con camiones listos, pero sin servicio de areteo disponible del Senasa. El diputado del PLN Ronald Campos Villegas advirtió que el decreto estaba “asfixiando” a miles de familias productoras y llamó a abrir una mesa técnica nacional.
El precio del arete varía según el tamaño del hato. Para los productores con menos de 25 animales el costo es gratuito (el Estado asume el precio) y para productores con más de 25 animales el dispositivo tiene un valor aproximado de ₡1.500 por animal (el juego completo: arete electrónico RFID + paleta visual).
Así, para un hato mediano de unos 200 animales el costo total rondaría los ₡300.000, lo que no es trivial para un productor pequeño, especialmente cuando se suma al costo de la mano de obra para el areteo.
Detrás de la resistencia también hay una desconfianza profunda: muchos ganaderos temen que el sistema sea el preludio de nuevos impuestos a la actividad ganadera, lo que ha alimentado la oposición desde las bases.
¿Qué tiene que ver el lavado de dinero?
El lavado de dinero es la razón de fondo que convierte el areteo en un asunto de seguridad nacional y no solo de política agropecuaria.
Durante años, las subastas ganaderas operaron en un vacío regulatorio: no estaban obligadas a identificar a sus clientes, registrar sus transacciones ni reportar operaciones sospechosas, a diferencia de bancos, joyerías, casinos o agencias de bienes raíces. Esa ausencia de controles las convirtió en un canal privilegiado para lavar dinero del narcotráfico.
El esquema es sencillo y eficiente: se compran reses en subasta con efectivo proveniente de actividades ilícitas, el ganado se engorda en una finca durante meses y luego se vende de nuevo en subasta. El dinero que regresa parece legítimo —producto de la ganadería— y puede ingresar al sistema financiero sin levantar sospechas. El Instituto de Control de Drogas (ICD) detectó el patrón desde 2018.
Los números son elocuentes. Informes del ICD han señalado que la compraventa de ganado ha sido utilizada por organizaciones criminales para lavar importantes sumas de dinero, aprovechando la falta de controles históricos en el sector. Entre 2019 y 2024 las autoridades han incautado miles de reses vinculadas a organizaciones criminales, con un valor conjunto que se mide en miles de millones de colones, según reportes del ICD y del Ministerio Público.
Dos casos judiciales lo ilustran con crudeza. El caso conocido como “Venus” destapó una red que usaba subastas en la zona de Bagaces para legitimar capitales del narcotráfico, donde en los allanamientos se decomisaron reses, vehículos de lujo, joyas y efectivo. En el caso conocido como “Fénix”, el Ministerio Público investigó una estructura de lavado con base en Pérez Zeledón que habría movilizado decenas de millones de dólares, parte de ellos invertidos en ganado y caballos finos. Las incautaciones superaron los ₡5.000 millones.
Dos proyectos de ley que cierran el círculo
El areteo por sí solo no resuelve el problema: identificar al animal no identifica necesariamente al dinero detrás de la transacción. Por eso el gobierno de Rodrigo Chaves presentó en paralelo dos iniciativas legislativas.
El Expediente 24.746 (de diciembre del 2024) propone obligar a las subastas ganaderas a inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), verificar la identidad de sus clientes y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
El Expediente 25.129 (de agosto del 2025) va más lejos: incorpora a las subastas y a las agencias de compraventa de vehículos como sujetos obligados dentro de la Ley de Estupefacientes 7786, en línea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También busca limitar el uso de efectivo en transacciones ganaderas.
Juntos, el areteo y estas leyes configuran un sistema de trazabilidad no solo del animal, sino del dinero que lo acompaña.
El tiempo dirá si octubre de 2026 será, esta vez, la fecha definitiva para que la situación actual cambie.
