EscucharEl gobierno de Estados Unidos anunció la inclusión de Costa Rica en un perímetro de seguridad denominado Gran Norteamérica. La administración de Donald Trump trazó esta delimitación de defensa con Groenlandia como punto de partida, llegando hasta Ecuador.
El mapa de Washington agrupa a las naciones al norte de la línea ecuatorial en una zona de vigilancia. En esta división, si bien la geografía del continente se mantiene sin variaciones, el esquema de la Casa Blanca cambia las líneas de control.
El secretario de Guerra de la administración Trump, Pete Hegseth, presentó la política en la ciudad de Miami e inmediatamente la decisión de la potencia generó cuestionamientos sobre los niveles de soberanía y los compromisos que tendrían que adquirir las instituciones de los países parte.
Estas implicaciones abarcan desde temas legales, hasta despliegues en cuerpos policiales.
El plan de Washington lo que busca es el freno del tráfico de drogas de las redes de crimen organizado que usan rutas de comercio hacia los Estados Unidos, pasando por estos territorios. Para ello, el discurso de Hegseth habla de una coalición militar que neutralice a las organizaciones narcotraficantes.
Sin embargo, Costa Rica carece de fuerzas de ejército por mandato de la Constitución Política desde hace décadas, así la figura de una coalición de milicias generaría roces con la legislación nacional, lo que ya despierta debates de legalidad en algunos grupos de ciudadanos.
Legalidad y “Doctrina Donroe”
El contexto de esta política de Estados Unidos tiene antecedentes en el acuerdo del Escudo de las Américas: este pacto, firmado el pasado marzo, estableció compromisos de seguridad entre el presidente Rodrigo Chaves y la administración de Trump a los que diputados y opositores ya les presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Los documentos de reclamo señalan un proceso de militarización del país a raíz de la firma de los acuerdos. Las acciones en los tribunales cuestionan la pérdida de control de las operaciones de policía.
Los magistrados ahora tienen la tarea de revisar los textos de los acuerdos para verificar el respeto a los principios de paz de la Constitución Política.
Por su parte, también se cuestiona si la pertenencia en la Gran Norteamérica obligaría a la coordinación de acciones de vigilancia con agencias de Washington.
La potencia del norte también busca el bloqueo de la entrada de actores externos a la región a esta parte del planeta.
Hegseth nombró esta estrategia de control con el término de Doctrina Donroe. La directriz retoma los estatutos de la Doctrina Monroe del siglo XIX para reafirmar los dominios de Estados Unidos en toda la región de América.
“Ninguna potencia externa interferirá en este hemisferio. El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe”, indicó Hegseth. Esa directriz busca, directamente, la contención de influencia de China y Rusia en los países de la zona de delimitación.
Por su parte, la vigilancia de puntos de tránsito de bienes comerciales también figura en la lista de prioridades de la Casa Blanca: el secretario de Guerra mencionó el Canal de Panamá y a las naciones alrededor como un asunto de interés para Estados Unidos.
Esa presión de Washington se traduce en la revisión de negocios de tecnología y de infraestructura con firmas de Asia. Las autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, rechazan la instalación de cables de comunicación de corporaciones de China en esta región.
A todo esto, el vínculo cercano que ha demostrado el gobierno de Rodrigo Chaves con la administración Trump apunta a tener continuidad con la llegada al poder de la presidenta electa Laura Fernández.
Así, si bien se descarta una anexión de territorios al sur de la frontera de Estados Unidos, el mapa de la Gran Norteamérica persigue la reafirmación de un área de influencia y envía un mensaje de disuasión a gobiernos de otras latitudes.
Acuerdos para contener los flujos migrantes
La pertenencia a la zona de seguridad de Washington también se vincula con el manejo de la migración de los flujos de personas que transitan el continente, camino a Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Costa Rica ya asumió labores de barrera de contención para estos individuos.
El país también firmó memorandos de entendimiento con el norte para autorizar vuelos de deportación, esto permite el traslado extranjeros desde ese territorio hacia suelo nacional.
La representante de la Casa Blanca para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, visitó Costa Rica en días pasados. La funcionaria destacó la disposición de San José para ejecutar los retornos de migrantes, como parte del camino de la diplomacia estadounidense que busca socios con alineación de ideas que le permitan llevar acabo esos planes.
Réplicas en Suramérica
La políticas de la presidencia de Trump replican acuerdos de control de migración en países de Suramérica. Ecuador, por ejemplo, ingresó al mapa de la Gran Norteamérica tras firmar de figuras de tercer país de seguridad con el gobierno de Estados Unidos.
Daniel Noboa argumentó que estos trabajos conjuntos países procuran la protección del hemisferio e intentó aplacar las críticas de los sectores opuestos al negar una sumisión a los mandatos de Washington.
Estas alianzas de defensa, sin embargo, sí reconfiguran los roles de las naciones en la política exterior dejando a Costa Rica con nuevas tareas de control, bajo un contexto complejo de relaciones internacionales y el análisis de los tribunales de justicia local.
