EscucharEl expediente 23.908 de la Asamblea Legislativa, presentado en agosto del 2023, plantea una reforma legal para obligar a los bancos de Costa Rica a devolver el dinero a sus víctimas, en casos de estafa.
El diputado impulsor de la propuesta, denominada Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero, es Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional (PLN). El legislador aseguró en abril que la iniciativa se analizaría el 10 de ese mes.
Sin embargo y a la fecha, poco se ha escuchado sobre el estado de este proyecto, por lo que El Financiero se dio a la tarea de consultar qué ha ocurrido con este documento, su futuro y planteamientos.
Modificaciones en espera
Según comentó Izquierdo a este medio el pasado 26 de junio, el texto requiere de varias modificaciones que continúan a la espera, puesto que su análisis aún no es posible al no estar convocado dentro de la agenda legislativa.
“La posición siempre sido en defensa de las personas estafadas, por lo que el texto que finalmente quedó aprobado después del segundo día de mociones 137, requiere mejoras”, dijo.
En el sistema legislativo costarricense, cuando un proyecto de ley no está convocado por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias o no tiene prioridad en las ordinarias, los diputados no pueden debatirlo, modificarlo ni votarlo. Por esta razón, deben esperar su convocatoria.
¿Qué propone el proyecto?
El expediente pide modificar tres leyes para favorecer la indemnización de víctimas cuando son estafadas y se les robe dinero de su cuenta bancaria. A continuación, le explicamos cada una.
- Ley 7472 de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor
El cambio principal es en artículo 35 para establecer la responsabilidad objetiva y solidaria de las entidades bancarias o financieras (públicas o privadas) que custodian el dinero de los clientes.
Esto significa que estas serán responsables de los daños o pérdidas económicas sufridas por los consumidores, debido a la sustracción de dinero o patrimonio de sus cuentas, incluso si un tercero ilegítimo no autorizado por el titular de la cuenta es el causante, e independientemente del método usado para la sustracción.
- Ley 6227 General de la Administración Pública
El proyecto también busca reformar el artículo 298 de esta ley. La modificación propuesta pide que, en los casos relacionados con la defensa del consumidor, el ambiente y los fraudes electrónicos personales o de cualquier tipo en entidades bancarias o similares, se aplique la inversión de la carga de la prueba a favor de las personas afectadas.
Esto significa que, en lugar de que el consumidor estafado deba probar la negligencia del banco, será la entidad bancaria la que deba demostrar que actuó correctamente.
- Ley 9342 del Código Procesal Civil
El proyecto propone reformar el artículo 41.1 del Código Procesal Civil que define la carga de la prueba.
Similar a la reforma de la Ley General de la Administración Pública, aquí se añadiría una disposición para que tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, la carga de la prueba se invierta a favor de las personas afectadas.
Oposición de las entidades bancarias
El pasado 4 de abril la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó, a través de un comunicado, su inconformidad con el proyecto de ley.
A su juicio, esta iniciativa obligaría a los bancos a asumir automáticamente las pérdidas sufridas por los clientes, aunque las entidad hayan aplicado todas las medidas de seguridad disponibles para prevenir los delitos.
“El proyecto de ley adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos. En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a los bancos. Lo planteado, al exigir que el banco pague, abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas y favorecería, en la práctica, el financiamiento de las estructuras criminales” indicó Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
Cubero afirmó, además, que aprobar la ley podría fomentar nuevas maniobras criminales, ya que algunas personas podrían fingir ser víctimas de estafa para reclamar reembolsos y luego compartir el dinero con los delincuentes.
“Si los bancos terminan asumiendo por norma las pérdidas derivadas de estafas, eso inevitablemente se reflejará en menores tasas para los ahorrantes y tasas más elevadas para los deudores, en perjuicio de toda la clientela y de la economía en general”, agregó.
Adicionalmente, cuestionó la constitucionalidad de la propuesta, al considerar que no equilibra adecuadamente las responsabilidades entre las instituciones financieras y los usuarios en el uso de servicios digitales.
Ante estas aseveraciones, Izquierdo respondió que “no resulta lógico que los bancos continúen en esta posición. Ellos reciben dinero para custodiarlo. Si alguien sufre una estafa, la responsabilidad debe recaer en quien prometió resguardar esos fondos”.
Sin embargo, la opinión de Cubero cambió para julio, cuando dijo a este medio apoyar el proyecto de ley para cambiar la legislación vigente en torno a estos delitos. Además, enfatizó la necesidad de introducir cambios para establecer excepciones al principio de responsabilidad absoluta de las entidades financieras, pues teme los casos de culpa grave del cliente o autofraude.
“Se ha buscado incluir un procedimiento de investigación por parte de las entidades financieras para que, dentro de un periodo perentorio y razonable, digamos de unos 30 días naturales, puedan determinar si hubo algún nivel de dolo o culpa grave por parte del cliente, con las evidencias que confirmen dicha conclusión”, añadió.
Si esas evidencias existieran, el asunto pasaría a vía judicial. En caso contrario, las instituciones asumirían la responsabilidad.
Afectados a la expectativa
Entretanto, los afectados urgen una solución e instan el avance del proyecto de ley. Estas personas se unieron para formar la Asociación Víctimas de Estafa, la cual cuenta con la representación legal de la abogada Carmen Rojas.
Rojas, en una entrevista con este medio realizada el 29 de mayo, explicó que la modificación a los tres artículos planteados vendría a solucionar cientos de casos donde los delincuentes extrajeron los fondos de los clientes y los dejaron sin nada.
Contrario a la creencia de que las estafas bancarias afectan principalmente a adultos mayores, la abogada aseguró que en el movimiento predominan personas jóvenes y profesionales.
“Tenemos casos de médicos, abogados, ingenieros, catedráticos universitarios e incluso diputados”, dijo.
Además, advirtió que las consecuencias van más allá de una pérdida económica, pues los casos donde el impacto asciende hasta convertirse en un perjuicio a la salud y la vida, no son aislados.
“La gente queda sin salud emocional, con ansiedad, enfermedades nuevas o reactivadas, como herpes o cáncer. Algunos han muerto por la desesperación: uno murió de un infarto después de ser estafado y otra compañera quedó viuda porque su esposo no soportó la pérdida”, contó.
Para Rojas, el protocolo que hoy aplican los bancos es ineficiente y termina por “castigar” a los afectados. En la práctica, afirmó que los bancos obligan a los estafados a denunciar primero en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “lo que demora la atención y casi nunca lleva a la recuperación del dinero”.
Según datos internos de la Asociación, aunque no representan la totalidad de víctimas en el país y corresponden únicamente a las personas pertenecientes al grupo, son los bancos públicos quienes encabezan la lista con mayores víctimas.
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) concentra 148 afectados, seguido por el Banco de Costa Rica (BCR) con 49 y el Banco Popular (BP) con 44.
En el sector privado, reportan cinco casos en BAC Credomatic, cuatro en Grupo Mutual Alajuela y dos en Scotiabank y en Caja de Ande. Finalmente, de Davivienda y Promerica reportan un caso cada uno.
