Días antes de ser despedido como canciller de Costa Rica, Manuel Tovar aseguró un nuevo posicionamiento del Gobierno frente a Cuba: la ruptura de las relaciones diplomáticas.
La declaración ocurrió seis meses después del cierre de la embajada costarricense en La Habana y sin que las autoridades cubanas hubieran sido notificadas formalmente de la decisión. Desde la isla, el Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó a las palabras del ahora excanciller y señaló que nunca había recibido una comunicación oficial sobre el rompimiento de los vínculos diplomáticos.
La secuencia dejó expuesta una diferencia entre el anuncio político de una ruptura y su ejecución diplomática. El cierre de una embajada, el retiro de personal y la ruptura formal de relaciones son medidas distintas, con procedimientos y efectos propios; sin embargo, esos pasos no quedaron comunicados públicamente de manera clara por el Gobierno costarricense.
La falta de una notificación formal a La Habana, si se confirma la versión de la Cancillería cubana, refuerza esa incertidumbre. Gerald Solano, académico e investigador de la cátedra de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la Universidad Nacional (UNA), y Carlos Murillo, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), coinciden en que el cierre de una misión no equivale automáticamente a una ruptura de vínculos entre Estados.
A esto se añade otro elemento: Tovar hizo pública la ruptura después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Marco Rubio, quien, al igual que el presidente Donald Trump, ha cuestionado la política del Gobierno cubano. La coincidencia no demuestra que Washington haya influido en la decisión, pero sí facilitó la lectura de La Habana de que Costa Rica se alineó con la administración Trump. El momento de la declaración llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a acusar a Costa Rica de “servilismo” hacia la administración Trump.

Cierre sin ruptura oficial
El pasado 18 de marzo, Costa Rica cerró su embajada en La Habana. En ese momento, el entonces presidente Rodrigo Chaves afirmó que el país “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas (...)”.
Como parte de la medida, el Gobierno costarricense solicitó a la Cancillería cubana retirar a su personal diplomático de San José, con excepción de los funcionarios consulares. La permanencia de funciones consulares y la ausencia, en ese momento, de un anuncio de ruptura mostraban que Costa Rica había reducido su presencia diplomática, no que hubiera puesto fin formal a la relación bilateral.
Murillo explicó que existen tres niveles de distanciamiento en las relaciones diplomáticas: reducir el nivel de la misión, cerrar la misión sin romper las relaciones y, finalmente, concretar la ruptura total de los vínculos entre ambos Estados.
La medida adoptada en marzo encajaba en el segundo de esos escenarios: el cierre de la embajada costarricense redujo el nivel de la relación con Cuba, pero no significó por sí solo su rompimiento inmediato.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en el marco de las Naciones Unidas (ONU), contempla que la retirada de una misión puede responder a razones como dificultades económicas o riesgos para la seguridad física de sus integrantes. Una ruptura de relaciones, en cambio, implica una decisión política y diplomática distinta, que debe ser comunicada a la contraparte para que produzca sus efectos institucionales.
“Hay que comunicarlo por una cuestión elemental de que la otra parte sepa que ya no se mantienen relaciones diplomáticas”, enfatizó Murillo.
Anuncio de ruptura y desorganización
La confirmación pública de que Costa Rica consideraba rotas sus relaciones con Cuba se conoció el 17 de setiembre, a través de una publicación de The Miami Herald. Tovar hizo las declaraciones después de sostener una reunión con Rubio.
El entonces canciller manifestó al medio que “Costa Rica ya no se prestará a legitimar un régimen tiránico y despótico que ha privado a su pueblo de la libertad más fundamental de una democracia”.
La afirmación tomó por sorpresa a las autoridades cubanas, que aseguraron no haber recibido una notificación formal sobre el supuesto rompimiento de las relaciones. El contraste entre la declaración pública de Tovar y la reacción de La Habana dejó abierta la pregunta de si la decisión ya había sido formalizada por los canales diplomáticos correspondientes o si el anuncio se adelantó a ese procedimiento.
El episodio no permite establecer, por sí solo, quién tomó la decisión ni cómo se procesó internamente. Pero sí muestra que el Gobierno no hizo público un itinerario institucional claro entre el cierre de la embajada, el retiro de personal y el anuncio de una ruptura. Según Solano, la Convención de Viena permite reducir el nivel de las relaciones mediante el cierre de una misión o el retiro de personal diplomático sin que ello implique, automáticamente, una ruptura.
El episodio también abrió una segunda discusión: la posible influencia de Washington en la decisión costarricense. La Cancillería cubana cuestionó públicamente el papel de Estados Unidos y acusó a Costa Rica de actuar bajo presión de la administración Trump. Tovar rechazó ese señalamiento.
No existe evidencia pública que permita concluir que Estados Unidos presionó a Costa Rica para romper relaciones con Cuba. Sin embargo, el momento elegido para comunicar la decisión —inmediatamente después del encuentro de Tovar con Rubio— permitió que la controversia se desplazara desde el fondo de la posición costarricense hacia la autonomía con que el país ejecutó y comunicó su giro diplomático. La declaración ocurrió en un contexto en el que Washington mantiene una posición abiertamente crítica hacia el Gobierno cubano.
Así, más allá del fondo de la decisión de Costa Rica respecto a Cuba, el episodio deja expuesto otro asunto: la distancia entre una posición política anunciada y una ejecución diplomática que, al menos públicamente, no siguió una ruta transparente. El cierre de una embajada, el retiro de personal y la ruptura de relaciones son medidas distintas, con efectos diplomáticos diferentes. La confusión no está únicamente en cuál de esas medidas adoptó Costa Rica, sino en que el Gobierno no explicó con claridad cuándo pasó de una a otra ni cómo formalizó ese cambio ante Cuba.

