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Después de unas agitadas elecciones el presidente Carlos Alvarado comenzó su mandato con una agenda monotemática: sanear las finanzas públicas. La consigna, aunque era vital para garantizar la estabilidad del país, dio al traste con el pacto establecido por la administración Solís Rivera con los sectores sindicales.
Una ruptura en la paz social fue la consecuencia inmediata del divorcio entre el Ejecutivo y los sindicatos; y en los primeros ochos meses el mandatario enfrentó 389 acciones colectivas, de acuerdo al más reciente estudio del Programa del Estado de la Nación (PEN).
Pero mientras los manifestantes desfilaban por las calles y se apostaban en las afueras de la Asamblea Legislativa, la voluntad política se mantuvo. Los diputados aprobaron 117 leyes durante el primer año de labores; de las cuales 36 son sustantivas, es decir, que tienen impacto en el desarrollo humano del país.
Una de ellas fue la aprobación en segundo debate de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), un logro histórico ya que durante 16 años sus predecesoras nunca superaron el tamiz de la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional.
Cuesta arriba
El presidente Alvarado debutó en el poder con el peor panorama de gobernanza. No existió luna de miel con los sectores sociales al comprometerse con el saneamiento de las finanzas públicas.
Las huelgas fueron el común denominador y setiembre fue el punto álgido pues se llevaron a cabo 161 movimientos sociales. Este episodio es considerado como el cuarto movimiento de protesta más grande desde 1992 detrás de la huelga de maestros de 1995, el Combo del ICE (2000) y la resistencia a la apertura de Riteve (2004).
De las 389 acciones sociales que enfrentó el actual gobierno, 220 (56%) fueron reacciones al trámite legislativo de la reforma fiscal, según el PEN.
“Durante la administración de Solís hay una alianza clara entre el gobierno y los sindicatos y no hubo acciones desde el Gobierno que rompieran ese pacto. Eso hizo que el 2017 fuera el año de menor protesta desde 1992”, manifestó Ronald Alfaro, investigador del PEN.
En el 2017 solo se contabilizaron 176 protestas sociales y si se comparan con las 389 acciones sociales que enfrentó esta administración en ocho meses de gobierno el incremento es del 121%.
Dictar una agenda de temas sustantivos que contemplan la reforma fiscal, cambios en empleo público y el ordenamiento institucional generó molestias entre algunos sectores de la sociedad, según la analista Argentina Artavia.
Entrar a gobernar en un escenario polarizado y con la reforma fiscal como prioridad para el primer año de gobierno, desgastó el capital político del presidente en cuestión de meses, según Constantino Urcuyo, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En promedio el 31% de los ciudadanos opinan favorablemente sobre la gestión del presidente, de acuerdo a tres mediciones realizadas por el PEN.
La paradoja
Además del difícil panorama de gobernanza el Ejecutivo enfrentó un Congreso lleno de particularidades con un parlamento con una mayor representación de partidos confesionales evangélicos; además de un limitado margen de maniobra a lo interno pues Alvarado ostenta la fracción oficialista más pequeña que algún Gobierno haya tenido.
No obstante el Poder Ejecutivo disfrutó de resultados inesperados; en el primer año de labores –de mayo de 2018 a abril de 2019– la Asamblea Legislativa aprobó 117 leyes.
Esta legislatura fue la que aprobó más normas sustantivas desde 1986 durante el primer año de gestión, según concluyó el PEN.
Algunas de las legislaciones aprobadas durante este periodo fueron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), la Ley Pérdida de Credencial de Diputado por violación al Principio de Probidad (9.571) y la Ley de Justicia Restaurativa (9.582).
Además los congresistas reflejaron el compromiso con la situación fiscal del país al disminuir la aprobación de leyes sin sustento económico –que no especifican de dónde se obtienen los recursos–, en este caso el peso fue del 22% sobre el total, el más bajo desde 1990.
A pesar de las constantes protestas el legislativo demostró un alto grado de coherencia y voluntad política, comportamiento que no se vio en administraciones pasadas, según Artavia.
“Esto refleja el aire institucional que tiene Costa Rica para resolver temas que en este momento en otras partes de América Latina han crispado la conflictividad y el panorama social de países como Chile, por ejemplo”, agregó.
Durante el primer año de administración el Poder Ejecutivo aprobó 390 decretos de los cuales 109 fueron de alto alcance –que inciden en la condición de vida de la población–.
Algunos de ellos fueron el Reglamento para el Reconocimiento de los Derechos Migratorios a Parejas del Mismo Sexo, el Reglamento de la Canasta Básica Tributaria y la Reforma al Reglamento General a la Ley Gestión Integral de Residuos.
