Rodrigo Chaves tenía poco tiempo de haber asumido la presidencia cuando presentó varias medidas para reducir el precio de uno de los productos más consumidos en Costa Rica: el arroz. Mediante dos decretos, el mandatario se comprometió a bajar el precio de este grano.
En agosto de 2022 entraron a regir las acciones que eliminaban el precio mínimo de este producto y otro plan para reducir los aranceles al importar este producto que pasaban de 35% a 3,5%, en el caso del arroz con cáscara, y a 4% para el arroz pilado.
Un arancel es un impuesto a un producto importado y pretende justamente establecer una barrera económica para incentivar la producción interna.
Hace algunos días, el Tribunal Contencioso Administrativo dejó sin efecto este decreto al considerar que se estaba perjudicando en exceso al productor nacional y por otro lado, que la rebaja en el precio no era percibida por los consumidores.
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El Financiero revisó los datos de importación de este grano básico —proporcionados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer)— para analizar cuánto había cambiado el panorama tras la disminución de los aranceles. Precisamente el 2023 fue el único año completo donde se aplicó esta ventaja para las importaciones .
Durante el año pasado ingresaron al país 306.912 toneladas de este producto, tanto pilado como con cáscara, mientras que en 2022 la cifra fue de 151.823 toneladas. En otras palabras, en un año, la cantidad de producto importado creció un 102%.
La mayor cantidad de grano ingresó durante el primer y tercer trimestre del 2023. En esos periodos las importaciones superaron las 90.000 toneladas.
En el siguiente gráfico repasamos los datos de importaciones de los últimos años.
¿De donde provino el arroz?
Tradicionalmente el arroz que Costa Rica importa proviene de América del Sur y al analizar las cifras es posible notar que esta dependencia ha crecido. Por ejemplo, el año pasado arribaron 297.123 toneladas provenientes del sur del continente esto representa un 96,8% del total. La cantidad restante llegó de Centroamérica con 9.788 toneladas y de Europa arribaron 0,1 toneladas.
En 2019 fue el periodo donde se mostró un poco más de balance en los mercados emisores del grano. El año anterior a la pandemia, Costa Rica importó 150.748 toneladas de ambos tipos de arroz y en ese momento la mitad vino de Sudamérica y prácticamente el otro 50% vino de América del Norte.
Factura arrocera
Ante una mayor importación de producto, también crece la cantidad de dinero que se pagó por el arroz. De acuerdo con Procomer, el año pasado se pagaron $139 millones, mientras que un año antes fue de $61,4 millones.
El valor de las importaciones creció un 126% en doce meses.
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En el siguiente gráfico presentamos cómo ha crecido la facturación por importación de arroz en el último lustro.
Por otra parte, el 2024 inició con la factura más alta en importaciones en los últimos años. Solo en enero -último dato disponible en el sitio de Procomer- se registraron compras por $11,9 millones, mientras que en 2023 en ese mismo mes fueron de $10,6 millones.
Ahora, con la resolución del Tribunal, posiblemente las importaciones se enfríen puesto que nuevamente subirán los aranceles al 35%.
“Por ahora tenemos importantes inventarios que seguiremos vendiendo al consumidor con los precios que tienen en la actualidad, pero dentro de unas semanas cuando hagamos las nuevas compras, reflejarán los costos más elevados”, dijo Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama.
En pugna
Datos de Conarroz muestran que desde que se implementó la Ruta del Arroz la producción nacional ha disminuido, no solo en cantidad de agricultores sino también en área cultivada. Por ejemplo, previo a la aplicación de estas medidas se cultivaban 35.300 hectáreas del grano, actualmente cayeron a 14.300, mientras que los productores en los últimos 18 meses pasaron de 534 a 203.
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Del lado gubernamental, el presidente Chaves, anunció que la situación del arroz “no se va a quedar así” y anunció que utilizarán las vías legales disponibles para que la disminución de aranceles se mantenga vigente.
Al tratarse de una medida cautelar, esta puede apelarse, es decir no es una acción definitiva. Sin embargo, el proceso judicial puede tardar varios años en resolverse.
