El Ministerio de Obras Públicas y Transportes echa poco a poco al olvido la polémica contra Uber.
Hace un mes, la Policía de Tránsito anunciaba en redes sociales y en comunicados de prensa que ya había logrado sancionar a choferes de esta plataforma tecnológica, que pone en contacto a choferes y pasajeros.
La empresa anunció inicio de operaciones el 21 de agosto y el mismo día la dirección de Policía de Tránsito anunciaba la detención de dos vehículos por operar bajo esta modalidad, a la que el Gobierno califica como ilegal.
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Esta semana, EF pidió los datos sobre los choferes multados hasta este 25 de setiembre pero, en un correo electrónico, la institución indicó que las cifras no se recaban con ese nivel de detalle.
"Del 1 de enero al 31 de agosto del 2015 se contabilizan 4.711 sanciones aplicadas por servicio publico ilegal", comunicó la institución.
El viceministro de Transportes Sebastián Urbina habló brevemente sobre este tema, a pesar de haber advertido previamente que no se referiría más a Uber.
¿Cuál es la razón por la cual no quiere dar más declaraciones sobre Uber?
No hay nada más que decir. Ya he dado todas las declaraciones. Ya hemos dicho que es un esquema ilegal y no ha cambiado nada.
Hablemos de aplicaciones que llegan y se enfrentan con la ley. En Estados Unidos y en la India hay otras que no se llaman Uber. Entran en los países sin importar si hay leyes que los prohíban o no. En la Ciudad de México los han incluido dentro de las regulaciones y con sus aportes crean un fondo para mejorar el transporte público. ¿Existen posibilidades de que el Gobierno los regule?
Eso es decisión de la Asamblea Legislativa, si quiere cambiarlo o no. No es nuestro trabajo.
Pero el Gobierno puede enviar proyectos de ley y eso podría beneficiar al transporte público.
En este momento no estamos mandando ningún proyecto de ley en este sentido.
Usted decía en un artículo publicado en El Financiero que el modelo actual de taxis es ineficiente y estas aplicaciones vuelven el servicio mucho más eficiente. ¿No resuelven el problema?
Hay que diferenciarlo. Una aplicación que rompe con la ineficiencia del mercado para buscar un taxi es una cosa. Ahí hay una ineficiencia y se puede aplicar tecnología e innovación. Otra cosa es la utilización de vehículos privados para dar un servicio público. Esas son totalmente diferentes discusiones.
Ahí hay muchos otros temas importantes: el seguro que se está dando, por ejemplo. Si usted va a brindar un servicio, les exigimos más. Los vehículos tienen que ir dos veces al año a Riteve porque si se está utilizando tanto, tiene que ir más a Riteve y otras regulaciones que están para protegerlos.
¿Entonces lo ilegal es la tecnología o el servicio?
El problema no es la tecnología sino quién está brindando ese servicio.
¿La regulación podría llegar a cambiar en algún momento?
Eso será decisión de la Asamblea Legislativa.
*Lea el domingo en El Financiero la información completa sobre los planes de innovación del Mopt para reducir las presas.
