EscucharLa Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas a los miembros de la Junta Directiva de La Nación S. A., empresa editora de La Nación, El Financiero y La Teja.
El organismo calificó la medida de “sin precedentes” y pidió a las autoridades estadounidenses una explicación clara basada en los principios de transparencia y rendición de cuentas.
A través de un comunicado oficial, la Junta reconoció la potestad soberana de Estados Unidos para determinar los términos de ingreso a su territorio, pero enfatizó que “resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente”.
Un contexto de “presión diplomática” y filtraciones
De acuerdo con la información recabada por la SIP y diversos medios locales, la medida contra los directivos de Grupo Nación no es un hecho aislado. Se enmarca en una lista más amplia de cancelaciones de visas estadounidenses que ha afectado recientemente a figuras clave del ámbito institucional costarricense, incluyendo a magistrados, exdiputados y al expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, en lo que ha sido catalogado como una escalada de presión diplomática.
La SIP subrayó que la inclusión de líderes de un grupo periodístico en estas sanciones resulta “particularmente sensible”. Además, tanto el organismo hemisférico como La Nación señalaron que la filtración de la noticia ocurrió de manera irregular: la divulgación inicial se dio a través de tres medios de comunicación afines al gobierno del presidente saliente Rodrigo Chaves, previo a cualquier notificación oficial a los ejecutivos afectados.
Preocupación por el ecosistema informativo
Las máximas autoridades de la SIP advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de acciones, carentes de justificación pública, pueden tener sobre el libre ejercicio del periodismo.
- Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupo Evening Post Publishing Inc., advirtió: “El uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, en casos que involucran a medios de comunicación, genera inquietud y puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo”.
- Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), añadió: “La transparencia es un principio esencial en democracias consolidadas. Es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan decisiones que impactan a actores clave del ecosistema informativo”.
Esta situación se suma a las denuncias previas de la SIP sobre un “deterioro significativo” de las condiciones para ejercer el periodismo en Costa Rica durante la administración de Rodrigo Chaves. El organismo ha documentado repetidamente un clima adverso y un discurso estigmatizante por parte del Ejecutivo hacia la prensa.
Hasta el momento, la postura oficial del gobierno estadounidense se ha mantenido en reserva. Según indicó La Nación, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica se limitó a responder que la política oficial es no emitir comentarios sobre resoluciones de visas en casos individuales.
La SIP, organización sin fines de lucro con sede en Miami y conformada por más de 1.300 medios de las Américas, concluyó su pronunciamiento exigiendo que se brinde información oportuna para resguardar el respeto a la libertad de expresión y los principios democráticos.
