La subasta de frecuencias de radio y televisión que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) impulsó en noviembre de 2025 se planteó inicialmente como un proceso técnico para modernizar la asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves convirtió el debate en una nueva batalla política y personal, esta vez contra la Iglesia Católica, en un patrón que ha caracterizado su gestión desde que asumió el poder en mayo de 2022.
El cierre de la recepción de ofertas el 22 de noviembre dejó en evidencia los problemas del proceso: de las 85 frecuencias disponibles, solo se presentaron 25 ofertas, incluyendo apenas cuatro para canales de televisión y 21 para radio. La razón señalada: los costos de entrada resultaron prohibitivos para la mayoría de los medios.
Radio Sinfonola, por ejemplo, difundió un mensaje a sus oyentes explicando que decidió no participar en la subasta de frecuencias de radio y televisión porque considera que los precios base fijados por el Gobierno y la Sutel son exorbitantes y están fuera del alcance económico de la emisora, que funciona como una pyme. La base que debía pagar para mantener una frecuencia FM nacional oscilaba entre 360.000 y 386.000 dólares, es decir, cerca de 190 millones de colones, solo por el canon de la subasta, sin incluir equipos nuevos y otros costos asociados.
Otros medios que quedaron fuera del proceso fueron la emblemática Radio Columbia, junto a decenas de emisoras culturales, comunitarias y religiosas en todo el país.
La exclusión masiva generó alarmas en diversos sectores sobre la libertad de expresión y la diversidad del ecosistema mediático costarricense.
La Iglesia Católica alza la voz
El 25 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un pronunciamiento instando a las autoridades a replantear el modelo de subasta, argumentando que las frecuencias no debían adjudicarse únicamente al “mejor postor” y advirtiendo que el criterio económico ponía en riesgo la pluralidad informativa.
Chaves respondió ofreciendo una solución exclusiva para emisoras cristianas —católicas y evangélicas— mediante un proyecto de ley que les permitiría acceder a frecuencias de manera gratuita, al margen de la subasta. Chaves ha cultivado cercanía con el sector evangélico a lo largo de mandato.
Pero al final, la Iglesia Católica rechazó frontalmente la oferta. En un comunicado firmado por el obispo Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, la institución religiosa manifestó que “no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que pongan en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico”. La Iglesia agregó que solo participaría en diálogos si se incluía a otros sectores afectados, no en una reunión exclusiva con el Gobierno, y que rechazaba cualquier mecanismo de concesiones privilegiadas.
Rodrigo Chaves arremete contra Monseñor José Rafael Quirós
La postura de la Iglesia Católica desató la ira presidencial. En su conferencia de prensa semanal del 26 de noviembre, Chaves arremetió directamente contra el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós: “Gracias, Monseñor Quirós, por todos los editoriales que me tira usted todos los días, y no estoy hablando de la Iglesia Católica; estoy hablando de Monseñor Quirós y de las emisoras que él controla”.
El mandatario agregó: “Mis respetos para todos los católicos, yo fui educado por curas, pero diay, en todas partes hay gente como Monseñor Quirós”. La arremetida personalizó el conflicto, desviando la atención del tema técnico —los problemas del proceso de subasta— hacia un ataque personal contra el jerarca religioso.
Monseñor Quirós respondió con un mensaje sereno pero firme: “La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales. Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. Por ello, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público”.
El 26 de noviembre, en un desenlace que evidenció la debilidad técnica del proceso, la Sala Constitucional suspendió cautelarmente la subasta, advirtiendo sobre “el grave riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión” que podría reducir en dos tercios la cantidad actual de frecuencias activas. Chaves calificó la resolución como “ridículamente predecible” y atacó al Poder Judicial, al que llama “putrefacto”.
Tres casos destacados de ataques personales en temas técnicos
El caso de la subasta de frecuencias no es aislado. Desde que asumió la presidencia, Rodrigo Chaves ha convertido sistemáticamente debates técnicos o institucionales en confrontaciones personales. Tres ejemplos ilustran este patrón:
1. Contralora Marta Acosta y los proyectos de infraestructura
En agosto de 2025, durante su conferencia de prensa semanal, Chaves fue consultado sobre la Contraloría General de la República y respondió con burla: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”.
La contralora Marta Acosta Zúñiga calificó la respuesta como “violenta y misógina” y exigió derecho de respuesta. El conflicto surgió por cuestionamientos técnicos de la Contraloría a procesos licitatorios de escuelas en Santa Elena y Portalón, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Chaves acusó falsamente a la Contraloría de “actuar en ilegalidad” y de bloquear obras, utilizando “temas sensibles en educación y salud” para “mentir de forma reiterada”, según denunció la jerarca.
El presidente no presentó pruebas de sus acusaciones, pero logró desviar la discusión técnica hacia un duelo personal contra Acosta, a quien ha hostigado sistemáticamente durante meses.
2. Presidenta del TSE, Eugenia Zamora, y el proceso electoral
En octubre de 2025, los constantes ataques de Chaves contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y su presidenta, Eugenia Zamora, obligaron a la magistrada a hacer algo inédito en 76 años de historia del organismo: responder públicamente a un presidente.
Zamora denunció que Chaves, “faltando a la verdad”, acusaba “un sesgo partidario” en las actuaciones del Tribunal, atacando así “la credibilidad de la institución” y del proceso electoral. “Está amenazando la paz y la estabilidad política del país”, afirmó.
El conflicto técnico giraba en torno a regulaciones de veda electoral y procedimientos institucionales, pero Chaves lo convirtió en ataques personales contra Zamora, cuestionando incluso su pasado laboral y vinculándola con figuras políticas. El presidente acusó al TSE de ponerle una “mordaza” y de perseguirlo políticamente, cuando en realidad el tribunal estaba aplicando normativas electorales vigentes.
3. Universidades públicas y el FEES
En febrero de 2023, Chaves atacó a las universidades estatales durante su conferencia de prensa, afirmando falsamente que no rendían cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que habían recortado presupuestos destinados a becas, investigación e infraestructura.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) rechazó y desmintió “enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia”. Las cifras demostraban que el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaba con algún tipo de beca, porcentaje superior al 80% en regiones periféricas, y el acceso de jóvenes de hogares pobres a la educación universitaria pública había aumentado significativamente.
El tema técnico —la negociación del FEES— se transformó en ataques contra los rectores, especialmente contra Gustavo Gutiérrez de la UCR, a quien Chaves acusó de no presentarse a reuniones y de defender privilegios.
Alí Víquez Jiménez, profesor catedrático de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, describió el fenómeno: “Chaves no habla si no tiene en mente el agredir a alguien: en su discurso la existencia de algún pérfido enemigo contra el cual manifestar furia es tan fundamental que, sin él, no habría discurso”.
Populismo y personalismo: las advertencias
El Programa Estado de la Nación (PEN) ha documentado y advertido sobre este patrón. En su XXXI Informe, presentado en noviembre de 2025, el PEN destaca que el megáfono presidencial durante las conferencias de prensa de los miércoles ha sido más usado como instrumento de confrontación y ataque hacia instituciones o personas públicas o privadas que como medio para comunicar las prioridades del Gobierno o rendir cuentas.
Investigaciones como la de José Andrés Díaz González, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), indican que “el estilo personalista de Chaves Robles, su discurso confrontativo e, incluso, las muestras de desdén hacia los otros poderes de la República, las instituciones públicas y los medios” forman parte de una gestión donde las características asociadas a la persona que ejerce la presidencia son variables de gran relevancia para comprender el apoyo expresado por la ciudadanía.
El patrón es claro: lo que inicia como un debate técnico —ya sea sobre frecuencias radiofónicas, presupuestos universitarios, fiscalizaciones contraloras o normas electorales— termina convertido en ataques personales contra autoridades, jerarcas religiosos, periodistas o cualquiera que cuestione las posiciones del presidente.
La subasta de frecuencias y la confrontación con la Iglesia Católica en noviembre de 2025 son solo el capítulo más reciente de esta estrategia que, según indican el Estado de la Nación, forma parte de una figura personalista y populista que erosiona la institucionalidad democrática costarricense (Chaves ya atacó también al Estado de la Nación).
