EscucharUn nuevo proyecto de ley, bajo el expediente 25.726, propone crear un sistema de promoción de seguros agropecuarios con subsidios estatales a las primas para pequeños y medianos productores, pescadores, acuicultores y maricultores.
La iniciativa también derogaría las dos leyes vigentes sobre el Seguro Integral de Cosechas y trasladaría parte de una reserva del Instituto Nacional de Seguros (INS) a un nuevo fondo administrado por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Este documento fue presentado por el Poder Ejecutivo el 18 de agosto con el objetivo de plantear una política pública para ampliar la contratación voluntaria de seguros contra riesgos que afecten la producción primaria agrícola, pecuaria, pesquera, acuícola y de maricultura.
¿Qué dice la propuesta?
El proyecto permitiría subvencionar parte de las primas de pólizas que cubran, entre otros, riesgos climáticos, geológicos, sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios, de bioseguridad y de mercado, siempre que sean técnicamente asegurables y estén registrados ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
La propuesta incluye riesgos como sequías, inundaciones, exceso de humedad, vientos, temperaturas extremas, actividad volcánica o sísmica, plagas, enfermedades y variaciones verificables de precios, tipo de cambio o costos de producción.
Sin embargo, que un riesgo sea asegurable no significaría automáticamente que recibirá el apoyo: esa definición dependería de la disponibilidad y de un plan anual elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El principal instrumento sería el Fondo Nacional de Apoyo al Aseguramiento Agropecuario (Fonagro), un patrimonio autónomo que administraría la Secretaría Técnica del SBD. Sus recursos se usarían para reducir directamente el costo de las pólizas elegibles.
La aplicación de los porcentajes, de entre 50% y 75%, dependería de un reglamento, los programas aprobados, la cobertura nacional alcanzada y la disponibilidad de recursos.
El monto se aplicaría como descuento al momento de emitir la póliza. Es decir, el productor pagaría únicamente la parte no subvencionada, mientras el Fonagro reconocería posteriormente el monto subsidiado a la aseguradora.
¿Quiénes podrían acceder?
El beneficio estaría dirigido a personas físicas o jurídicas con condición de pequeño o mediano productor, certificadas por el MAG mediante el registro PYMPA. También incluiría pescadores, acuicultores y maricultores de pequeña o mediana escala registrados ante Incopesca, así como organizaciones de productores que contraten pólizas colectivas.
En las pólizas colectivas, la subvención tendría que trasladarse directa e individualmente a cada persona asegurada; la organización actuaría solo como tomadora del seguro y no podría usar el subsidio para otros fines.
Además, se establece como poblaciones prioritarias a mujeres rurales, jóvenes rurales, personas productoras indígenas, pescadores artesanales y productores ubicados en zonas vulnerables o con declaratoria de emergencia, además de actividades definidas como estratégicas para la seguridad alimentaria.
Nuevo fondo y fuentes de recursos
El cambio central es que el proyecto sustituye el enfoque del Seguro Integral de Cosechas por un marco más amplio de seguros agropecuarios subvencionados y con una arquitectura institucional distinta.
La iniciativa deroga expresamente la Ley 4461, Ley de Seguro Integral de Cosechas, y la Ley 5932, Ley de Universalización del Seguro Integral de Cosechas.
El INS mantendría temporalmente la administración de la reserva anterior solo para liquidarla y completar el traslado al Fonagro, proceso que tendría un máximo de seis meses tras la entrada en vigencia de la nueva ley.
El Fonagro, por su parte, se financiaría principalmente con el saldo disponible de la Reserva Técnica de Contingencias del INS, creada por la Ley de Seguro Integral de Cosechas de 1970.
Sin embargo, el traslado no sería automático ni por el total bruto de la reserva: primero se deducirían reservas técnicas, provisiones, obligaciones contractuales, siniestros pendientes, gastos de liquidación y el margen de solvencia requerido para los seguros vigentes. Un estudio actuarial independiente determinaría el monto transferible.
La exposición de motivos indica que la reserva superaba los ¢20.000 millones desde 2021 y que, a mayo de 2026, alcanzaba ¢26.109 millones.
Además, el proyecto autoriza:
- Al MAG a aportar hasta 1% de su presupuesto institucional cada año.
- Al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a aportar hasta 3% de su presupuesto institucional anual.
- A recibir donaciones, aportes y servicios de entidades públicas, empresas públicas, organismos nacionales e internacionales.
- A utilizar los rendimientos obtenidos por las inversiones transitorias del Fondo.
Los gastos administrativos se limitarían, en regla general, a 3% de los recursos ejecutados anualmente. Durante los primeros tres años, el Consejo Rector del SBD podría aprobar un porcentaje mayor para implementar sistemas, plataformas, auditorías, peritajes y asistencia técnica.
El proyecto también separa la rectoría sectorial, la administración financiera y la supervisión aseguradora:
- El MAG conservaría la rectoría técnica de la política de seguros agropecuarios. Debería elaborar el Plan Anual de Aseguramiento Agropecuario, priorizar actividades y territorios, aportar información técnica y ofrecer asistencia en gestión de riesgo.
- La Secretaría Técnica del SBD administraría y ejecutaría los recursos del Fonagro, verificaría la elegibilidad de beneficiarios y aplicaría los programas de subsidio.
- El Consejo Rector del SBD actuaría como instancia superior del Fondo: aprobaría requisitos, procedimientos, condiciones de los productos elegibles, parámetros de subsidio y el plan bienal de sostenibilidad.
- La Sugese mantendría sus competencias de registro y supervisión del mercado asegurador.
- El INS tendría el mandato de procurar una oferta permanente de seguros agropecuarios, aunque las aseguradoras privadas también podrían participar voluntariamente si cuentan con autorización para operar seguros generales.
Además, se crearía un Comité Técnico Consultivo integrado por MAG, SBD, Sugese, aseguradoras, Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Incopesca y organizaciones productivas. Este órgano no administraría recursos ni resolvería solicitudes individuales, sino que emitiría recomendaciones técnicas.
A grandes rasgos, el proyecto plantea pasar de una oferta concentrada principalmente en seguros agrícolas a un sistema nacional con subsidios de prima, participación público-privada, cobertura de más actividades productivas y vinculación con crédito, asistencia técnica y datos sectoriales.
