EscucharEl espantoso incendio en el bloque de departamentos Grenfell Tower, con su recuento final de víctimas aún oculto en las cenizas, ha intensificado un debate político, y muchos británicos creen que la privatización ha ido demasiado lejos y que el Estado se ha encogido demasiado.
Es un debate partidista, que envuelve una la elección encarnizadamente disputada en junio, los recientes ataques terroristas en Manchester y Londres, el enojo por la creciente desigualdad, y los años de recortes presupuestarios que son conocidos generalmente como austeridad.
Como los revestimientos de cada uno de las 120 rascacielos probados hasta ahora no han pasado las pruebas de combustibilidad, y como faltan cientos de puertas de emergencia en los edificios, el lenguaje de la política se ha vuelto ahora incendiario.
Un legislador laborista, David Lammy, quien creció en la pobreza y tenía amigos que murieron en el incendio, dijo: “Este es el distrito más rico en nuestro país y trata a sus ciudadanos de esta forma, y deberíamos llamarlo por lo que es. Es homicidio culposo corporativo”.
Los conservadores se han inclinado por promover lo que llamaban una “hoguera de regulaciones” en todos los aspectos del gobierno, para incentivar la responsabilidad privada e individual y estimular el crecimiento económico y la productividad. Fue un argumento formulado con particular fuerza en el debate en torno al retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, o Brexit, el cual según sus promotores liberaría al país del molesto “papeleo” europeo. Pero como señaló acremente Jonathan Freedland, columnista de The Guardian: “Consiguieron su hoguera”.
Lo que los conservadores llaman papeleo, argumentó George Monbiot, “consiste a menudo de protecciones públicas esenciales que defienden nuestras vidas”. Y la libertad promovida por los desreguladores, afirmó, a menudo “significa la libertad de los ricos para explotar a los pobres, de las corporaciones para explotar a sus trabajadores, de los arrendadores para explotar a sus inquilinos y de las industrias de todo tipo para usar al planeta como su basurero”.
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La calle Threadneedle, es el corazón financiero de Londres, donde la desregulación estalló en los ochenta. Sin embargo, el incendio en Grenfell Tower representa ahora el contraataque a esos años de privatización. ( ANDREW TESTA/NYTMK PARA EF)
Discusión
El debate es importante. Gran Bretaña ha sido una especie de laboratorio de la desregulación y la reducción del Estado desde que Margaret Thatcher se convirtió en primera ministra en 1979. Los conceptos fueron adoptados por los conservadores y luego por los Nuevos Laboristas, y ayudaron a rescatar al país de la depresión y las huelgas de los años 70 y principios de los 80. El “big bang” de la desregulación de la industria financiera dio paso al auge de Londres, convirtiéndole en una ciudad global.
Pero Grenfell Tower ha llegado a simbolizar el creciente contraataque contra siete años de moderada restricción presupuestaria producida por la crisis financiera de 2008.
A medida que los servicios se han reducido, los salarios se han estancado para muchos en el sector público, y la desigualdad ha aumentado.
Los votantes “finalmente se están cansando de la austeridad, del racionamiento, la subcontratación de los servicios y de la tacañería”, escribió Jonathan Ely en The Financial Times. “Siete años de restricción del gasto está empezando a manifestarse en la calidad de algunos servicios públicos”.
Los problemas encapsulan la renovada batalla ideológica entre el herido pero gobernante Partido Conservador y el revivido Partido Laborista opositor de Jeremy Corbyn. Un hombre de la izquierda más dura, Corbyn ha retomado los argumentos usados contra Thatcher en los 80, demandando una reversión de las políticas que ella defendió: la privatización, la desregulación, los recortes a los impuestos corporativos y una reducción del Estado semisocialista forjado por los laboristas.
Durante la campaña, Corbyn y los laboristas pidieron renacionalizar los ferrocarriles, el suministro de agua y algunos servicios públicos, gastar más en servicios sociales como el Servicio Nacional de Salud y poner fin a las colegiaturas en las universidades.
Después de los ataques terroristas en Manchester y Londres, Corbyn, durante mucho tiempo opuesto a la vigilancia y los poderes policiacos reforzados, demandó más policías comunitarios, quejándose de la austeridad y argumentando que “no se puede proteger al público con poco dinero”.
Su populismo izquierdista (teñido por un antiguo desdén por la política exterior estadounidense) fue un marcado rompimiento con el consenso neoliberal de los últimos 30 años, el cual incluyó a los recientes primeros ministros laboristas, Tony Blair y Gordon Brown. Pero el incendio de Grenfell Tower, señaló Freedland, “pareció jugar a favor del argumento de Corbyn”.
En un indicio del cambio, el Sondeo de Actitudes Sociales de Gran Bretaña (anual), publicado el 28 de junio, mostró un rechazo más amplio a la austeridad, con más personas que dijeron que los impuestos deberían aumentar para financiar un gasto público más alto.
Solo 29% de los británicos favoreció más recortes en el gasto público, por debajo del 35% de hace 10 años, y 48% dijo que los impuestos deberían aumentar, comparado con 32% hace una década. Sin embargo, no se le preguntó a la gente si estaba personalmente dispuesta a pagar impuestos más altos.
Mientras preparaba una plataforma para la elección de junio, la primera ministra Theresa May percibió el giro del estado de ánimo contra la austeridad, y relajó las metas de deuda, trató de acercarse a los votantes de clase obrera marginados y penalizó, aunque moderadamente, a los ricos. Pero su campaña terminó en lágrimas, y el “Mayismo” ha tenido una vida más corta que el Edsel.
Thatcher a menudo es presentada como el ícono de la decisión del Partido Conservador de reducir lo que ella llamó “el estado niñera”, el cual sentía promovía la dependencia en vez de la iniciativa.
El Estado benefactor creado por el Partido Laborista de posguerra tuvo enormes logros, como el Servicio Nacional de Salud y la propagación en todo el país de la vivienda pública, conocida como vivienda de protección oficial. El ideal promovido por el ministro de salud laborista de la posguerra, Aneurin Bevan, fue el de un lugar “donde el médico, el tendero, el carnicero y el trabajador agrícola vivan en la misma calle”, y según Pilgrim Tucker, promotor de la vivienda, en 1979, 20% del 10% más rico de la población de Gran Bretaña residía en viviendas sociales.
Thatcher introdujo el “derecho a comprar” las viviendas sociales para sus inquilinos en 1980, en un esfuerzo por promover la propiedad inmobiliaria y la responsabilidad. Con el tiempo, la naturaleza de la vivienda social cambió, ya que algunos departamentos simplemente se convirtieron en propiedades de renta privadas -incluidos varios en el propio Grenfell Tower- aunque su mantenimiento era controlado por el concejo local a través de una agencia de administración sin fines de lucro.
En los concejos locales no construyeron vivienda con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda, especialmente en las grandes ciudades.
Bajo los esfuerzos conservadores desde 2010 para reducir el presupuesto y la deuda nacional, el financiamiento estatal fue reducido o congelado para muchas partes del gobierno, incluidos los concejos locales. La desregulación también significó delegar la responsabilidad de las inspecciones contra incendios a dueños y constructores, en vez de a servidores públicos. Se requirió a las compañías privadas que usaran a “inspectores autorizados” para verificar la seguridad contra incendios, pero, como señaló Freedland, trabajaban para los constructores y desarrolladores, y “había un conflicto de interés clásico”.
Aquí, las dos tendencias de ahorrar dinero y de la desregulación se juntaron: el concejo había gastado recientemente unos $11 millones en Grenfell Tower para aislar los departamentos y reducir los costos de electricidad, usando un recubrimiento que estaba aprobado según las regulaciones de construcción existentes. Y esas regulaciones, aunque han resultado inadecuadas, son las mismas para todos los edificios, no solo los de los pobres.
Dejando de lado el recubrimiento, hubo otros problemas de seguridad contra incendios que no fueron abordados por nadie, incluida la cuestionable instalación de nuevas tuberías de gas, inadecuadas protecciones contra incendios y la falta de una alarma contra incendios central o un sistema de aspersores, aunque ninguno de los dos era requerido para una estructura construida en 1974.
Sin embargo, como señaló Lammy, el legislador laborista, “No se puede subcontratar todo al sector privado. El sector privado puede hacer algunas cosas maravillosas, pero ellos tienen motivos de lucro, recortan el presupuesto. Todos hemos estado en estos bloques de departamentos; existen en todo el país. ¿Dónde están los extintores de incendio en cada corredor? ¿Dónde están las mangueras? ¿Las puertas de emergencia realmente están funcionando? ¿Dónde están los aspersores?”
Las preguntas son las correctas. Pero la pelea en torno a quién es responsable, y en torno a las causas y soluciones, continuará, y seguirá marcando a la política británica, más dividida ahora que en cualquier momento desde la elección de Thatcher.
