“Ratas”. “Malditos”. “Malnacidos”. “Desgraciados”. Y, los más recientes, “estúpido” y “bruto”. Estas no son frases extraídas de una pelea de cantina ni del hilo de comentarios de una red social. Son insultos pronunciados desde la Casa Presidencial, frente a cámaras de televisión, por el presidente de la República de Costa Rica.
Rodrigo Chaves Robles entrega el poder el 8 de mayo de 2026. Cuando los historiadores hagan el inventario de los cuatro años de su administración, encontrarán obras de infraestructura, polémicas legislativas, escándalos judiciales y fluctuaciones económicas. Pero también deberán registrar algo que no tiene precedente en la historia democrática del país: la institucionalización del insulto como instrumento de gobierno.
Un patrón, no un exabrupto
La sistematicidad del fenómeno es lo que lo distingue de las fricciones normales entre un gobernante y sus críticos. No se trata de una frase dicha en un mal momento ni de un arrebato producto de la presión. El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR) analizó 64 conferencias de prensa de los primeros 20 meses del mandato y solo en ellas documentó 287 ataques directos contra periodistas y medios de comunicación, por ejemplo. La gran mayoría, según ese mismo estudio, fueron emitidos precisamente desde las conferencias de prensa semanales, ese espacio televisado que en teoría sirve para que el Ejecutivo rinda cuentas ante la ciudadanía.
No todos los ataques pueden catalogarse de insultos, pero, por ejemplo, el 9 de agosto de 2022, apenas tres meses después de asumir el poder, Chaves equiparó a los reporteros con fauna silvestre: “hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves… la fauna”. En enero de 2023, en una sola conferencia de prensa, Proledi contabilizó 37 intervenciones negativas e insultos. Fue ese día cuando el mandatario llamó “sicarios políticos” y “asesinos a sueldo” a periodistas de CRHoy.com, La Nación y Teletica.
La utilización de los insultos se extendió más allá de la figura presidencial. Quien fuera ministra de Salud, Joselyn Chacón, aceptó que se refirió al reportero Jason Ureña de CRHoy.com como un “maldito” y, yendo más allá de las palabras, reconoció haberle indicado al trol Piero Calandrelli que le “diera duro” en redes sociales.
Pero el registro va mucho más allá del periodismo: diputados de distintas fracciones, magistrados del Poder Judicial, líderes gremiales, figuras académicas y ciudadanos comunes también fueron blancos de ofensas presidenciales a lo largo de los cuatro años. En octubre de 2024, el mandatario llamó “malnacidos” y “desgraciados” a legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Casi como despedida, hace unas semanas llamó “estúpido” al diputado electo Edgardo Araya y “bruto” al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
La estrategia detrás del insulto
El lenguaje agresivo de Chaves no es original, sino parte de un conocido libreto populista que también usan en la actualidad líderes de ese tipo, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (le dijo “hijo de puta dormido” al periodista Chuck Todd); Javier Milei, de Argentina (calificó de “ratas inmundas fracasadas” a sus críticos); y el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (usó “malparido” y “basura” para referirse a opositores).
Chaves ha intentado darle otra lectura a su estilo. En abril de 2023 defendió que lo suyo no es un discurso populista sino “idioma popular”. La Sala Constitucional no lo vio así. El 23 de mayo de ese año, condenó al Estado costarricense —por primera vez en su historia— al pago de daños y perjuicios por las ofensas de un presidente a sus ciudadanos. La sentencia dictaminó que palabras como “malditos”, “sicarios políticos”, “banda” y “montón de lobos” son “absolutamente reprochables”.
El magistrado Paul Rueda Leal fue explícito en su razonamiento: cuando un presidente habla en ejercicio de su cargo, “actúa en nombre del Estado”. Sus insultos no son expresiones personales: son actos institucionales. Es decir, cada vez que Chaves ofendió a alguien desde una conferencia de prensa, lo hizo a nombre de todos los costarricenses.
El daño que trasciende las fronteras
Las repercusiones no se quedaron dentro del país. El Informe 2025 sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la persistencia de amenazas al ejercicio periodístico en Costa Rica. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo había incluido antes en su informe anual de Derechos Humanos 2023, señalando el fenómeno como factor de “acoso y autocensura”.
Las cifras de Reporteros Sin Fronteras grafican lo ocurrido con una claridad que no admite interpretación favorable. Costa Rica ocupó el puesto 5 mundial en libertad de prensa en 2021. Con Chaves, cayó al 8 en 2022, al 23 en 2023, al 26 en 2024 y al 36 en 2025: una pérdida de 28 posiciones en tres años. La organización vinculó directamente ese retroceso a los ataques verbales del presidente. Cuando esto fue señalado públicamente, el mandatario respondió cuestionando las fuentes de financiamiento de Reporteros Sin Fronteras. Desde la misma tribuna que usaba para ofender, respondió a las críticas por ofender.
Un mal que se derrama
El daño de normalizar el insulto desde el poder no es solo institucional: es cultural. Según dijo en su momento la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, “lo que promueve (Chaves) es la violencia; le da muy mal ejemplo a la ciudadanía, a creer que violentar y calumniar al que piensa distinto es una forma de valentía”. En noviembre del 2024, Chaves calificó a Guillén de “diputadilla resentida social”.
El riesgo del efecto cascada no es teórico. El informe sobre libertad de expresión de la Universidad para la Paz del 2023 documentó que, durante manifestaciones en la vía pública, ciudadanos comenzaron a reproducir los epítetos presidenciales —“prensa canalla”, “corruptos”, “vendidos”— contra quienes cubrían la actividad.
Una encuesta del Proledi de noviembre de 2024 reveló que el 82,4% de los costarricenses rechaza los ataques del presidente a periodistas, y que el 62,4% los ha visto o escuchado directamente. La popularidad del mandatario no equivale, entonces, a aprobación de su lenguaje.
El próximo 8 de mayo, Laura Fernández recibirá el mando en un país que, entre otras cosas, habrá vivido cuatro años de normalización del insulto desde el poder. El expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, con quien ella posó sonriendo para una fotografía hace unos años, se lo dijo hace pocos días, sin rodeos: que se “diferencie del actual gobierno”. El primer criterio que ofreció para esa distinción no fue económico ni programático, fue de lenguaje: “este gobierno ha usado un lenguaje tosco, soez y que insulta al adversario”.
