El 34,2% de las personas que solicitaron información o documentos públicos a alguna institución durante los últimos 12 meses reportó problemas para obtenerlos, según la cuarta Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación de la Universidad de Costa Rica (UCR). El resultado equivale a una de cada tres personas que realizaron una solicitud, no a un tercio de toda la población consultada.
Entre quienes enfrentaron dificultades, el 56,8% señaló como principal problema que la institución no quiso entregarle el documento o la información solicitada. Otro 25% indicó que estos no eran accesibles. Ambas respuestas concentraron más de ocho de cada diez de los obstáculos reportados.
La investigación fue elaborada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la UCR. Por segundo año consecutivo, el estudio consultó sobre las experiencias de la ciudadanía al solicitar información pública.
Una práctica minoritaria
El 15,2% de las personas entrevistadas afirmó haber solicitado información o documentos públicos a alguna institución en el último año, mientras que el 84,8% no lo hizo. La base de personas que presentaron una solicitud fue de 149, según el informe.
Además de las negativas de entrega y los problemas de accesibilidad, quienes encontraron obstáculos mencionaron no saber a quién dirigir la solicitud —9,1%—, que la información no estaba disponible en internet —6,8%— y que estaba redactada en un lenguaje poco claro —2,3%—. Estos porcentajes corresponden únicamente al grupo que reportó dificultades.
El informe advierte que el desglose de los problemas debe interpretarse con cautela, porque se basa en un número reducido de casos. Los resultados recogen las experiencias declaradas por las personas entrevistadas; no constituyen una revisión de los expedientes ni permiten determinar por sí solos si cada negativa fue injustificada.
Un derecho para fiscalizar la gestión pública
El estudio recuerda que el acceso a la información pública permite conocer y fiscalizar la gestión del Estado, participar de manera informada en los asuntos públicos y exigir rendición de cuentas. En Costa Rica, este derecho tiene sustento en el artículo 30 de la Constitución Política, que garantiza el acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.
De acuerdo con el análisis del informe, los problemas reportados se concentraron principalmente en la respuesta de las instituciones, más que en dificultades de las personas para identificar a quién solicitar la información. Los resultados señalan así una distancia entre el reconocimiento formal del derecho y la experiencia de una parte de quienes intentaron ejercerlo.
Cómo se hizo la encuesta
El CIEP realizó 993 entrevistas telefónicas a personas de 18 años o más con línea celular, entre el 2 y el 14 de septiembre de 2026. Según el informe, la muestra se seleccionó de forma aleatoria a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La encuesta reporta un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral máximo de ±3,1 puntos porcentuales para preguntas dicotómicas de la muestra general. Ese margen no debe aplicarse directamente al grupo de 149 solicitantes ni al grupo más pequeño que enfrentó problemas.
