EscucharEn medio del choque creciente entre el chavismo y el Poder Judicial, la reelección de cuatro magistrados de la Corte Suprema se volvió un examen práctico del diseño institucional costarricense: el oficialismo declara guerra a la continuidad, pero la Constitución sigue premiando la estabilidad... salvo que 38 diputados se pongan de acuerdo para un cambio.
Desde hace meses, el chavismo ha trasladado su disputa con el Poder Judicial del terreno discursivo al institucional: recortes presupuestarios, bloqueos en la elección de magistrados suplentes y llamados explícitos a “tomar” el único poder que, según Rodrigo Chaves, todavía falta a su proyecto político.
En ese contexto, la reelección de magistrados deja de ser un trámite técnico y se convierte en una pieza más de la estrategia oficialista para reconfigurar la cúpula judicial, mientras la oposición y buena parte de la academia ven en las reglas actuales un dique clave de independencia.
¿Quiénes desafían el veto chavista?
Contra ese discurso que rechaza de plano la continuidad, cuatro magistrados de la Corte Suprema ya comunicaron que quieren seguir en sus cargos.
- Jorge Araya García, magistrado de la Sala Constitucional (Sala IV), cuyo período vence a finales de octubre de 2026 y que ya formalizó su intención de continuar.
- Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera, cuyo nombramiento termina el 6 de noviembre de 2026.
- Roxana Chacón Artavia, magistrada de la Sala Segunda.
- Jorge Olaso Álvarez, también de la Sala Segunda, incluido en el paquete de nombramientos que la Asamblea debe resolver antes de que termine el año.
La escena es paradójica: mientras el chavismo pide “no reelegir a nadie”, son precisamente magistrados de salas sensibles —Constitucional, Tercera y Segunda— quienes ponen a prueba la capacidad real del oficialismo para mover las mayorías calificadas que exige la Constitución.
La regla que manda: 38 votos en contra
El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema son nombrados por ocho años, con el voto de dos terceras partes del total de diputados, es decir, 38 de los 57.
Pero la clave está en la segunda parte del artículo: los magistrados se consideran reelegidos automáticamente por períodos iguales, salvo que la Asamblea acuerde lo contrario con esa misma mayoría calificada de 38 votos.
En la práctica, esto significa que:
- La continuidad es la regla por defecto, no la excepción.
- Lo que necesita construir 38 votos no es la reelección, sino la no reelección; si la propuesta para impedir la continuidad no reúne ese umbral, el magistrado queda reelegido de pleno derecho.
Para el chavismo, que controla 31 curules con Pueblo Soberano, la aritmética es evidente: no puede bloquear ninguna reelección en solitario, necesita sumar al menos siete votos opositores en cada caso.
Eso le da a la oposición una palanca poderosa: con solo negarse a prestar esos siete votos, puede dejar sin efecto la estrategia oficialista y mantener la composición actual de las salas, pese al rechazo discursivo a la reelección.
La derrota previa: el caso Julia Varela
El mejor ejemplo de cómo funciona esta ingeniería institucional es la reciente reelección de la magistrada Julia Varela Araya, de la Sala Segunda.
La Comisión de Nombramientos, presidida por la oficialista Marta Esquivel, recomendó no reelegirla, alineada con el discurso chavista de “renovación” del Poder Judicial.
En el Plenario, Pueblo Soberano y sus aliados lograron 31 votos a favor de la no reelección, una mayoría simple clara contra la continuidad. Sin embargo, ocurrió lo que el artículo 158 anticipa: al no alcanzar los 38 votos requeridos, la magistrada quedó reelecta automáticamente por ocho años más, pese al resultado político adverso a su permanencia.
Para el chavismo, ese episodio fue una derrota estratégica: mostró su capacidad de sumar votos dentro del bloque oficialista, pero también su incapacidad para construir consensos más amplios cuando se trata de tocar piezas de la estructura judicial.
Para la oposición fue la confirmación de que la regla de mayoría calificada opera como seguro institucional frente a intentos de captura del Poder Judicial por parte de gobiernos con discurso confrontativo.
Próximas votaciones como termómetro
Con ese antecedente, las reelecciones de Jorge Araya, Patricia Solano, Roxana Chacón y Jorge Olaso dejarán de ser votaciones rutinarias y se leerán como nuevas mediciones de fuerza entre el chavismo y los contrapesos institucionales.
Si el oficialismo mantiene su rechazo frontal a toda continuidad pero vuelve a quedarse en 31 votos, confirmará que su campaña contra las reelecciones es más una ofensiva simbólica que una estrategia eficaz para cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Corte.
Al mismo tiempo, cada reelección que se concrete mostrará que el diseño constitucional —nombramientos de ocho años y destitución difícil— sigue funcionando como un mecanismo de independencia judicial, incluso en un contexto de alto conflicto político y de asedio presupuestario al sistema de justicia.
