EscucharEl Régimen de Zona Franca sostiene buena parte de las exportaciones de Costa Rica. Solo en 2024, fue responsable del 66,5% del monto exportable generado por el país.
Durante ese año, su peso en la economía fue equivalente al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Sin embargo, la atención ahora se centra en los resultados que traerá el cierre de 2025, ya que la Universidad Nacional prevé afectaciones en las exportaciones debido al cierre gradual de la planta de ensamble y prueba de microprocesadores de Intel y al traslado de operaciones de Qorvo hacia Asia.
Mientras se aguardan los resultados anuales, en septiembre el régimen reportó un crecimiento interanual del 22,8% en sus exportaciones, aunque este avance muestra una desaceleración respecto a los dos meses anteriores. No obstante, los contrastes resultan evidentes: la inversión extranjera directa (IED) generada por las zonas francas durante el primer semestre alcanzó los $1.099 millones, el nivel más bajo registrado por este régimen en ese periodo en los últimos tres años.
Esa dicotomía de competitividad no pasa desapercibida para la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras). El Financiero consultó a la agrupación sobre las prioridades que le demanda al próximo gobierno para mantener resultados positivos en la balanza comercial y atraer más inversiones.
“Es fundamental avanzar en la regulación adecuada de las jornadas excepcionales, mantener la estabilidad del tipo de cambio, reducir los costos de la energía eléctrica y aliviar las altas cargas sociales”, respondió Ronald Lachner, presidente de la Junta Directiva de Azofras.
Jornadas Excepcionales
Las zonas francas respaldan el proyecto de Ley Establecimiento de Jornadas Laborales Excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados (24.290), conocidas como Jornadas 4x3.
La iniciativa propone jornadas de 12 horas, durante cuatro días seguidos, con tres días de descanso, en ciertas industrias y empresas privadas.
Desde Azofras consideran que su aprobación es clave para garantizar la competitividad del país, asegurar la atracción y retención de IED, brindar seguridad jurídica a empresas y trabajadores que operan bajo procesos de producción continua y contar con un marco legal adaptado al entorno laboral.
Lachner aclaró que el proyecto no modifica las jornadas establecidas, sino que “atiende situaciones excepcionales, mediante la creación de una nueva modalidad de jornada que amplía el abanico de opciones disponibles para responder a las distintas realidades productivas, tanto de las empresas como de las personas, 24 horas, 7 días de la semana”.
Para el sector, estas jornadas supuestamente mejorarían la competitividad en un contexto en el que los bienes nacionales pagan un arancel del 15% en su principal mercado de exportación, Estados Unidos. Además, se suma la investigación que realiza dicho socio comercial sobre el impacto de las importaciones de dispositivos médicos en la seguridad nacional, lo que podría derivar en aranceles adicionales a este tipo de productos, que representan el 48% de las exportaciones del país.
Tipo de cambio
La apreciación del colón obliga a las empresas de zonas francas a destinar más dólares para cumplir con sus compromisos en moneda local, aumentando hasta 30% los costos operativos, según Azofras.
Este 2025 el tipo de cambio se mantuvo estable alrededor de los ¢500, un nivel relativamente bajo en comparación con la última década y muy lejos de su máximo histórico de ¢700 de junio del 2022.
“Desde una perspectiva de competitividad de las operaciones, este sobrecosto tan significativo afecta los planes de crecimiento de compañías, limitando su capacidad para expandirse y dificultando la ejecución de proyectos que generarían más empleo en Costa Rica”, indicó Lachner.
Desde Azofras el encarecimiento de las operaciones —en un sector donde sus ingresos son en dólares— dificulta la competencia internacional por nuevos proyectos de IED en comparación con México, Colombia, República Dominicana, “donde los costos de producción son sustancialmente inferiores”.
Cargas sociales
El informe Estudios Económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Costa Rica 2025 afirma que los cargos de planilla que tienen los empleadores en el país son altos en comparación con los niveles internacionales.
La OCDE señala que el aporte del empleador a la seguridad social representa 20% de los costos salariales, mientras que el promedio de sus países miembros es 13%.
Asimismo, los cargos de planilla representan un 37% del costo salarial en Costa Rica y los empleadores pagan 72% de estos.
Ante esto, empresas de zona franca consideran que un esquema más equilibrado permitiría aliviar los costos empresariales, fortalecer la generación de empleo formal y consolidar a Costa Rica como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo económico.
El estudio indica que cerca del 35% de los aportes patronales no se destinan a la seguridad social, sino a financiar instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Banco Popular. Este esquema es considerado ineficiente y regresivo, por lo que sugieren eliminar los aportes al banco —ya consolidado financieramente— y que el INA y Fodesaf se financien progresivamente con el presupuesto nacional.
Los cambios en la planilla reducirían las cargas sobre los empleadores en 7,25 puntos porcentuales, sin comprometer el financiamiento del sistema de seguridad social, según la OCDE.
Costos de electricidad
Lachner comentó que actualmente el costo promedio de electricidad para el sector industrial en Costa Rica es de 13,8 centavos de dólar por kilovatio-hora (kWh), el doble que en EE. UU. donde es de 7,95 centavos de dólar por kWh.
Debido a esa disparidad el sector solicita la aprobación del proyecto de Ley Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.424), con el fin de que se modernice la infraestructura energética y de esa manera se asegure un suministro energético más eficiente, sostenible y accesible.
“Desde Azofras consideramos urgente avanzar hacia una transformación del sector eléctrico, que permita diversificar la matriz energética, ampliar la oferta y ofrecer tarifas más competitivas”, enfatizó el presidente de la asociación.
Mejora en infraestructura
El envío de los bienes que se producen desde las zonas francas y los materiales que importan requieren utilizar el servicio de transporte marítimo y aéreo, principalmente. Sin embargo, la infraestructura obsoleta de Puerto Caldera que ya agotó su vida útil —tras completar en un 100% su capacidad y así ocasionar mayor ralentización en el proceso de descarga— le resta competitividad al país.
Además, la congestión vial se convierte en un desincentivo para los inversores, según Azofras. Para ejemplificar el tiempo en carretera, el traslado de mercadería desde el cantón de Belén, donde se encuentra una zona franca, hasta Puerto Moín (aproximadamente 150 km) toma 3 horas y 20 minutos, mientras que hacia el Aeropuerto Juan Santamaría (6-8 km, según ruta) el recorrido se demora 22 minutos; los cálculos del tiempo invertido fueron realizados por el Índice de Competitividad Nacional.
“Durante años, numerosos proyectos estratégicos han enfrentado retrasos significativos debido a procesos administrativos complejos, marcos regulatorios excesivamente rígidos y una tramitología que desalienta la inversión y ralentiza la toma de decisiones”, mencionó Lachner.
Con estos ajustes, las empresas dentro del ecosistema de zonas francas aseguran que se fortalecerá la presencia de Costa Rica en las cadenas globales de valor, consolidando un entorno empresarial dinámico e innovador.
