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Después de una serie de negociaciones entre legisladores, el proyecto quedó listo para su votación definitiva antes de que termine el actual cuatrienio de labores.

Con recursos provenientes del GEF se propondrán reformas a leyes obsoletas, construirán ciclovías, aceras verdes, se apoyará a municipalidades y reverdecerán 2.000 hectáreas

Este fenómeno indica que el sector se mantiene en fase de ajuste y el panorama para el resto del 2022 “parece más prometedor” que los niveles reportados pre y durante la pandemia, según la firma Newmark.

Liberia, Puntarenas, Limón, Ciudad Quesada, San Isidro de El General, Turrialba y Guápiles registran un crecimiento constante en los últimos años, pero con patrones similares a la GAM, especialmente visible por una tendencia hacia la dispersión.

En la plataforma se encuentran 45 servicios a domicilio de mantenimiento, salud y bienestar, soluciones automotrices y profesionales.

Se trata de un nuevo sistema de rutas de buses que implicará cambios para la movilización de las personas usuarias, cuya implementación se espera iniciar antes de terminar el actual gobierno.

Tras un periodo de optimización, el Incofer presentó el borrador de licitación en una audiencia pública a interesados nacionales y extranjeros.

Fuera de la GAM existen empresas de manufactura liviana, servicios, industria de procesamiento alimentario e infraestructura turística. Este año cuatro compañías iniciaron operaciones, se trata de: Avantica, ubicada en Liberia y San Carlos; Growth Acceleration Partner, instalada en San Carlos; Mexifrutas en Siquirres; y Confidencial en Pérez Zeledón.

Costa Rica enfrenta una competencia fuerte en atracción de inversión y entre nuestras debilidades está el contar con un sistema de transporte arcaico e ineficiente que provoca un enorme gasto anual en compra de combustible que septuplica el posible subsidio que tendría que dar el Estado pero eso no es parte de la conversación.

$550 millones representan el 35% del total de la obra que comunicaría cuatro provincias y 15 cantones del país. Los $1.000 millones restantes correrían a cargo de la empresa privada de construir y administrar el nuevo tren, bajo la figura de concesión de obra pública.