Los bancos públicos renunciaron este jueves de forma “formal, inmediata e irrevocable” a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), en medio de un quiebre de confianza por la posición asumida por esa organización frente al proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios.
En un comunicado conjunto, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) informaron que la decisión responde a declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC con relación al expediente legislativo N.° 23.908, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
La vocería en cuestión es Rodrigo Cubero, asesor financiero de la asociación, quien mencionó por medio de un comunicado de prensa el 26 de febrero que “el texto aprobado en primer debate representa un avance hacia un principio de responsabilidad balanceada y justa, que protege a las personas usuarias sin trasladar de forma automática la totalidad del riesgo a las entidades financieras”.
La iniciativa, impulsada por el diputado Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional (PLN), busca regular la responsabilidad de las entidades financieras ante estafas informáticas contra sus clientes.
Sin embargo, los bancos estatales sostienen que el texto presenta “debilidades sustantivas” y riesgos para la estabilidad del sistema financiero.
Según las entidades, el proyecto podría generar un incremento en los costos sistémicos que eventualmente se trasladaría a los usuarios, con efectos en tarifas, acceso al crédito e inclusión financiera. Además, advierten que introduce esquemas de responsabilidad que consideran desproporcionados.
También cuestionan que la propuesta omite el concepto de culpa grave, presenta contradicciones que podrían generar desequilibrios y no asigna responsabilidades claras para enfrentar al crimen organizado, lo que, a su criterio, podría derivar en inseguridad jurídica.
“Los bancos públicos han liderado históricamente temas como la protección de las personas usuarias, la inversión en ciberseguridad, la prevención del fraude y la cooperación con las autoridades judiciales y policiales. Precisamente por ese compromiso, las entidades no pueden avalar ni verse vinculadas a mensajes que simplifican un problema complejo y proyectan soluciones que no lo resuelven”, menciona el comunicado.
En horas de la tarde, la ABC manifestó por medio de un nuevo comunicado que mantiene una postura de rechazo al proyecto de ley.
Aseguró lamentar profundamente la decisión tomada por los bancos de retirarse.
“En relación con las preocupaciones sobre el proyecto de ley, las inquietudes son compartidas con los bancos públicos, y resulta vital seguir dando la lucha juntos en representación del gremio”, dijo.
Finalmente, afirmó que continuarán participando activamente en el debate técnico legistativo.
La ABC es la principal organización gremial que representa a los bancos y grupos financieros del sistema bancario de Costa Rica, tanto públicos como privados.
Se constituyó en diciembre de 1983, impulsada por un grupo de bancos privados y sociedades financieras que buscaban un ente permanente para defender y coordinar los intereses del sector financiero.
Es una entidad sin fines de lucro que orienta, representa y promueve los intereses del Sistema Bancario Nacional, con el objetivo de fortalecer su estabilidad, competitividad y sostenibilidad.
La asociación ha jugado un papel clave en el diseño de políticas públicas y en el diálogo con autoridades como el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Ejecutivo.
Además, trabaja como interlocutor técnico para temas como regulación financiera, iniciativas de ley, riesgo país, tasas de interés y condiciones de crédito, buscando equilibrios entre la estabilidad del sistema y los intereses del público.
Por su parte, Cubero se desempeñó durante casi 13 años en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fue presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR) entre 2018 y 2022, durante la administración del expresidente Carlos Alvarado.
En ese periodo, se enfocó en la responsabilidad macroeconómica, el control de la inflación, la coordinación de la política monetaria con la fiscal y la gestión de la deuda pública, reforzando la confianza de los mercados y los inversionistas.
Posteriormente, se integró como asesor económico y vocero de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), donde analiza temas de política monetaria, regulación financiera, riesgo país y condiciones de crédito. También es Senior Counsel en el bufete BLP en Costa Rica.
