SAN JUAN. La mayoría de las mesas están vacías en la cafetería de Walter Martin en el distrito colonial de San Juan. Él tiene el ceño fruncido, y sudor en la frente en la calurosa mañana caribeña.
Martin ha apagado el aire acondicionado para bajar su factura de electricidad. Como tiene menos clientes, ha reducido las horas de su personal y trata de compensar los ingresos perdidos subiendo algunos precios.
Pero la arraigada crisis económica de Puerto Rico hace que la gente recorte sus gastos personales a lo imprescindible o se vaya al continente para buscar trabajo, lo que agrava los problemas para los que se quedan en la isla.Tras casi una década de profunda crisis económica, Puerto Rico no está más cerca de salir de ella y, de hecho, se espera que caiga más. La tasa de desempleo supera el 12%.
Unas 144.000 personas abandonaron el territorio estadounidense entre 2010 y 2013, y en torno a un tercio de los nacidos en Puerto Rico viven ahora en el continente. En medio del éxodo escuelas y negocios han cerrado. Se espera que para 2050, la población de 3,5 millones de personas caiga a 3 millones.
El gobierno ha intentado aumentar los ingresos subiendo el impuesto sobre la venta al 11,5%, más alto que en cualquier estado de EEUU, y cerrado oficinas gubernamentales.
La adeudada firma puertorriqueña de electricidad ya cobra tarifas que de media suponen el doble que en el territorio continental de Estados Unidos, y está bajo presión de sus tenedores de bonos de que suba más los precios.
Un pago de una cuota de $58 millones y el gobierno solamente canceló lo adeudado por intereses, $628.000, en lo que la firma Moody's Investors calificó como un signo de otros pagos por venir que no se van a hacer. "Este evento es consistente con nuestra creencia de que Puerto Rico no tiene los recursos para realizar la totalidad de los próximos pagos de la deuda", dijo Emily Raimes, vicepresidente de Moody.
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"Este es el primero de lo que creemos será un impago de la deuda". Carmen Dávila, escaparatista y camionera retirada de 65 años, sacó hace poco su dinero del banco temiendo que el gobierno cerrase las sucursales y requisara el dinero. Aunque Puerto Rico siempre ha tenido altibajos, señala, la situación actual es inaudita.
El éxodo de gente de la isla, sobre todo al centro de Florida y a Nueva York, es palpable. Casi todo el mundo conoce a alguien que se ha marchado o planea hacerlo pronto.
El impacto de las salidas y el declive en el gasto de los que se quedan es evidente. Hay menos gente en restaurantes y salas de cine, las familias han reducido las excursiones de verano a la playa y la montaña, e incluso los notorios atascos de tráfico de San Juan se han reducido. José Hernández dijo que su trayecto al distrito colonial de San Juan, que antes llevaba unas dos horas, ahora le requiere unos 20 minutos.
Este vendedor de lotería de 62 años dice que si no fuera por los nietos a los que ayuda a mantener, se sumaría a los que se marchan, aunque reconoce que hacerlo sólo empeoraría las cosas, porque cuanta menos gente haya, menos pueden ayudar a impulsar la economía. La situación actual es la peor que recuerda Hernández, que señala a las calles desiertas de clientes.
Su negocio de venta de lotería ha caído casi un 10%, lo que le obliga a mantener la compra a los productos básicos y recortar en lujos como cines y restaurantes.
Dávila señaló que su pensión de $600 mensuales no basta para cubrir sus gastos. Ella y otros familiares reúnen su dinero para comprar material escolar para sus 12 nietos. Ella los cuida mientras sus hijos trabajan y estudian, aunque la abuela sueña con volver a vivir en Nueva York. Una serie de medidas de austeridad propuesta por un grupo de fondos de inversión que posee $5.200 millonesde deuda boricua ha soliviantado a los isleños: despido de maestros, recorte de beneficios de Medicaid y reducción de los subsidios para la principal universidad pública.
Mientras tanto, un informe encargado por el gobierno recomendaba que los salarios quedaran por debajo del mínimo federal, se recortaran las vacaciones pagadas y se redujeran los costes de energía.
El gobierno del gobernador Alejandro García Padilla ha alegado que los organismos públicos, incluyendo las proveedoras de suministros como la electricidad, deberían poder declararse en bancarrota.
Puerto Rico, un territorio estadounidense, no puede hacerlo, aunque los partidarios de esta idea dicen que ofrecería a la isla una forma ordenada de reestructurar su deuda.
Los fondos de bonos para municipios estadounidenses ostentan más de $11.400 millones de deuda de Puerto Rico, mientras que los fondos de inversión controlan en torno a un tercio. Es probable que los inversores afronten más volatilidad y recortes en sus inversiones, según Morningstar. "Puerto Rico está lejos de salir del túnel", indicó la agencia. "Está claro que éste será un viaje largo y complicado".
Además de una situación que ya es difícil, los boricuas se preparan para un nuevo impuesto a los servicios que entrará en vigor el 1 de octubre. Algunos economistas advierten de que medidas como nuevos impuestos podrían deprimir aún más la economía, una preocupación compartida por los pequeños empresarios.
Ignacio veloz, que posee un pequeño negocio de administración de fincas, cree que las autoridades seguirán apretando hasta que la gente no pueda más. En el salón de belleza Fantasy Shop, la propietaria Antonia Ortiz trabaja sola. No había negocio suficiente como para mantener a las dos asistentes que tuvo en su día.
Ahora, todo el mundo se tiñe el cabello en casa. En la cafetería Aromas, Martin mantiene un estrecho control de los gastos. Ahorra unos 2.000 dólares al mes apagando el aire acondicionado, y ha reducido unos 500 dólares de sus gastos semanales de compra de alimentos. El padre de Martín, que es el tío de la estrella del pop Ricky Martin, abrió la cafetería hace cinco años. Era el cumplimiento de un viejo sueño y el joven Martin está decidido a mantenerla abierta.
