EscucharAsí como han crecido en tamaño, los fondos del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) también han crecido en pretendientes. En los últimos tres años han aumentado las propuestas para pellizcar ese dinero, ya sea para fines alternativos a los que fue creado o para acceder prematuramente a los recursos.
Estos intentos, sin embargo, no han sido del agrado de las autoridades en pensiones ni de las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC), quienes dicen que el riesgo lo terminará pagando la persona que se jubile.
¿Cuáles propuestas se han hecho?
La propuesta más reciente es la del expediente 23.547, presentada por el congresista Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional. Esta propone permitir que los trabajadores utilicen sus recursos del ROP para adelantar la pensión en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dice que esta propuesta no lastima a las operadoras, pero sí al pensionado, ya que este tendría que sacrificar parcial o totalmente su ROP para recibir anticipadamente el IVM.
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Esto podría ser particularmente doloroso ya que el país está en una situación en la que la pensión del IVM está perdiendo peso. “Los regímenes de reparto (como el IVM) cada vez van a ir bajando la prestación, para eso fue que nació el ROP, para complementar y tratar de que la gente mantenga su nivel de vida con las dos pensiones”, dice Maggi.
“(De aprobarse el proyecto), esa persona va a ver disminuida su pensión total en aproximadamente un 20%, que es lo que se estima que el ROP complementa”, explica Róger Porras, gerente de la OPC Popular Pensiones.
Además significaría pasar recursos de un pilar de pensiones de capitalización individual, donde el dinero es únicamente del afiliado, a uno donde el fondo es colectivo.
Este proyecto fue dictaminado por la Asamblea el pasado 31 de octubre.
Otra propuesta liberacionista fue la del expediente 23.802, del diputado Francisco Nicolás. En este se pretendía que las personas pudieran acceder hasta a un 30% de su ROP para saldar deudas. Este proyecto fue recientemente enterrado por los diputados poco después de un año de haberse presentado.
En mayo del 2022, Rocío Aguilar, superintendenta de Pensiones, mencionó que sacar un 30% podría equivaler hasta siete años completos de cotización que solo podrían recuperarse si el afiliado aplaza la edad de retiro.
El socialcristiano Leslye Bojorges también presentó un proyecto (expediente 23.524) para fortalecer el aporte en un 0,75% del salario mensual al Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Ese porcentaje adicional se le rebajaría a lo que actualmente se le asigna al ROP.
El FCL se puede retirar cada cinco años o cuando una persona pierde su trabajo. Esto significaría movilizar una parte del ahorro del trabajador que está en el largo plazo hacia el corto plazo.
Estos proyectos, hasta el momento, no se han convertido en una realidad, sin embargo sí hay un caso en el que la Asamblea permitió un ajuste en el ROP. Esto sucedió en octubre de 2020, cuando se aprobaron los Transitorios XIX y XX de la Ley de Protección al Trabajador. Estos permiten una desacumulación acelerada de los fondos. El Transitorio XX incluso abrió la puerta para que un grupo de personas recibiera la totalidad de su ROP en solo 30 meses.
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Dicho cambio se aprobó en medio de la pandemia, cuando la crisis económica apretaba. “Con esta ley inyectamos recursos a los hogares costarricenses en momentos en que más lo necesitan, al tiempo que resguardamos la estabilidad del sistema de pensiones”, dijo el entonces presidente, Carlos Alvarado.
“Al final habría que preguntarse cuántas de las personas que sacaron sus recursos del ROP todavía los tienen o si lograron mejorar su condición de vida en el largo plazo”, considera Porras.
¿Por qué han crecido estas propuestas?
Es mucho dinero: los fondos han crecido a una magnitud tal que es difícil que no levanten tentaciones. A setiembre de 2023, los activos de este fondo alcanzaron los ¢10,35 billones. Para poner eso en perspectiva, el ROP equivale a alrededor de un 25% del PIB y a un 30% de toda la riqueza financiera del país.
Desconfianza: la fuerte caída en los rendimientos que tuvieron las inversiones del ROP deterioraron la confianza de los afiliados en el manejo que le dan las operadoras a estos fondos. Entre setiembre de 2022 y marzo de 2023 los activos del ROP presentaron contracciones interanuales consecutivas.
En su momento las autoridades mencionaron que se trataba de un fenómeno internacional en el que no estuvo involucrado exclusivamente Costa Rica y que eventualmente el fondo saldría de la tormenta, como ya había sucedido en 2008 y 2012. Actualmente todas las operadoras registran rentabilidades positivas y los activos del ROP ya retomaron una senda de crecimiento, aunque todavía se proyectan algunas volatilidades en lo que resta del año.
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Situación adversa: el país actualmente vive un momento complicado, las altas tasas de interés y el deterioro de los salarios reales en comparación con la prepandemia vuelve más tangibles las necesidades financieras de las personas.
“Uno entiende, si la gente está pasando una necesidad y tiene unos recursos ahí guardados (en el ROP), pues los seres humanos normalmente preferimos el consumo presente sobre el consumo futuro”, dice Porras.
A esto se le suma una cultura cortoplacista en la que se olvida que en la etapa más tardía de la vejez es cuando los gastos se incrementan, especialmente por los cuidados médicos que empieza a necesitar el adulto mayor.
“Yo sé que es tentador usar el ROP porque nadie podría haber ahorrado hoy lo que tiene en el ROP porque no tenemos una cultura de ahorro, por eso es que es (un régimen) obligatorio”, explica Maggi.
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¿Para qué más se puede usar el ROP?
Si bien las propuestas para retirar extractos de los fondos podrían afectar en el largo plazo a los pensionados, eso no significa que ese dinero no se pueda utilizar para un fin alternativo que sea para bien público. Recientemente, por ejemplo, la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, mencionó que tiene propuestas con la OPC de la Caja para conversar sobre la construcción del hospital de Limón.
Esto último no es necesariamente algo negativo, de hecho puede ser una situación de ganar-ganar: las operadoras tienen la obligación de invertir en algún sitio los fondos con un buen rendimiento y el Estado tiene la necesidad de mejorar la infraestructura pública. Sin embargo, en los 23 años de vida del ROP no se han podido formular propuestas concretas para que estos fondos contribuyan a la construcción pública directamente.
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“Tiene que ser un enfoque en el que gane el país en infraestructura y ganen los fondos en el retorno de los recursos. Este tema de invertir en obra pública tiene ya bastante años y lamentablemente no se han logrado consolidar proyectos”, afirma Porras.
