EscucharCuando se habla de gobierno corporativo se hace referencia a los mecanismos, procesos y reglas que determinan cómo una empresa es dirigida, administrada y controlada.
Su importancia es clave porque una buena gobernanza mejora la eficiencia empresarial y promueve su estabilidad económica. Como señala la CEPAL, “la buena gobernanza corporativa de las empresas contribuye a la estabilidad financiera, a la atracción de inversión y a un crecimiento económico sustentable, creando así confianza y reduciendo en gran medida los riesgos de crisis financiera”.
Esto implica que empresas bien gobernadas generan más valor, atraen capital y reducen impactos negativos sobre la sociedad. En el caso de empresas de propiedad estatal (EPE), estas exigencias se acentúan: al ser propiedad de todos los ciudadanos, deben rendir cuentas con transparencia y gestionar los recursos públicos con eficiencia.
Implicaciones económicas
Una sólida gobernanza en EPE asegura eficiencia y competencia en sectores clave. Según la OCDE, mejorar la gobernanza de las EPE costarricenses podría elevar el PIB per cápita hasta en un 1,1%, mientras que promover condiciones de competencia más equitativas podría sumar otro 0,5% al PIB per cápita. En otras palabras, el buen gobierno corporativo incrementa la productividad y reduce costos ocultos o privilegios ineficientes.
Implicaciones sociales
Las EPE proveen bienes y servicios públicos fundamentales y, además, su mala gestión puede dañar la confianza ciudadana y terminar contribuyendo al deterioro de la convivencia democrática. Procesos transparentes y controles internos fuertes evitan irregularidades y corrupción, elevando la legitimidad de las instituciones públicas.
Implicaciones políticas
Una gobernanza clara previene la interferencia indebida del poder político en la gestión diaria de las empresas estatales. Al definir roles y responsabilidades (por ejemplo, separando, en el caso del Estado, la función de propietario de la función reguladora), se protege la empresa de decisiones populistas o clientelistas y se centra en objetivos de largo plazo.
En resumen, las EPE con buena gobernanza tienden a ser más rentables y sostenibles, lo que beneficia al conjunto de la economía y la sociedad. Para lograrlo, a lo largo de los años, se ha alcanzado consenso en torno a un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones específicas a nivel internacional.
Mejores prácticas internacionales en gobernanza de EPE
Organismos como la OCDE han definido principios y directrices para las EPE. Entre las mejores prácticas destacadas se cuentan:
Razones de la propiedad estatal
El Estado debe definir claramente por qué es dueño de una empresa pública y revisar periódicamente esas razones (por ejemplo, prestación de servicios públicos esenciales, no fácil provisión por privados, seguridad nacional, entre las principales). Una vez establecidas estas razones, todo el marco legal y regulatorio debe alinearse con ellas. De hecho, las Directrices de la OCDE indican que el país debe “definir las razones que justifican que sea propietario de empresas públicas concretas y revisar estas razones periódicamente” (Directriz I.D). Esto evita mantener empresas estatales sin propósito claro.
Juego limpio en el mercado
Se debe garantizar igualdad de condiciones para las EPE frente a empresas de propiedad privada. El marco legal y regulatorio debe asegurar competencia leal en los mercados donde operan las EPE. En principio, las EPE no deben recibir apoyos financieros o exenciones que les otorguen ventajas indebidas. Por ejemplo, la Directriz OCDE exige que las EPE “no deben beneficiarse de ningún apoyo financiero indirecto que les otorgue ventaja frente a sus competidores privados”, ni gozar de insumos a precios más favorables (energía, crédito, subsidios, etc.). Asimismo, no deben exonerarse de leyes generales ni recibir trato tributario preferente. Estas medidas nivelan el campo de juego y evitan distorsiones en la economía.
Transparencia y rendición de cuentas
Las EPE deben publicar información financiera y de gestión en forma accesible (mejor aún, bajo normas internacionales). Deben reportar los estados contables auditados, los objetivos de desempeño y detalles de cualquier relación con el Estado. En la práctica, esto implica transparencia sobre presupuestos, costos y cumplimiento de objetivos y metas. Una EPE que informa de forma clara reduce la opacidad y contribuye al control ciudadano.
Consejos de administración profesionales
Los miembros de la junta deben designarse por mérito y deben poseer experiencia relevante. Deben actuar con independencia de la política y con deberes de lealtad hacia la empresa. Las Directrices OCDE sugieren que el proceso de selección sea transparente y basado en los méritos de los candidatos. En muchos países se busca evitar nombramientos políticos directos, enfocándose en habilidades empresariales y capacidad técnica.
Integridad y anticorrupción
Las EPE están especialmente expuestas a presiones políticas y riesgos de corrupción. En 2019 la OCDE publicó las Directrices para Lucha contra la Corrupción e Integridad en las Empresas Públicas, señalando que este es “el primer instrumento internacional que ofrece a los Estados, en su papel de propietarios, apoyo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en las empresas de su propiedad”. Estas Directrices recomiendan implementar códigos éticos, auditorías internas, controles rigurosos en contrataciones y mecanismos sancionadores. En suma, la buena gobernanza de EPE exige robustecer la integridad institucional, complementando los lineamientos anteriores.
Enfoque en eficiencia y objetivos
Las EPE deben perseguir metas comerciales claras y justificar sus objetivos públicos. Evitar decisiones arbitrarias protege su viabilidad en el largo plazo.
En conjunto, estas prácticas internacionales (respaldadas por la OCDE, G20 y otros organismos internacionales) buscan que las empresas estatales operen con criterios similares a las mejores empresas privadas: objetividad en la toma de decisiones, transparencia en la información y rendición de cuentas ante la sociedad.
El caso de Costa Rica: avances y retos
En Costa Rica existen 28 empresas estatales que “desempeñan un papel mucho más importante en la economía que las empresas que cotizan en el mercado de valores y plantean mayores desafíos de gobernanza”. Dado su tamaño relativo, la OCDE subraya que merecen especial atención.
En los últimos años Costa Rica ha implementado reformas para alinear sus prácticas con los estándares internacionales. Por ejemplo: en 2018 se creó la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado (UAPA) para centralizar la supervisión y, sobre todo, la adopción de políticas uniformes en cuanto a la relación entre el gobierno y las EPE. Se exige a todas las EPE la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Además, el gobierno dictó decretos que definen funciones y responsabilidades de las juntas directivas y mejoran la divulgación de información de estas empresas. También se impulsó la creación de un seguro de depósitos que equipara a las entidades estatales con los bancos privados, se reformaron los procedimientos de contratación pública y se empezó a publicar información agregada sobre las EPE.
Estas medidas evidencian el compromiso costarricense con la eficiencia y transparencia en las EPE. Como concluye el informe de la OCDE, Costa Rica ha adoptado “medidas significativas para alinear aún más su marco y prácticas de gobierno corporativo” con las recomendaciones internacionales.
A pesar de los avances, persisten áreas críticas donde Costa Rica puede progresar, aprendiendo de experiencias comparadas:
Separación de funciones estatales
El informe OCDE observa que aún no existe “una clara separación entre los objetivos comerciales y de políticas” dentro de las EPE. Dicho de otro modo, el Estado mezcla con frecuencia fines políticos y operativos en sus empresas, lo cual erosiona la autonomía gerencial.
Nivel de competencia
En ciertos sectores clave (sobre todo el financiero), hay “muchas distorsiones en el panorama de competencia”.
Estructuras de gobierno (juntas directivas)
Antes del año 2020 la designación de los miembros de juntas directivas era en gran parte discrecional, con poca transparencia. Reconociendo esto, la OCDE recomendó formalizar el proceso de selección basándolo en méritos y experiencia empresarial. En respuesta, en 2019 se emitió un decreto que establece criterios objetivos para seleccionar directores (meritocráticos y transparentes). Aun así, el desempeño de las juntas estatales ha sido “variable” y sugiere espacio de mejora. Fortalecerlas implica mayor capacitación de sus miembros, renovación periódica para inyectar nuevas ideas y una supervisión y guía más activa del propietario (a través de la UAPA).
Corrupción e integridad
Escándalos recientes han evidenciado la vulnerabilidad de las EPE ante malas prácticas. Esto despertó conciencia sobre la necesidad de reforzar controles internos y códigos éticos. Medidas como auditorías independientes frecuentes, comités de ética y sanciones claras contra funcionarios corruptos son fundamentales.
Transparencia y rendición de cuentas
Aunque hoy la regla general es publicar información financiera, aún faltan normativas detalladas sobre contratación y contratos estatales. Las Directrices OCDE instan a que las EPE divulguen periódicamente sus planes de desempeño y costos asociados al servicio público. Cumplir con ello permite evaluar su real contribución al país.
La gobernanza corporativa es esencial en las empresas estatales porque impacta directamente la eficiencia económica, el cumplimiento de objetivos sociales y la credibilidad política.
En Costa Rica se han dado pasos importantes ―alineándose con los estándares OCDE― al crear instancias que definan políticas y lineamientos comunes para ellas, exigiendo informes financieros estandarizados, y mejorando el nombramiento y funcionamiento de los órganos de dirección.
En última instancia, reforzar la gobernanza de las empresas estatales beneficia a la economía y a la sociedad costarricenses: asegura que los recursos públicos se inviertan de manera óptima y que los servicios estratégicos sean sostenibles. Con prácticas comparadas y compromisos locales claros, Costa Rica puede continuar transformando sus EPE en instituciones más eficientes, transparentes y responsables, al servicio de todos los ciudadanos.
Sin embargo, pese a los incipientes esfuerzos de años previos y al peso de las recomendaciones y de la experiencia internacional, en los últimos tres años mucho de lo avanzado parece estar siendo arrojado a la cesta de la basura.
Las señales de debilitamiento de la gobernanza pública, las amenazas a la independencia y autonomía de ciertas instituciones, la concentración de poder en autoridades políticas y el uso espurio de herramientas legales y administrativas para hacerse con el control de organizaciones no pueden tolerarse en ninguna circunstancia y, menos, justificarse en función de tomar decisiones rápidas en beneficio de las ciudadanías.
Las historias de deterioro de la convivencia democrática, de cercenamiento de las libertades y, paradójicamente, de creciente incapacidad del Estado de satisfacer las demandas más básicas de las poblaciones suelen iniciar siempre con liderazgos mesiánicos y cargados de testosterona, discursos basados en simplificaciones burdas de la realidad, medias verdades o de plano mentiras y con el uso de estratagemas para controlar y debilitar la gobernanza, las instituciones y las políticas públicas, justo cuando más se necesita de ellas.
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El autor, José Luis Arce, es expresidente del Consejo Nacional de Supervisión Financiero (Conassif) y director de la firma FCS Capital.
