Desde 2020 hasta diciembre del 2025, la operación del Parque Empresarial del Pacífico en un fondo inmobiliario ha derivado en una crisis regulatoria, conflictos legales y una investigación penal que alcanzó su punto de quiebre el 4 de diciembre con 16 allanamientos en las oficinas del banco estatal y sus filiales.
El caso BCR SAFI representa, hoy, una de las mayores crisis de confianza en la intermediación de fondos de inversión en Costa Rica. Lo que comenzó como una compra de bienes raíces en febrero de 2020 —el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por aproximadamente $70,8 millones— se ha convertido en un conflicto multifacético que expone fracturas en el gobierno corporativo, la supervisión regulatoria y la ética de operaciones en la banca estatal.
El origen: una compra cuestionada
El Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI (subsidiaria del Banco de Costa Rica), adquirió el PEP, un complejo industrial y logístico ubicado en Puntarenas, en el mes de febrero de 2020. Desde entonces, la operación ha sido objeto de crítica constante.
Una valuación contratada posteriormente por inversionistas del mismo fondo reveló una brecha perturbadora: mientras BCR SAFI pagó alrededor de $70,8 millones por la propiedad, valoraciones posteriores indicaban un valor significativamente inferior. La diferencia llegó a alcanzar los $43 millones, generando pérdidas estimadas en $9,41 millones para el fondo inmobiliario.
Pero el PEP no fue un caso aislado. Investigaciones posteriores identificaron un patrón: el fondo administrado por BCR SAFI adquirió al menos nueve inmuebles a sociedades vinculadas al exdiputado Humberto Vargas, con precios que inversionistas y analistas consideran inflados.
La rebelión de los inversionistas
Para 2023, la inconformidad de los ahorrantes que habían confiado sus recursos al fondo no diversificado se volvió imposible de ignorar. Los inversionistas no solo denunciaban pérdidas de valor; cuestionaban públicamente la competencia y la diligencia de quienes tomaron las decisiones de inversión.
Pequeños ahorrantes describían el negocio como “ruinoso” y exigían que el Banco de Costa Rica y su filial asumieran responsabilidad por la caída de valor del PEP. ¿Cómo una entidad estatal, con obligaciones fiduciarias, había permitido que un fondo adquiriera un activo que se depreciaba tan precipitadamente?
La presión de los inversionistas llegó a los niveles superiores de BCR SAFI. En una respuesta que marcó un quiebre simbólico, la propia Junta Directiva de la sociedad administradora presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público cuestionando el precio al que se había comprado el PEP, aliándose —de facto— con los ahorrantes contra sus propios funcionarios.
Sugeval: el regulador entra en acción
La Superintendencia General de Valores (Sugeval), encargada de velar por la estabilidad del mercado de fondos de inversión, profundizó su revisión del caso. El impacto del deterioro del PEP no era solo una pérdida privada; era un riesgo sistémico.
En 2024, Sugeval emitió una resolución que no solo ordenaba correcciones contables y refuerzo de capital a BCR SAFI, sino que exigía un esquema de restitución económica a los inversionistas del fondo afectado. El monto aproximado: $70 millones.
La lógica regulatoria era contundente: el fondo y sus inversionistas no debían cargar solos con el impacto de una operación que presentaba características de sobreprecio y falencias de gobierno corporativo. Alguien debía resarcir el daño.
En respuesta a estos requerimientos, BCR SAFI confirmó un aporte de capital de ¢22.000 millones por parte del Banco de Costa Rica, junto con la capitalización de utilidades retenidas de 2023, buscando fortalecer su solvencia. Pero Sugeval continuó identificando deficiencias en la información financiera y exigió nuevas correcciones.
La judicialización del conflicto
El Banco de Costa Rica y BCR SAFI no aceptaron las órdenes de Sugeval sin resistencia. Presentaron recursos de revocatoria y apelación, pidiendo suspender la ejecución de la resolución mientras se resolvían sus argumentos en sede administrativa y, eventualmente, judicial.
El conflicto escaló hacia la vía contencioso-administrativa. El BCR buscó medidas cautelares para frenar el aporte de $70 millones a los inversionistas mientras se resolvía el fondo del litigio. Un tribunal concedió una medida cautelar provisionalísima que suspendió temporalmente la obligación, pero posteriormente la revocó, restableciendo la vigencia de la orden regulatoria.
Sugeval, en sus comunicados públicos, advirtió que la judicialización solo causaría perjuicio a los inversionistas. Voces en la opinión pública cuestionaban si el Banco de Costa Rica estaba intentando sustraerse de sus responsabilidades patrimoniales.
El escándalo penal: 14 investigados y 16 allanamientos
Mientras avanzaba la disputa regulatoria y judicial, el Ministerio Público abría su propia línea de investigación. La causa, identificada bajo el expediente 21-000209-1218-PE, apuntaba a presuntos delitos de sobreprecio e influencia contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción identificó a 14 personas bajo investigación, vinculadas a las “millonarias compras de 9 inmuebles” realizadas a través de fondos administrados por BCR SAFI. Entre esos inmuebles figuraba, claro está, el Parque Empresarial del Pacífico.
Ese escándalo penal llegó a su punto de quiebre el 4 de diciembre del 2025.
4 de diciembre: los allanamientos
En la madrugada y las primeras horas de ese viernes, la Fiscalía ejecutó 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Las acciones operativas se concentraron en casas de habitación y oficinas de los investigados, pero dos ubicaciones tenían una carga simbólica particular:
- Las oficinas de BCR SAFI, la sociedad administradora de fondos de inversión del Banco de Costa Rica.
- El departamento de Auditoría del Banco de Costa Rica, en las oficinas centrales ubicadas en San José.
Los agentes de la Fiscalía incautaron evidencia documental y electrónica relacionada con las inversiones de BCR SAFI, así como contratos y permisos de construcción de los proyectos inmobiliarios investigados. El objetivo era asegurar pruebas que pudieran sustentar eventuales acusaciones formales en los meses venideros.
Ese mismo día, La Nación recogió las reacciones de Sugeval y del conglomerado BCR. La autoridad supervisora reafirmó sus criterios técnicos sobre el impacto del PEP; el banco insistió en que había actuado de conformidad con la regulación, aunque reconoció las pérdidas.
Un escándalo que expone grietas profundas
Distintos analistas han descrito el caso como “la punta del iceberg” de problemas éticos en la banca estatal, y como “una herida abierta en el corazón del país”. Algunos llegan a plantear críticamente si el Banco de Costa Rica está “estafando a sus inversionistas”.
La realidad es que el caso expuso debilidades estructurales:
- Evaluaciones deficientes: proyectos analizados con supuestos demasiado optimistas o mal sustentados.
- Falta de debida diligencia: comités de inversión y juntas directivas que no ejercieron la supervisión requerida.
- Falta de transparencia: comunicación tardía y poco clara con los inversionistas sobre el deterioro del PEP.
¿Qué queda por resolverse?
Al 5 de diciembre del 2025, el caso BCR SAFI permanece abierto en todos sus frentes.
En el plano penal, la investigación continúa con 14 personas bajo escrutinio, sin que se hayan comunicado acusaciones formales. Los 16 allanamientos sugieren que la Fiscalía considera madura la investigación para asegurar evidencia adicional, pero el expediente sigue bajo reserva.
En el plano regulatorio y civil, la orden de Sugeval de restituir $70 millones a los inversionistas del fondo inmobiliario permanece vigente, aunque su ejecución está condicionada al desenlace de los procesos contencioso-administrativos que el BCR mantiene en curso.
En el plano reputacional, la confianza en los fondos inmobiliarios administrados por el conglomerado estatal se ha erosionado significativamente. Los inversionistas organizados demandan no solo reparación económica, sino cambios profundos en la gobernanza de BCR SAFI que garanticen que episodios como el PEP no vuelvan a repetirse.
Por ahora, lo único seguro es que el caso BCR SAFI ha dejado una cicatriz en la reputación de la banca estatal costarricense.
