EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó, la mañana de este jueves 4 de diciembre, allanamientos simultáneos en 16 puntos del país como parte de la causa conocida como “BCR SAFI”, bajo el expediente 21-000209-1218-PE.
Los operativos se realizan en viviendas y oficinas, entre ellas la sede de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR) y el Departamento de Auditoría de la entidad, ubicado en sus oficinas centrales en San José.
Según el Ministerio Público, el objetivo es incautar evidencia documental y electrónica relevante para el caso, incluyendo información sobre inversiones efectuadas por la SAFI dentro y fuera del país, contratos y permisos de construcción vinculados a los proyectos cuestionados.
La investigación analiza presuntos delitos de sobreprecio e influencia en contra de la Hacienda Pública, atribuidos a miembros de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI.
Los señalamientos se relacionan con al menos nueve proyectos inmobiliarios adquiridos por la administradora.
En paralelo, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) mantiene procesos disciplinarios y regulatorios abiertos contra personas y entidades implicadas.
¿Qué dice el BCR?
El Conglomerado Financiero BCR confirmó la presencia de las autoridades judiciales y señaló que la visita estuvo enfocada en el secuestro de información relacionada con compras de propiedades efectuadas por BCR SAFI.
La institución recordó que, en agosto de 2024, la Junta Directiva de BCR SAFI presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), propiedad del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares.
La acción se tomó tras un Informe de Relación de Hechos de la Auditoría Interna y luego de que se recibieran tres denuncias anónimas en marzo de 2021.
El Banco afirmó haber estado “a la orden de las autoridades desde el inicio” y que ha colaborado con el suministro de la información requerida.
Indicó, además, que el Ministerio Público sabía de antemano que la documentación estaba preparada y disponible para ser entregada cuando fuera solicitada, y calificó la diligencia como un trámite normal en este tipo de procesos.
Las autoridades judiciales estuvieron en el edificio CTIC, en Aranjuez, y en las oficinas de BCR SAFI en Torre Cordillera, en Rohrmoser. Ambos edificios no atienden público, por lo que, según el banco, los clientes no resultaron afectados; el personal laboral regresó a sus funciones tras la salida de los agentes judiciales.
El Conglomerado reiteró su disposición para apoyar el avance de la investigación y recalcó que la atención al público, canales digitales y servicios operan con normalidad.
El inicio del caso se remonta a febrero de 2020, cuando el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) del BCR adquirió el Parque Empresarial del Pacífico por $70,8 millones, una cifra que peritajes posteriores determinaron que excedía en más de $43 millones el valor real de mercado.
La transacción, realizada a una sociedad vinculada al exdiputado Humberto Vargas Corrales, no solo implicó un sobreprecio exorbitante, sino que provocó pérdidas millonarias en los rendimientos de los inversionistas.
