A pesar de que Costa Rica acumula reservas récord y mantiene un crecimiento económico superior al promedio regional, Fitch Ratings decidió el miércoles mantener la calificación de la deuda soberana en ‘BB’. Si bien la “Perspectiva Positiva” se mantiene vigente, el informe de la agencia lanza una advertencia clara: la rigidez fiscal provocada por el pago de intereses y el “gridlock” político siguen siendo las anclas que impiden el ascenso hacia el Grado de Inversión.
En su último reporte del año, publicado desde Nueva York este 17 de diciembre, Fitch reconoce la fortaleza estructural de la economía costarricense, pero destaca un desequilibrio crítico en las finanzas públicas. Aunque el gobierno central ha logrado superávits primarios, el pago de intereses de la deuda consume una porción desproporcionada del presupuesto.
Para 2025, la agencia proyecta que la relación intereses/ingresos del Gobierno Central será del 29%. Aunque esta cifra muestra una leve mejora respecto al 32% de 2024, sigue siendo la más alta de toda la categoría ‘BB’.
“Esto es una fuente de rigidez fiscal”, señala el informe. En términos sencillos, el margen de maniobra del Estado para invertir o enfrentar crisis sigue atado de manos por el servicio de la deuda, una debilidad estructural que Fitch penaliza con una reducción de un escalón (-1 notch) en su modelo de evaluación cualitativa.

El costo de la fragmentación política
Más allá de los números, el factor político pesa considerablemente en la nota actual. Fitch aplica un castigo de dos escalones (-2 notches) a la calificación de Costa Rica debido a lo que denomina un “historial de bloqueo político” que obstaculiza las reformas y la flexibilidad financiera.
La agencia resalta que, durante 2025, los esfuerzos del Ejecutivo para revisar la ley de Eurobonos y buscar autorización para endeudamiento externo fracasaron en la Asamblea Legislativa. Esto obligó al Ministerio de Hacienda a financiar la mayoría del déficit en el mercado local y recurrir a mecanismos alternativos como las Notas de Depósito Global (GDNs).
“La fragmentación política sigue siendo alta”, advierte la calificadora a menos de dos meses de las elecciones generales de febrero de 2026. Aunque las encuestas muestran un fuerte apoyo a la candidata oficialista Laura Fernández —con posibilidades de ganar en primera ronda si supera el umbral del 40%—, Fitch mantiene la cautela sobre la capacidad del próximo gobierno para construir consensos en el Congreso.
La trampa de la deflación y la deuda
El reporte también pone la lupa sobre un fenómeno macroeconómico inusual: la persistente deflación. Con una inflación interanual de -0,4% en noviembre de 2025 y una proyección de apenas 0,3% para 2026, el país enfrenta riesgos fiscales indirectos.
Una inflación tan baja, muy por debajo de la meta del Banco Central (3%), implica un crecimiento menor del PIB nominal. Esto dificulta la tarea de “licuar” la deuda. Fitch estima que la deuda del gobierno central se estabilizará en un 59,4% del PIB al cierre de 2025, rozando peligrosamente el umbral del 60% que define la rigidez de la Regla Fiscal.
Si bien la calificadora valora la disciplina fiscal y el respaldo del FMI —evidenciado por la Línea de Crédito Flexible aprobada en junio—, el mensaje de fondo es que la estabilidad macroeconómica por sí sola no basta.
Para materializar la mejora en la calificación que sugiere la “Perspectiva Positiva”, Costa Rica necesitará no solo mantener sus números en azul, sino demostrar, tras las elecciones de 2026, que puede superar el estancamiento político para reducir estructuralmente su pesada carga de intereses.
Datos clave del informe Fitch (Diciembre 2025)
- Calificación: BB (Perspectiva Positiva).
- Crecimiento PIB 2025: 4,1% (proyectado).
- Déficit Fiscal: Se reduce a 3,2% del PIB.
- Intereses vs. Ingresos: 29% (El más alto de la categoría BB).
- Inflación: Negativa desde mayo 2025 (-0,4% actual).
- Reservas: $16.000 millones (Cobertura de 4,7 meses de pagos externos).
