Cuido de adultos mayores compromete capital de familias

Es decir, los mayores carecen de medios para subsistir o garantizar calidad de vida y si tienen familia esta destina los recursos disponibles para el cuido, que en ocasiones puede ser una persona en edad productiva.

En Costa Rica el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) es una de las pocas entidades que brinda una ayuda económica a familias en extrema pobreza que tienen a cargo adultos mayores, no obstante mientras la población se envejece los recursos se agotan y eso dificulta aún más el cuido o manutención de estas personas.

El Conapam cuenta desde el 2012 con la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores (Red de Cuido), la cual representa una acción del Estado en la formulación e implementación de políticas y estrategias de protección social para resolver las necesidades de la vejez.

Este esfuerzo, pese a ser valioso, no soluciona las grandes problemáticas de acceso a recursos que requieren este grupo de personas o sus familias.

Datos del Informe del 2021 del Programa Estado de La Nación (PEN) muestran que Costa Rica vive una transición demográfica avanzada, es decir, se encamina hacia el envejecimiento de su población.

“En los próximos años empezarán a crecer las personas dependientes de mayor edad, lo cual generará nuevas demandas y más presiones de financiamiento y provisión de servicios para el sistema de protección social”, dice el texto.

La investigación del PEN destaca que se requieren ¢182.159 millones en los próximos diez años para satisfacer las necesidades de cuido de todas los habitantes mayores costarricenses, esto equivale al 0,48% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el perfil de las personas en dependencia económica, según el análisis del PEN, casi la mitad son adultas mayores.

Las necesidades de cuido de adultos mayores representan una inversión en términos de tiempo y económica, generalmente en las familias esta tarea es hecha por mujeres, lo que implica que deben salir de la fuerza laboral generando menos ingresos y debilitando las tasas de ocupación.

La mayoría de veces la falta de recursos surge debido a que la persona adulta mayor no tiene un respaldo económico como un fondo de retiro o pensión que le permita afrontar las necesidades básicas.

El riesgo que enfrentan las fuentes de financiamiento de los programas sociales surge exactamente cuando el país orienta de recursos para aplicar políticas contra-cíclicas para reducir los impactos negativos de ocasionados por la pandemia. Lo anterior reduce las posibilidades de contenido económico que precisamente estaba dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable.

Jaime García, el investigador y director de Proyectos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clacds) del Incae Business School, explicó que la principal limitación para el acceso y permanencia de las mujeres a la economía y al mercado laboral continúa siendo el desequilibrio en la distribución del trabajo de cuidado no remunerado y doméstico, no solo por la sobrecarga de trabajo que conlleva para ellas.

Sistema universal de pensión

En el país aparte del régimen no contributivo (RNC), que es un sistema que brinda un apoyo económico a quienes no tienen acceso a pensión, y la red de cuido, no hay políticas públicas que abran espacio de apoyo a adultos mayores, entonces una vez más la carga de cuidadores recae sobre las mujeres o familiares más directos.

En Costa Rica más del 50% de la población mayor de 60 años no cuenta con una pensión o fondo de retiro, esto genera una carga para las familias que deben hacerse cargo económicamente de sus necesidades, dijo el exsuperindentente de pensiones, Édgar Robles.

El RNC se le otorga a personas que demuestren estar en condición de pobreza. No obstante, en el país solo el 14% de los adultos mayores están incluidos en este régimen que administra la Caja Costarricense del Seguro Social.

De acuerdo con Robles el país sí tiene la capacidad de crear un régimen universal que respalde a los adultos mayores, pues actualmente el costo del RNC es cercano al 0,6% del PIB, pero estima que para un sistema de retiro universal costaría dos veces esa cifra, es decir 1,2% del PIB, una cifra que consideró no es tan elevada.

En términos de financiamiento Robles plantea dos rutas iniciales para la solución, pero asegura que es posible analizar otras opciones.

La primera son los recursos que pueden liberarse de las pensiones de lujo, de manera que los cargos al presupuesto público de estos fondos de retiro millonarios conforme pasan los años decrecerán porque las personas van a ir falleciendo y de ahí pueden ir surgiendo los recursos para ampliar el sistema de cobertura nacional.

Otra posible fuente de financiamiento es redireccionar el dinero del régimen solidario del IVM. Robles asegura que el 50% de las pensiones en este son subsidiadas por el IVM, pero en el momento en que se cree un régimen universal la Caja ya no tendría que pagar esas pensiones mínimas, sino que podrían convertir el método actual de la caja en un sistema de cuentas nacionales (basado en el sistema financiero de reparto y que, además, es de aportación definida) que es el modelo que tienen países como Suecia.

“El gobierno se haría cargo de la parte solidaria del IVM y por lo tanto no tendría que contribuir para la CCSS y ahí hay un ahorro importante, como el gobierno se hace cargo de las pensiones ya no va tener ese déficit. Por un lado logramos universalidad y le damos sostenibilidad al IVM”, expresó Robles.