La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un dictamen negativo unánime sobre el proyecto de ley 25.266, que pretende reformar el artículo 2 de la Ley Orgánica del ente emisor para incorporar el pleno empleo como meta prioritaria, al mismo nivel que el control de la inflación.
La propuesta fue presentada por la exdiputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, y otros cinco miembros del Plenario en octubre del año pasado.
Durante la sesión de la Junta Directiva del Banco Central celebrada el 2 de setiembre, esta argumentó que la política monetaria no es el instrumento adecuado para resolver deficiencias estructurales del mercado laboral o impulsar el crecimiento económico sostenido, tareas que requieren acciones precisas y focalizadas por parte del Estado.
El límite de la política monetaria
Para el Central, su principal contribución a la sociedad es mantener la estabilidad macroeconómica mediante una inflación baja y estable.
Este entorno protege el poder adquisitivo de las personas, genera las condiciones idóneas para que el sector privado y otras políticas públicas fomenten tanto la eficiencia como la generación de puestos de trabajo.
Además, se señaló un principio económico conocido como la regla de Tinbergen: para cada objetivo de política se necesita un instrumento distinto.
El proyecto de ley añadiría responsabilidades al Banco Central, pero sin nuevas herramientas, lo que obligaría a la institución a atender múltiples metas con los mecanismos actuales. Esto, según los directivos, generaría conflictos y restaría efectividad a la política económica.
La Junta también advirtió que aceptar objetivos que no están claramente delimitados, o para los cuales no se tiene capacidad de gestión, pondría en riesgo la independencia de la institución y dificultaría la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Acciones frente al ciclo económico
Pese a su oposición al proyecto, el Banco Central aclaró que no ignora el comportamiento de la producción y el empleo a la hora de tomar decisiones.
La legislación actual ya contempla como objetivo subsidiario promover un desarrollo ordenado de la economía para alcanzar la plena ocupación de los recursos.
En la práctica, la entidad afirma aplicar políticas contracíclicas; es decir, medidas de corto plazo para estimular la economía en momentos de desaceleración, siempre que no se comprometa el control de los precios.
Como evidencia, la institución recordó que entre marzo de 2023 y julio de 2026 aplicó una reducción de 600 puntos base a la Tasa de Política Monetaria (TPM) hasta dejarla en 3,00%.
También destacó otras medidas, como la reducción del encaje mínimo legal para operaciones en moneda nacional, que pasó de 15% a 12% en junio del 2019 con el fin de estimular el crédito al sector privado frente a una brecha negativa de producción.
Para los directivos de la entidad, el crecimiento a largo plazo depende de reformas estructurales enfocadas en mejorar la calidad de los factores de producción, la tecnología y el marco institucional, elementos que escapan del control de un banco central.
