Asegurar una casa frente a lluvias intensas, inundaciones o terremotos ya no responde solo a una decisión preventiva; también refleja cuánto riesgo está dispuesto a asumir el cliente y cuánto acepta la aseguradora.
En un país con alta exposición a eventos naturales, el costo de “blindarse” del clima no es uniforme, automático o garantizado. Las aseguradoras en Costa Rica no solo ajustan precios, también redefinen condiciones, coberturas y hasta la posibilidad misma de asegurar una propiedad o cultivo.
La ubicación, los materiales de construcción, la cercanía a ríos o pendientes, e incluso las prácticas agrícolas, pueden tener una influencia considerable en el acceso y costo de estas pólizas.
Hoy, el mercado asegurador revela una realidad emergente: asegurar en zonas vulnerables implica más que pagar una prima. En algunos casos exige aceptar deducibles mayores, limitar coberturas o invertir previamente en medidas de mitigación. En otros, simplemente no existe oferta.
Para detallar las condiciones de las pólizas de vivienda y agrícolas que hay en el mercado, El Financiero contactó con los departamentos de comunicación, mercadeo y servicio de asistencia al cliente de las aseguradoras registradas en la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
Al cierre de esta nota, únicamente cuatro se refirieron expresamente a la variabilidad de condiciones que puede tener la cobertura de estos productos según el nivel de riesgo: el Instituto Nacional de Seguros (INS), Mapfre Costa Rica, MNK Seguros y Seguros Lafise.
El riesgo puede definir hasta el acceso
El INS estima que asegurar una vivienda de ¢60 millones bajo su póliza Hogar Seguro 2000 cuesta cerca de ¢117.714 anuales más Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que equivale a unos ¢323 diarios. Para una vivienda de ¢65 millones con coberturas más amplias, el costo ronda los ¢134.752 anuales más el IVA.
Como punto de partida, las instituciones consultadas coinciden en que la prima responde a la probabilidad de pérdida y no existe una tarifa estándar para zonas vulnerables, sino un análisis caso por caso que puede derivar en tres escenarios: el ajuste de precio, condiciones más estrictas para hacer valer la póliza o el rechazo inmediato del aseguramiento.
Un ejemplo común es la cercanía a ríos, el mar o zonas con afectaciones regulares por tormentas. Desde Mapfre Costa Rica, Armando Sevilla, director comercial en el país, explicó que este factor funciona como un filtro inicial.
El análisis previo a cerrar el trato incluye revisiones del tipo de terreno, materiales de construcción, antigüedad y distancia a los cuerpos de agua; a mayor probabilidad de siniestro, mayor costo.
Una lógica similar aplica en el INS, donde no existe un ajuste automático por ubicación, según informó su oficina de comunicación. Es decir, la entidad realiza inspecciones técnicas para determinar el nivel de exposición que pueden terminar en una variación especial o no, sin que esté determinado de antemano.
Sin embargo, otras aseguradoras sí incorporan ajustes directos. En Seguros Lafise, su gerente general, Giovanny Mora, detalló que la prima se calcula directamente con base en la probabilidad de pérdida, con apoyo de herramientas de geolocalización.
“Asegurar una vivienda en zonas de alto riesgo (como costas o riberas de ríos) es un proceso técnico minucioso. Para las aseguradoras, estos lugares representan una alta probabilidad de siniestros catastróficos, por lo que las políticas de suscripción pueden variar respecto a una casa en una zona urbana”, comentó.
Por ejemplo, dos casas ubicadas a la misma distancia de un río pueden pagar primas distintas si una está elevada o cuenta con medidas de mitigación. La otra, incluso, podría quedar fuera del mercado.

Ricardo Retana, presidente de MNK Seguros, también plantea tres escenarios hipotéticos que explican cómo funciona su metodología para calcular la tarifa, basándose en el nivel de riesgo al que está expuesto el bien:
- Riesgo bajo: Cuenta con construcciones resistentes al fuego, no está ubicado cerca de cuerpos de agua (a menos de 100 metros), cumple con las normativas de construcción vigentes, como el código eléctrico. La tarifa aplicable puede oscilar entre el 0,15% y el 0,17%.
- Riesgo medio: Las construcciones no son tan resistentes al fuego, hay cuerpos de agua a menos de 75 metros y se cumple con las normativas de construcción vigentes, como el código eléctrico, o se tiene un cumplimiento parcial no grave. En este caso, la tarifa puede variar entre el 0,18% y el 0,20%.
- Riesgo alto: Se supera la cercanía de los dos anteriores o hay incumplimientos graves. Aquí se procede a revisar los términos y condiciones particulares para decidir si se asegura o no.
El ajuste no siempre se refleja únicamente en el precio mensual, sino que también aparece en la estructura de la póliza.
“Cuando se identifican riesgos ciertos o agravados, se pueden generar ajustes en el costo, en los deducibles o, en casos graves, una posible declinación del aseguramiento”, afirmó Retana.
En paralelo, los clientes de las aseguradoras pueden negociar condiciones más específicas, como aceptar deducibles más altos para reducir la prima, limitar coberturas específicas o excluir riesgos cuando el costo resulta inaccesible.
“Si se tiene conocimiento de que una inundación solo afectaría el primer piso, se puede pactar una suma asegurada menor para esa cobertura específica, lo que reduce el costo total”, comentó Mora sobre una de estas posibilidades en Lafise.
Seguros agrícolas
En el sector agrícola, la lógica anterior dirigida mayormente a viviendas se mantiene, pero con un matiz distinto: el costo no solo depende del riesgo, también de las decisiones del productor.
De las aseguradoras que brindaron respuesta, únicamente el INS ofrece un producto dirigido a atender al sector agrícola. Se trata del Seguro de Cosechas, cuyo precio se calcula según el tipo de cultivo y el monto asegurado por hectárea.
Para café, por ejemplo, una cobertura cercana a ¢2 millones por hectárea implica una prima aproximada de ¢82.806 anuales por hectárea. Sin embargo, este monto puede bajar si el productor implementa prácticas que reduzcan la exposición al clima.
La institución aplica descuentos por buenas prácticas agrícolas que ayuden a mitigar riesgos, como sistemas de riego, barreras rompevientos o variedades resistentes. Además, utiliza monitoreo satelital e inteligencia artificial para evaluar condiciones climáticas y productividad.
Este producto contempla cobertura tanto para pérdidas parciales como totales “siempre que estas se originen como consecuencia de fenómenos repentinos cubiertos por la póliza, tales como eventos climáticos adversos”.
En caso de presentarse un evento que afecte la cosecha, el asegurado deberá dar aviso a la institución para coordinar una inspección técnica donde se verifica el daño y determina el porcentaje de pérdida indemnizable, cuyo máximo depende del monto asegurado por hectárea, conforme a lo establecido en la póliza contratada.
El mercado asegurador muestra un cambio relevante: el acceso a protección frente a desastres naturales ya no depende únicamente de la capacidad de pago. Factores como la ubicación, la infraestructura y las medidas de mitigación pesan tanto como el presupuesto.
En zonas de alto riesgo, incluso quienes están dispuestos a pagar más pueden enfrentar límites, exclusiones o negativas. El resultado es un sistema que traslada parte de la responsabilidad al cliente, pues para reducir el costo, o simplemente acceder a una póliza, cada vez resulta más necesario invertir primero en prevenir estar cerca de un potencial daño.
