EscucharLos meses de noviembre y diciembre del 2025 marcaron un punto de inflexión en el escándalo del caso BCR SAFI, uno de los episodios más graves de presuntas irregularidades financieras en la historia reciente de Costa Rica.
El cierre del año trajo consigo allanamientos, órdenes millonarias de capitalización y revelaciones devastadoras sobre lo que la Fiscalía califica como un plan delictivo sistemático que habría dejado pérdidas superiores a los $92 millones.
La siguiente es una recapitulación de los hechos basada en parte en el expediente judicial de este caso, al cual tuvo acceso La Nación.
Noviembre: El rechazo judicial que estrecha el cerco
El 22 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo asestó un golpe a las pretensiones del Banco de Costa Rica al rechazar la medida cautelar que buscaba suspender la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de trasladar $70 millones al fondo inmobiliario afectado.
Esta decisión revirtió una cautelar provisionalísima que en septiembre había suspendido temporalmente las órdenes del regulador, dejando en firme la obligación del BCR de compensar a los inversionistas por la cuestionada compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
El tribunal determinó que la orden de Sugeval no genera un daño mayor al BCR, sino que busca evitar un perjuicio adicional a los inversionistas, priorizando así la protección de quienes confiaron sus recursos en los fondos administrados por la subsidiaria del banco estatal.
Días antes, el 3 de noviembre, los inversionistas habían denunciado públicamente el deterioro de propiedades administradas por BCR SAFI, sumando más presión sobre una situación que ya lucía insostenible.
Diciembre: Allanamientos y revelaciones escalofriantes
El 4 de diciembre a primera hora, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ejecutó una operación sin precedentes: 16 allanamientos simultáneos en oficinas, residencias y sedes del BCR.
Entre los lugares intervenidos figuraron las oficinas de BCR SAFI en Torre Cordillera de Rohrmoser, el edificio CTIC del BCR en Aranjuez, el departamento de Auditoría del banco y la residencia del exdiputado Humberto Vargas Corrales en Santo Domingo de Heredia.
El objetivo era secuestrar evidencia documental y electrónica relacionada con al menos nueve propiedades que la subsidiaria del BCR habría adquirido con sobreprecios a un grupo económico vinculado al exlegislador. El fiscal a cargo confirmó que la causa involucra a 14 imputados por los delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Los días siguientes trajeron revelaciones que pintaban un cuadro cada vez más sombrío. El 9 de diciembre se conoció que, según el expediente judicial, funcionarios de BCR SAFI, entre ellos Natalia Garro (exjefa de Proyectos), Juan Carlos Bolaños y Álvaro Camacho, discutían “por fuera” las compras de inmuebles al grupo de Vargas Corrales, creando un hermetismo que impedía la intervención de otros funcionarios.
El 10 de diciembre, se conoció que, según la Fiscalía, Álvaro Jiménez Villegas, abogado de BCR SAFI, habría emitido un informe con conclusiones falsas para avalar la compra del PEP, omitiendo deliberadamente el estado inconcluso del inmueble y la falta de idoneidad del fondo para adquirirlo. Ese mismo día trascendió el despido del exgerente de Finanzas de la subsidiaria, quien había alertado sobre las irregularidades.
Nueva orden millonaria de Sugeval
El 11 de diciembre, un jueves, la Superintendencia General de Valores endureció su posición con la resolución SGV-R-143-2025, ordenando al BCR aportar ₡19.260 millones adicionales (cerca de $38 millones) a BCR SAFI, a más tardar el 31 de marzo del 2026. Esta es la segunda orden de capitalización, sumándose a los ₡22.000 millones ordenados en julio del 2024.
El monto no es arbitrario: se basa en un estudio financiero aportado por el propio conglomerado BCR que estimó el “precio por cancelar al fondo” por el Parque Empresarial del Pacífico en $82,5 millones, suma que incluye el precio de compra, costos, inversiones y gastos asociados.
En su oficio, el superintendente Tomás Soley advirtió que, dependiendo del desenlace del caso, los montos eventualmente exigibles podrían volver inviable la operación de BCR SAFI, poniendo en riesgo no solo el fondo del PEP, sino la gestión de todos los fondos de inversión bajo su responsabilidad.
La conclusión de la Fiscalía: un patrón delictivo sistémico
El 13 de diciembre, la Fiscalía presentó sus conclusiones más contundentes: todos los negocios de BCR SAFI con el grupo del exdiputado Vargas estaban plagados de inconsistencias. El informe fiscal documentó un patrón reiterado en al menos nueve inmuebles: CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca, BC San Pablo, BC Ciudad Colón, BC Pavas y el Parque Empresarial del Pacífico.
Los números hablan por sí solos. El CE Guadalupe fue comprado por el grupo de Vargas en $1,3 millones y vendido a la SAFI en $12 millones. El BC Uruca 02 fue adquirido el 10 de agosto del 2018 por $6,6 millones y vendido apenas 39 días después, el 19 de septiembre, en $26,2 millones, generando una ganancia cercana a los $20 millones en poco más de un mes.
El caso más emblemático es el del Parque Empresarial del Pacífico: el grupo de Vargas Corrales lo compró en $16 millones y lo vendió a BCR SAFI en $70 millones en poco más de un año, pese a que el inmueble no estaba terminado y su valor real rondaba los $28 millones. Un sobreprecio de $54 millones en una sola transacción.
Un plan con distribución de roles
Según la orden de allanamiento, estos cuatro personajes —Humberto Vargas Corrales, su hijo Humberto Vargas Sotres, Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín— actuaron bajo un plan delictivo previamente establecido con una distribución clara de funciones, junto a otros imputados que en ese momento ocupaban puestos dentro de la SAFI.
Para concretar el esquema, se habría dado la participación de exfuncionarios del área administrativa de BCR SAFI como Marlon Sequeira Gamboa y Natalia Garro Acuña, quienes presentaron perfiles de proyectos al Comité de Inversión y a la Junta Directiva con información incorrecta o falsa, haciendo creer que se adquirirían inmuebles completamente finalizados con inquilinos de amplia trayectoria.
Los personeros del área de Ingeniería de la SAFI, Marco Carbajal Soto y Luis Carlos Gutiérrez Chavarría, presentaron informes de valoración basados en la observación del estado del inmueble, pese a que no existían edificaciones construidas en el sitio. Valoraron en $70 millones un inmueble que no existía, “sabiéndolo perfectamente porque habían estado personalmente en el inmueble”, detalla el documento fiscal.
Incluso peritos externos del Grupo Ingenio AIC —Javier Alberto Chinchilla Medina y Luis Fernando Arce Saborío— habrían incluido información falseada en sus informes de valoración, presentando espacios de predios inexistentes y estimando áreas protegidas no aprovechables en $19,9 millones contra apenas $1,7 millones que se otorgó a los predios realmente utilizables.
El impacto en los inversionistas
Aproximadamente 170 inversionistas han visto sus inversiones devastadas. Sus rendimientos pasaron de $15 trimestrales por acción a menos de $3, y acciones adquiridas por $1.200 ahora difícilmente alcanzarían los $150.
El BCR, por su parte, ha insistido en que fue la propia Junta Directiva de BCR SAFI la que presentó una denuncia ante las autoridades en agosto del 2024, tras recibir denuncias anónimas en 2021 y un informe de Auditoría Interna sobre la compra del PEP. El banco sostiene que ha colaborado plenamente con la investigación desde el inicio.
Un cierre de año que augura un 2026 decisivo
Los últimos dos meses del 2025 dejaron al descubierto un escándalo de proporciones históricas en el sistema financiero costarricense. Con 14 imputados, evidencia de un patrón sistemático de sobreprecio en al menos nueve propiedades, y pérdidas que superan los $92 millones, el caso BCR SAFI se perfila como una prueba de fuego para las instituciones de control y el sistema judicial.
La orden de Sugeval para que el BCR aporte un total de ₡41.260 millones, el rechazo del Tribunal Contencioso a las pretensiones del banco, y las contundentes conclusiones de la Fiscalía sobre un plan delictivo con distribución de roles marcan un giro en un caso que hasta hace unos meses parecía destinado a dilatarse indefinidamente.
Para los inversionistas afectados, el 2026 será el año en que se defina si finalmente se hace justicia o si este se convertirá en otro capítulo más de impunidad en Costa Rica.
