La agencia Standard & Poor’s mantuvo la calificación soberana de Costa Rica en B+, con perspectiva negativa, y actualizó sus proyecciones para la economía del país, incluyendo los efectos del COVID-19.

Costa Rica concluiría el año con una contracción de 1,5% en su Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit fiscal del 8% del PIB.

La contracción sería el reflejo del golpe que daría el nuevo coronavirus a la demanda interna, así como la caída en el turismo y las exportaciones de bienes por la contracción económica de Estados Unidos y el resto de socios comerciales, explica el comunicado emitido por S&P.

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Luego del bache del 2020, la producción nacional repuntaría en promedio cifras cercanas al 3% en los próximos tres años. Puntualmente, la agencia proyecta que Costa Rica crecería alrededor del 3,7% en 2021 y mantendría un dinamismo entorno al 3% en 2022 y 2023.

“Un rebote en el crecimiento de Estados Unidos al término del 2020 y en 2021 sostendría un giro en el ingreso por exportaciones costarricense y turismo”, cita el documento.

S&P analiza positivamente el comportamiento que tendrá la inversión extranjera directa en suelo nacional, con flujos constantes alrededor del 3,5% del PIB, principalmente en los segmentos de ciencias de la vida, tecnología digital y servicios.

Por su lado, el ensanchamiento del desbalance fiscal sería el resultado de la disminución en los ingresos del Gobierno, principalmente al postergar el cobro de algunos impuestos hasta junio del 2020.

Esa cifra fiscal disminuirá lentamente hacia el 6% en los siguientes dos años, a medida que la economía recupere la contracción del 2020.

“Una fuerte tradición democrática ha apoyado la próspera economía, pero el historial del país en el abordaje de la debilidad fiscal no es oportuno”, afirma S&P en su reporte.

La perspectiva negativa de una calificación de riesgo abre la puertas a una constante revisión por parte de la agencia para reducir la nota que recibe el país.

¿Qué impulsaría una baja en la calificación?

Si el Gobierno falla en demostrar que es más concertada, coherente y oportuna el compromiso para revertir el deterioro fiscal proyectado, existe la posibilidad de que en los próximos 12 meses la perspectiva negativa pueda terminar en una baja en la calificación.

El comunicado de S&P aclara que si persisten las señales de debilidad fiscal o la falta de voluntad por parte de los líderes políticos para implementar medidas correctivas que permitan sanear las finanzas estatales se podría reducir la calificación.

Por el contrario, la revisión de las perspectiva a estable llegaría si en el mismo periodo el país logra reducir el déficit lo suficiente como para estabilizar la carga de la deuda, contener el gasto por intereses y tener una gestión de deuda que reduzca la exposición a movimientos en tasas de interés y tipo de cambio.

Es decir, el Gobierno debe reducir aun más la tasa variable de su perfil de deuda, así como la posición de bonos en dólares.