EscucharLos bonos de deuda política pueden ser de gran valor tanto para el partido como para el financista; sin embargo, su liquidación depende de los resultados electorales, por lo cual existen grandes riesgos alrededor de este mecanismo.
Al iniciar la campaña electoral, los partidos políticos hacen todos los esfuerzos posibles para que su ideología persuada al electorado y este se decida a darles el apoyo. Para alcanzar la mayor cantidad de población, requieren de recursos con el fin de movilizarse, repartir artículos alusivos a la agrupación y colocar anuncios publicitarios. Usted, como ciudadano, puede comprar bonos de deuda política para financiar esas campañas y, dependiendo de los resultados electorales, incluso tener un alto retorno de inversión.
Por ejemplo, una diputada oficialista obtuvo más de ₡5 millones en ganancias por financiar a la organización política que la llevó a la curul en las elecciones del 2022. Se trata de Pilar Cisneros Gallo, quien financió al Partido Progreso Social Democrático por medio de certificados con valor de ₡13 millones. Los adquirió con un descuento del 40%, por lo cual solo pagó ₡7 millones, aproximadamente. Como los resultados electorales fueron favorables para su partido, logró tener un retorno mayor a los ₡5 millones.
Sin embargo, así como ganadores, también existen perdedores, quienes han visto esfumarse toda la inversión realizada en estos instrumentos.
De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el certificado de cesión –conocido popularmente como bono de deuda política– es un mecanismo de financiamiento con recursos privados, el cual permite a las agrupaciones políticas ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.
Estos certificados solo pueden ser comprados por ciudadanos costarricenses o naturalizados, medios de comunicación y bancos. El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. Una vez pasada la elección, el TSE confirma cuál partido tiene derecho a la deuda y a qué monto, según el reporte de gastos. Los tenedores de los certificados que tengan derecho a esa deuda los liquidan ante la Tesorería Nacional.
Normalmente, las agrupaciones políticas brindan un descuento del 15% por la compra del bono, por lo que, en caso de obtener los votos requeridos, la ganancia para el financista sería de ese mismo porcentaje. Ese es el monto máximo reconocido por el Estado según el Reglamento sobre Financiamiento de los Partidos Políticos. No obstante, los partidos políticos pueden ofrecer los bonos con un descuento mayor, pero son ellos quienes deben asumir el costo adicional. El retorno es mayor, pero el riesgo también.
Por norma general, si un bono tiene un valor nominal de ₡1.000.000 y se aplica el descuento estándar del 15%, el inversionista paga ₡850.000. De cumplirse la meta electoral, el Estado paga el valor total del certificado (₡1.000.000), generando una ganancia de ₡150.000 para el tenedor.
Sin embargo, ante la urgencia de recursos, un partido puede ofrecer descuentos más agresivos, por ejemplo, vendiendo ese mismo título en ₡600.000. Para el inversionista la operación es simple: paga ₡600.000 y cobra el millón completo al final, elevando significativamente su rentabilidad. En este caso, la agrupación política asume el costo financiero de la operación: sacrifica una porción mayor de su futura deuda política a cambio de liquidez inmediata, recibiendo menos efectivo hoy por un título que el Estado pagará a precio completo mañana.
En este caso, el partido deberá encargarse de pagar el descuento, que corresponde a ₡250.000. Ese monto no lo recibirá por parte del Estado por concepto de deuda política, por lo que deben utilizar otros fondos para asumirlo por cuenta propia: como el dinero obtenido por parte de donaciones de ciudadanos costarricenses, por ejemplo.
Adicionalmente, los bonos tienen diferente serie: A, B, C, D y posteriores. Los certificados de serie A se cancelan primero que los de la serie B, lo cual implica que tiene más posibilidades de ser canjeados.
A ese monto también se le debe sumar un interés que obtienen los bonos que corresponde a la tasa básica pasiva más el 1%, según establece el artículo 109 del Código Electoral. Hoy ese interés equivaldría al 4,76% y lo pagaría el Estado, en caso de que se cumplan los requisitos para que el tenedor de bonos pueda reclamar la deuda política. Son inembargables y están exentos de impuestos.
Alto riesgo
El TSE ha señalado que la compra de certificados de cesión no constituye un derecho puro y simple, sino que es uno eventual. La devolución de los fondos y sus respectivas ganancias depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido.
Ese derecho eventual solo se consolida si la agrupación política obtiene los votos suficientes: deben llegar, como mínimo, al 4% de los votos nacionales o locales (si se trata de un partido provincial) o lograr la elección de al menos un diputado, según lo establece la Constitución Política en su artículo 96.
Por ello se considera que los certificados poseen un carácter especulativo; su valor se encuentra sujeto a una condición futura e incierta: los resultados en las elecciones.
Adriana Rodríguez, gerente general del grupo financiero Acobo, señala que, al invertir en bonos, el nivel de incertidumbre respecto al pago final es bastante alto. La ganancia puede consolidarse, pero depende de distintas variables y siempre existe la posibilidad de eventos que alteren el escenario final.
“Los aspectos favorables son el rendimiento atractivo y de corto plazo, donde el emisor final es el Estado. Sin embargo, en la lista de negativos se encuentra el alto nivel de incertidumbre del pago final, el cual no está garantizado, la iliquidez, incertidumbre respecto a la fecha del pago final y posibles atrasos significativos, el riesgo político, legal y reputacional y la exposición completa a la actuación del partido”, resaltó la economista.
Además, aunque el partido tenga los votos suficientes, el monto que se entregará depende de otros factores. El TSE analizará el porcentaje de votos obtenidos en la elección y distribuirá con esa referencia la totalidad de la deuda política ya presupuestada.
Como referencia, en 2022 se tenían ₡19.790 millones de deuda política para las elecciones nacionales. Solo se repartieron ₡13.378 millones (68%) porque solo seis partidos políticos nacionales y dos provinciales cumplieron con los requisitos y obtuvieron los votos suficientes para obtener ese dinero. Un 32% no fue reclamado (₡6.412 millones). Eso se traduce en que 19 de los 25 partidos que participaron a escala nacional no pudieron acceder a estos fondos; y nueve de los 11 que estuvieron a escala provincial tampoco vieron ni un colón de la deuda política.
Esto implicó que las personas que compraron bonos de deuda con esas agrupaciones que no obtuvieron dinero de vuelta, tuvieron una pérdida total.
Rodríguez recomienda tomar en cuenta diversos aspectos antes de valorar la adquisición de un certificado de cesión.
“Las variables más importantes son: las probabilidades electorales del partido de acuerdo al señoreaje (ganancia) del bono que se está adquiriendo, el nivel de endeudamiento del partido a la luz de sus posibles resultados electorales, la capacidad administrativa en todo aspecto del partido político y el descuento con que se está adquiriendo el bono”, comentó la representante de Acobo.
Además, la valoración de ventajas y desventajas ante la compra de certificados de cesión depende del incentivo del inversionista al realizar la compra: “hay compradores de deuda política que lo hacen por su afinidad partidaria, mientras que otros lo hacen solamente por el retorno financiero”, añadió Rodríguez.
“Hay compradores de deuda política que lo hacen por su afinidad partidaria, mientras que otros lo hacen solamente por el retorno financiero”
Grandes deudas
A raíz de esos cálculos imprecisos o diversas circunstancias relacionadas con la administración de cada agrupación política, muchos partidos han adquirido deudas millonarias que los han llevado a no tener presencia en futuras elecciones nacionales.
En los comicios del 2022, el Partido Republicano Socialcristiano tuvo gastos de campaña que superaron los ₡210 millones. Emitieron bonos por más de ₡14 millones que fueron adquiridos por distintas personas que no recuperaron su dinero porque el partido no logró diputaciones ni al menos el 4% de los votos nacionales.
Según lo reportado al TSE por parte de la agrupación política, dos financistas concentraron el 94% de la tenencia de bonos: Javier Quirós Ramos, que compró certificados por un valor mayor a los ₡8 millones, y Carlos Araya Guillén que obtuvo bonos con un monto superior a los ₡5 millones.
Para las elecciones de 2026, el Republicano Socialcristiano no presentó ninguna candidatura, pese a tener el requisito de renovación de estructuras.
El Movimiento Libertario, partido que tuvo su mejor resultado electoral en 2010 cuando ganó nueve escaños en la Asamblea Legislativa, no se inscribió para los comicios de este 2026. En 2018, su tesorero en ese entonces, Carlos Herrera, recomendó la anulación de la inscripción de la agrupación política por las grandes deudas que arrastraban desde la campaña del 2014, que para ese año sumaban más de ₡400 millones. En ese momento, debían ₡155 millones al Banco Promerica (por la campaña del 2018) y ₡120 millones al Banco Lafise (por la campaña del 2014).
En el 2022 fueron el partido menos votado de los 25 participantes. En el 2018, habían tenido autorización para emitir certificados hasta por ₡2.250 millones, pero no obtuvieron ni un diputado ni el 4% de los votos válidos emitidos.
Cada agrupación política maneja su administración de fondos de manera distinta, pero, al ser un derecho eventual, la legislación vigente no obliga a ninguna organización a pagarle a tenedores de bonos cuando no se logran los resultados electorales para cobrar la deuda política. Es decir, no es imperativo que realicen una gestión de cobro con los financistas en caso de que no tengan acceso a la deuda política.
Mecanismo de financiamiento cuestionado
El Programa Estado de la Nación, en su informe de 2024, advirtió que la necesidad de los partidos de destacarse durante la campaña electoral les puede hacer susceptibles a aceptar capitales comprometidos.
El TSE ha señalado en múltiples ocasiones que este instrumento de financiamiento permite a sujetos privados tener altas sumas de dinero estatal y así someter a los partidos a posibles presiones e influir en las decisiones de la agrupación política.
El organismo electoral ha impulsado varias reformas en la Asamblea Legislativa para cambiar este sistema por uno donde la contribución estatal llegue cuando la necesiten al momento de la campaña y no después por medio de la deuda política, quedando a expensas de financistas privados.
A pesar de ello, son los mismos partidos que conforman el órgano legislativo los que han decidido no seguir adelante con estos proyectos.
Para este periodo electoral, el TSE tiene destinados ₡39.000 millones por concepto de deuda política que pueden ser reclamados por los partidos que cumplan con los requisitos después de las elecciones.
Cada cuatro años se encienden los fuegos electorales y las personas buscan apoyar a su opción favorita para ocupar las sillas de Zapote y Cuesta de Moras. Ya sea por obtener un retorno alto de inversión o simplemente por ayudar al partido político con el que simpatizan, los ciudadanos siguen recurriendo a este mecanismo para que las agrupaciones políticas puedan utilizar recursos en búsqueda de ganar las elecciones.
El riesgo es alto, es un todo o nada. Han quedado en evidencia muchos casos donde el dinero se esfumó porque los votos no alcanzaron, así como otros donde la ganancia es notable gracias a los resultados en las urnas. Tal y como mencionó Pilar Cisneros en el 2023 tras ganar más de ₡5 millones con los bonos de deuda política: “cuando uno invierte en política se arriesga a ganar y a perder”.
